Nicolás Maduro deberá comparecer ante el juez federal en Nueva York el próximo 30 de junio en el marco del caso que lo involucra junto a su esposa, Cilia Flores.
La audiencia se ha convocado tras una serie de movimientos legales relacionados con acusaciones de corrupción y violación de sanciones económicas.
Este paso marca un hito en el proceso judicial internacional contra el exmandatario venezolano, quien fue destituido de su cargo en 2019.
La presencia de Maduro en la corte podría tener implicaciones políticas y legales significativas en el ámbito global.
Hace unas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (Ofac) accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Gobierno pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, lo que allanó el camino para que la defensa retirara sus intentos de retirar la acusación.
La modificación de las sanciones por parte de la OFAC permite a Venezuela pagar a sus abogados, lo que facilita la defensa legal de figuras clave como Maduro y Flores.
Este ajuste sugiere una flexibilidad en las políticas de EE.UU. hacia Venezuela, posiblemente para promover el cumplimiento judicial y estabilidad en procesos legales.
Aunque no implica un levantamiento general de sanciones, este paso podría ser parte de un esfuerzo más amplio para normalizar relaciones, especialmente tras avances en la apertura económica y el envío de petróleo a EE.UU.
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