El coordinador de Organización Nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, exigió el fin de la judicialización de los partidos políticos en Venezuela, argumentando que esta práctica atenta contra la democracia y la libertad de organización.
Rechaza la intervención del poder judicial en asuntos partidistas, subrayando que la legalidad de los partidos debe resolverse por vías constitucionales, no penales.
Su llamado incluye la devolución de las tarjetas partidarias y la legalización de Vente Venezuela, cuestionando el miedo que impide la normalidad política.
La judicialización de los partidos políticos en Venezuela tiene consecuencias profundas para la democracia:
1. Desigualdad en la competencia electoral
Cuando el Estado interviene judicialmente para inhabilitar partidos o desconocer sus directivas legítimas, se rompe el principio de igualdad de condiciones. Algunas organizaciones políticas pueden participar libremente mientras otras son excluidas por decisiones administrativas o judiciales.
2. Concentración del poder
La capacidad de decidir qué partidos existen legalmente termina concentrada en el poder ejecutivo a través de jueces afines. Esto vacía de contenido la separación de poderes y convierte al sistema judicial en un brazo político.
3. Desmovilización ciudadana
Si los ciudadanos ven que su instrumento de participación política puede ser eliminado por decreto judicial, se genera desconfianza y apatía. La gente deja de militar, votar o involucrarse, lo que debilita el tejido democrático.
4. Ilegitimidad del sistema
Gobiernos que surgen de procesos donde se excluyeron partidos o candidatos por vías judiciales enfrentan una crisis de legitimidad. Una parte significativa de la población no reconoce los resultados como válidos.
5. Polarización extrema
Al cerrarse los canales institucionales de participación, la oposición política tiende a radicalizarse y buscar vías no institucionales, profundizando la fractura social y política.
En síntesis, la judicialización no solo afecta a los partidos señalados, sino que erosiona la credibilidad del sistema electoral, desincentiva la participación y consolida un modelo donde las reglas cambian según la conveniencia del oficialismo.
Para Alviarez, una verdadera democracia requiere justicia independiente y la protección del derecho a la participación política.
En desarrollo…
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