Caracas, 14 de mayo de 2026. Un grupo de ciudadanos, expertos y profesionales venezolanos interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad, junto con una solicitud de suspensión inmediata de efectos, contra la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH 2026), publicada el 29 de enero de 2026.
La acción fue presentada por Andrés Ramón Giussepe Avalo, María Alejandra Díaz Marín, Gustavo Márquez, Carlos Mendoza Potella, Oscar Feo, Andrés Antillano, Eduardo Sanchez y José Luis Ibrahím Esté, entre otros ciudadanos, asistidos por los abogados Ronny Rafael Reyes Acuña y Yul Jabour, en defensa de la soberanía nacional, el patrimonio público y la supremacía constitucional.
Los accionantes denuncian que la reforma incurre en un vicio constitucional insubsanable al haber sido sancionada, promulgada y publicada el mismo día, omitiendo el control previo de organicidad previsto en el artículo 203 de la Constitución, lo que —afirman— constituye un fraude procesal que acarrea la nulidad absoluta de la ley.
La demanda sostiene además que la LOH 2026 vulnera principios esenciales de la Constitución al flexibilizar la reserva petrolera, transferir control operativo a intereses privados y transnacionales, permitir arbitrajes internacionales, debilitar el control parlamentario sobre contratos estratégicos y reducir sustancialmente regalías e impuestos petroleros.
Según el recurso, estas medidas comprometen la soberanía económica, disminuyen los ingresos públicos y afectan la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales fundamentales.
Los recurrentes solicitan al TSJ la nulidad absoluta de la ley, la suspensión inmediata de sus efectos y de los contratos derivados de ella, así como el restablecimiento del régimen jurídico y fiscal previo.
Finalmente, manifestaron su decisión de acudir a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para la defensa de la Constitución, la soberanía y los recursos estratégicos de la República.