A 10 días de los potentes sismos del 24 de junio de 2026 (magnitudes 7.2 y 7.5), la gestión del régimen ha sido fuertemente cuestionada.
Sobrevivientes y rescatistas han denunciado inacción inicial, obstáculos en el acceso de ayuda internacional y una crisis humanitaria que ha costado la vida de al menos 2.595 personas.
La cifra de fallecidos sube por día, mientras cientos de personas permanecen bajo los escombros y la ayuda internacional no da abasto. La catástrofe ha dejado cifras devastadoras, evidenciando una capacidad de respuesta superada por la emergencia.
Cerca de 900 edificios resultaron gravemente dañados o colapsados, con el Estado La Guaira convertido en epicentro del desastre.
La respuesta del gobierno ha estado marcada por la polémica, la militarización de las zonas afectadas y roces políticos.
Las protestas ciudadanas, no se han hecho esperar, ya que durante las visitas oficiales, residentes de sectores afectados y familiares abuchearon a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acusando al gobierno de «politizar la tragedia» y exigiendo que no se detuvieran las labores de rescate con maquinaria.
Funcionarios de alto rango, incluido el ministro de Interior Diosdado Cabello, fueron señalados de obstruir el paso de rescatistas internacionales (como los «Topos») e incluso de frenar la remoción de escombros en ciertas zonas.
La prensa y organizaciones han recogido testimonios que señalan un abandono durante las primeras 72 horas, con escasa presencia de funcionarios en las labores de desescombro, dejando a la población civil como protagonista del rescate preliminar.
La percepción pública sobre la gestión gubernamental ha tocado mínimos históricos, profundizando la desconfianza institucional.
Según una encuesta de AtlasIntel, la desaprobación de Delcy Rodríguez escaló al 63,3% tras el manejo de la emergencia y cerca del 45,7% de los consultados considera que es más urgente un cambio político para el país que la priorización de la reconstrucción inmediata.
En definitiva, las autoridades han priorizado el discurso político sobre la acción concreta, lo que ha profundizado la desconfianza ciudadana. La crítica no solo proviene de sectores opositores, sino también de actores internacionales y organismos de derechos humanos.
El colapso logístico y la censura informativa han agravado el sufrimiento de las comunidades afectadas; y lo que se requiere es una transición hacia un gobierno más transparente y eficiente, para garantizar una recuperación real de Venezuela y su gente.
Vía The EL News