El nombramiento del ingeniero Jorge Gonzáles como gerente territorial de Hidroven – Lara, ha generado críticas por la percepción de impunidad hacia exfuncionarios con responsabilidades administrativas. Este caso resalta preocupaciones sobre la gestión pública y la transparencia en organismos clave, especialmente tras denuncias de mal manejo y corrupción en la hidrológica regional.
Sr. alcalde Yanys Agüero, abogado y militante del PSUV, usted muestra vía redes sociales una reunión con el ing. Jorge Gonzáles, responsable de Hidroven Lara, para articular acciones en un marco interinstitucional, que tiendan a dar soluciones a la problemática hídrica en el estado. González, quien ya fue objeto de sanciones por parte de la Contraloría General del Estado y de la República, debido a irregularidades en el manejo de recursos, vuelve hoy al poder con una misión crítica: el traspaso de la organización al poder central.
Este encuentro, resalta las críticas, que se centran en la percepción de impunidad hacia exfuncionarios con responsabilidades administrativas, especialmente si estuvieron vinculados a contrataciones o proyectos con irregularidades. La gestión de servicios públicos es prioritaria, la transparencia en estas alianzas requiere mayor rendición de cuentas para evitar sospechas de corrupción o favoritismo. La imagen pública del alcalde podría verse afectada si no se demuestra una gestión ética y auditable.
A propósito de esta relación, le hago llegar el informe #11, emanado por la contraloría larense, donde se refleja la actuación de Gonzáles al frente de Hidrolara, años 2000/2004, donde aparece junto al equipo gerencial, que lo acompañaron de muchas irregularidades administrativas, siendo una de ellas: evasión de procesos licitatorios y concierto con contratistas, actos de corrupción consagrados en la Ley contra la Corrupción, artículos 58 y 70; aquí anexados y lamentablemente no fue sancionado por la contraloría, ni esta remitió ese informe, que estaba obligado por la Ley, a enviar estas indebidas actuaciones a la Fiscalía, para que esta ejerciese la potestad de investigación penal y procediese a la debida imputación penal. En definitiva, la reincorporación de Jorge Gonzáles a la directiva de Hidrolara representa un insulto a la ética pública.
Lamentablemente privó la impunidad, que sigue siendo uso y costumbre, puesto en práctica por el socialismo del siglo XXI, luego el propio gobernador Reyes Reyes, que tarde o temprano tendrá, que ser investigado por las múltiples irregularidades en sus 8 años de gestión 2000/2008, que reflejan múltiples actuaciones de sus funcionarios por el designado para cumplir responsabilidades administrativas en el tren ejecutivo regional larense.
luego apadrinado por Reyes Reyes, asume las riendas del proyecto Yacambú, que con un avance del 90 % y una inversión de 370 millones de $, realizada por gobiernos democráticos de AD y Copei, administró más de 900 millones de $, aprobados por gestiones de Chávez y Maduro, y que lamentablemente estos recursos tomaron la vía del acueducto de la corrupción rojita.
El ejemplo es la compra de la geomembrana y se paralizó el proyecto en fase definitiva, posteriormente este corrupto fracasó y siguió con sus conductas corruptas; en este caso asumiendo con el padrinazgo Reyista, la gerencia de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas (ENMOHCA), encargada del mantenimiento y obras hidráulicas en la región noroccidental.
Igualmente, la corrupción jugó garrote, recordamos la laguna de oxidación, iniciada su construcción en el sector El Taque, parroquia José Gregorio Bastidas/Palavecino/Edo. Lara, y el 8 de diciembre 2016, la Asamblea Nacional, luego de aperturar una investigación de contraloría política, acordó aprobarle sanción de responsabilidad política por el caso Yacambú – Quíbor, extendida al exgobernador y Pdte. de Corpolara, Luis Reyes Reyes, que según lo establece el art. 222 de la Constitución, una vez aprobada esta sanción, tendrían que remitirla y hacer del conocimiento a la Contraloría General y Fiscalía de la Republica, para las respectivas sanciones administrativas, a estos funcionarios como multas e inhabilitación, para ejercer cargos públicos y la fiscalía tenía, que ejercer la potestad de investigación penal, a través del acto de imputación ante un tribunal competente, estas mismas acciones tenían que haberse canalizado en diciembre 2013, cuando Henry Falcón fue sancionado con responsabilidad política, por 5 delitos de corrupción; siendo Diosdado Cabello, Pdte. de la AN en ese entonces; que en resumidas una vez lleguemos a la fase 3, descritas por el tutelaje americano [Trump & Rubio], y se convoquen elecciones, que permitan recobrar la institucionalidad secuestrada por ser los delitos de corrupción imprescriptibles, estos 2 exgobernadores larenses y Jorge González y su pandilla tendrán que rendir cuentas?
El ingeniero Rubén Morales es un reconocido profesional y activista político en Venezuela, destacado por su rol como presidente del Frente Anticorrupción en el estado Lara. Se ha posicionado críticamente contra prácticas electorales desleales, como el ventajismo y el uso indebido de recursos públicos. Su intervención también aborda temas de soberanía nacional, cuestionando influencias extranjeras en asuntos internos del país. Su trayectoria combina compromiso técnico con una postura activa en la defensa de la transparencia y la justicia política.