Desde hace más de nueve meses, la empresa Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) viene arrastrando el cobro de supuestas deudas en servicios públicos cuya justificación lógica es inexistente. El caso más alarmante ocurre en el estado Portuguesa, específicamente en el urbanismo Villas del Pilar de la ciudad de Araure. Allí, la comunidad se hace una pregunta elemental: si la hidrológica Estatal ya cobra una tarifa por el mantenimiento y suministro del agua, ¿cómo se explica que Corpoelec pretenda facturar a los vecinos la exorbitante cifra de Bs. 974.911,66 por el consumo de energía de uno uno de los pozo de agua comunitario? A parte de otro pozo que surte otro sector y que cuyo monto es de Bs. 847.082,60
Para nadie es un secreto que las empresas del Estado operan con números rojos. Sin embargo, más allá de cualquier campaña de recaudación, lo que debe imperar es la regularización institucional de la morosidad mediante la instalación masiva de medidores. Lo justo, lo equilibrado y lo legal es que cada usuario cancele exactamente lo que consume.
Lamentablemente, la opacidad con la que se está manejando esta situación levanta serias sospechas de que algo marcha mal. Los consejos comunales del sector han comenzado a exhortar a los habitantes exigiendo una cuota extra de Bs. 1.800,00 por hogar. Se trata de un monto elevado, impuesto de manera unilateral y sin ningún tipo de aprobación en asamblea ciudadana. Pareciera la tasa fija de un monarca de tiempos idos, donde los súbditos están obligados a pagar a ciegas, ignorando la precaria realidad económica de cada familia y prescindiendo por completo del respaldo popular.
Ante este escenario, se hace imperativo que el Presidente de Corpoelec, Ing. José Luis Betancourt, ordene instrucciones precisas a la Gerencia Territorial del estado Portuguesa para abrir un canal de diálogo transparente. Es urgente determinar el origen real de este saldo pendiente, puesto que, hasta la fecha, la comunidad no ha recibido una factura formal, sino una simple notificación que carece de sello institucional y de firma responsable.
La opacidad aumenta cuando voceros comunitarios aseguran haber recibido «una llamada desde Caracas» para alertar sobre la morosidad de los pozos, pero nadie aclara la identidad del funcionario ni quién asume la responsabilidad jurídica del cobro. Corpoelec no puede manejarse a través de montos globales y llamadas telefónicas anónimas; la empresa está obligada por ley a emitir una facturación legal y detallada. Esto es un asunto de estricta legalidad que usted, Ingeniero Betancourt, debe ordenar aclarar.
Otro punto crítico que raya en la flagrante injusticia —y que hasta el momento nadie ha tenido la decencia de explicar— es por qué a un urbanismo de interés social se le aplica una tarifa comercial para la operación de un pozo de agua. Este sistema no solo abastece a cientos de familias, sino también a instituciones neurálgicas de la zona como un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), una escuela y un Centro de Rehabilitación.
Sería un grave error político y social que, bajo el argumento de esta dudosa deuda, se pretendiera repetir la arbitrariedad del año pasado, cuando cuadrillas de la empresa retiraron los cortacorrientes (tabacos) dejando a la población sin el líquido vital.
En la compleja realidad socioeconómica que vive el país, el entendimiento y la sindéresis deben prevalecer. No es aceptable que, de la noche a la mañana, se asedie al pueblo con exigencias financieras de tal magnitud sin un proceso previo de auditoría y concertación con las partes involucradas.
Frente al severo deterioro del poder adquisitivo del venezolano, imponer una cuota extra de esta naturaleza es un golpe directo al estómago del ciudadano de a pie.
Con la expectativa de que su equipo de prensa capte la gravedad de esta denuncia, la comunidad de Villas del Pilar exige una respuesta inmediata. Se requiere, con carácter de urgencia, la convocatoria a una asamblea pública con el Gerente Territorial de Corpoelec en Portuguesa, Ing. Danny Briceño, para disipar las dudas, exhibir los estados de cuenta reales y concertar el mecanismo más idóneo para resolver este conflicto. No se puede seguir gobernando desde la opacidad institucional porque, como bien dicta el refranero popular: “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”.
Gracias mil gracias .
Prof. Edward Rodríguez
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Araure Edo. Portuguesa