“Al final,
no son los años
los que cuentan en tu vida,
es la vida en tus años”.
Abraham Lincoln
Cuando me pregunto qué es un preso político, en cualquier latitud, pero, especialmente en Venezuela, se refiere a una persona que ha sido detenida o encarcelada por razones políticas. Generalmente por su oposición al régimen de turno. Suelen ser activistas, líderes de partidos de oposición, periodistas, estudiantes o cualquier persona percibida como una amenaza para el sistema en el poder, incluyendo a amas de casa, y las detenciones de estos ciudadanos a menudo se justifica mediante acusaciones de conspiración, incitación a la violencia o delitos relacionados con traición a la patria, la mayor de las veces con evidencias insuficientes o manipuladas. Dirían en llano adentro, puros cuento de camino. Las organizaciones de derechos humanos y grupos internacionales han denunciado las condiciones inadecuadas de encarcelamiento, la falta de un debido proceso y la tortura o el trato cruel que sufren estos presos.
De tal manera, que la designación de “preso político” implica que su encarcelamiento es producto del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y la participación en actividades políticas, las cuales pasan a ser criminalizadas, a fin de dar lugar a encausamientos penales viciados de nulidad absoluta. En el contexto venezolano, muchos observadores consideran que el uso de la prisión política es parte de una estrategia más amplia de control social y represión del disenso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considera un patrón con raíces en una política de Estado represiva, que se vale de la instrumentalización de sistema de administración de justicia para mantener a esas personas tras las rejas, a pan y agua en el mejor de los casos.
Hay presos políticos que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el régimen, con mayor razón cuando no han podido doblegar su moral. Abundan ejemplos, centenares que pudieran nombrarse. Hoy me referiré a una mujer a quien hicieron presa política por tomar una decisión en un caso judicial, en virtud de su condición de Juez de la República, ajustada a derecho y en atención a una resolución de un organismo internacional que hacía imperativa la libertad del procesado. Hablo de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien el día lunes 08 de junio estuvo de cumpleaños, muchos de sus allegados le cantaron el cumpleaños venezolano, “hay que noche tan preciosa”, pero la realidad es otra, porque aún hoy día ella sigue siendo una presa política del régimen. Recordemos que ella fue privada de libertad en diciembre de 2009, tras haber dictado una medida de libertad al empresario Eligio Cedeño. Coloquialmente hablando, tan pronto hizo efectiva su decisión, le pusieron los ganchos. La decisión de Afiuni fue considerada por el gobierno de Hugo Chávez como una acción en contra de la justicia, en consecuencia, tras una condena pública proferida por el difunto eterno, el año 2011 fue sentenciada a 5 años de prisión. Condena que ha tenido diversas complicaciones legales y ha sido objeto de una profunda controversia tanto a nivel nacional como internacional, entre otras cosas, porque la ex jueza fue objeto de un proceso que se caracterizó por la falta de garantías procesales y por el uso del sistema judicial como un instrumento de persecución política. Adicionalmente, durante su reclusión, Afiuni denunció condiciones inhumanas y violentas, extremas, a las que fue sometida, incluyendo violencia física y psicológica.
Pero esa condena, cual ironía de la vida para el régimen, ha servido para poner de relieve la crisis de derechos humanos en el país, ilustrando cómo se erosiona la autonomía de los operadores de justicia, llámense jueces o fiscales, a la vez, ha sido una alerta “roja” sobre el uso del poder judicial con fines políticos, dejando claro que hacer de Afiuni reo de justicia fue una medida ejemplarizante para profundizar la utilización del sistema judicial como un mecanismo de represión. Su caso no solo simboliza las amenazas a la independencia judicial, sino que también es un reflejo de un sistema que favorece la impunidad y la persecución política. La falta de un debido proceso y las violaciones de derechos humanos en su contra son indicativas de una crisis más amplia que afecta a numerosas personas en el país, en el marco de un interinato que de ninguna manera se ha esforzado en poner coto a tan deleznables acciones en contra de la dignidad humana.
No en balde, el caso de Afiuni ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de diversas ONG, que han exigido la liberación definitiva de la jueza, porque ya cumplió su condena y no la dejan en libertad plena. Al punto que lleva 16 años privada de libertad, más de década y media, sin una razón lógica para ello, con inexistencia absoluta de fundamentos legales que sostengan tan desmesurada medida de coerción. Recordemos, quien está privado de libertad y recibe una medida de casa por cárcel, dicho de modo coloquial, simplemente cambia el sitio de reclusión sin que se alteré su condición de privado de libertad, de preso. Así se encuentra la Juez Afiuni, gracias a un sistema de administración de justicia convertido en una extensión del poder político.
Este tipo de represalias tiene como objetivo crear un estado de miedo e inhibir a otros jueces de actuar de forma independiente. La condición de Afiuni es un testimonio de cómo el trato a los jueces puede influir en su capacidad para ejercer su labor de manera imparcial, algo que confesó el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, en una entrevista con Verioska Velasco: “Son los casos que están pendientes, que es lo que se va a hacer. O sea, se daban las directrices de acuerdo al panorama político…” Cómo la ven mis apreciados lectores…
Así como me expreso por la libertad de la ex jueza María Lourdes Afiuni, también lo hago por la libertad de los hermanos Rolando, Otoniel Guevara y Juan Guevara, ex funcionarios policiales considerados los presos políticos más antiguos del país. Se demostró su inocencia, sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura, por una simple razón, son inocentes del crimen que se le imputó. Así lo demostrò la Sentencia de la Corte IDH, instancia que dictaminó que el Estado venezolano violó sus derechos fundamentales, fue responsable de desapariciones forzadas y torturas, y ordenó su liberación inmediata, la cual el gobierno de Delcy no ha ejecutado. El caso de Afiuni, de los Guevara, debe servir como faro para resaltar la importancia de un sistema judicial libre y justo, fundamental para cualquier democracia que aspire a respetar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. ¡Feliz cumpleaños Afiuni, la presa del régimen…
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