“Ninguna fórmula política puede estar por encima de la Constitución”: el llamado del Laboratorio de Paz a seis meses de la Presidencia interina en Venezuela
La usurpación de funciones y la ruptura del orden constitucional representan el principal obstáculo para la recuperación de Venezuela. Esto genera una profunda falta de legitimidad institucional e inseguridad jurídica que ahuyenta el capital internacional, impidiendo la reactivación crediticia, la protección de contratos y el flujo masivo de inversión extranjera directa que el país requiere.
La dinámica de este obstáculo se desarrolla de la siguiente manera:
- Nulidad de los actos: El artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». Esto genera un riesgo altísimo para las empresas multinacionales, ya que los contratos, concesiones o reformas legales aprobadas bajo esta condición podrían ser desconocidos y declarados ilegales por futuros gobiernos.
- Inseguridad jurídica y expropiaciones: La falta de independencia del Poder Judicial y los antecedentes de expropiaciones e impagos impiden a los inversores confiar en que sus bienes, capitales y utilidades estarán protegidos frente a confiscaciones arbitrarias o cambios de reglas de juego.
- Dificultades en el financiamiento global: Las instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial) y la banca internacional exigen estabilidad democrática, respeto a la Constitución y transparencia fiscal para otorgar líneas de crédito masivo. El vacío de poder y la ilegitimidad cierran las puertas a los mercados de capitales tradicionales.
- Aislamiento y sanciones: La usurpación del poder y la violación de derechos democráticos han provocado una compleja red de sanciones internacionales. El capital internacional, especialmente de Estados Unidos y Europa, mantiene un fuerte recelo corporativo para evitar riesgos de cumplimiento normativo (compliance).
A pesar de los intentos estatales por flexibilizar el marco legal en áreas específicas y atraer capitales —como la reforma de la Ley de Hidrocarburos o los incentivos en las Zonas Económicas Especiales (ZEE)— la respuesta del mercado ha sido de extrema cautela. Actualmente, las inversiones extranjeras se limitan a proyectos muy específicos y de rápido retorno operativo, como la participación de gigantes petroleros (Chevron, Repsol, Eni), ya que estas operaciones suelen requerir licencias y aprobaciones especiales (como las licencias de la OFAC) para minimizar la exposición corporativa al riesgo.
En conclusión, mientras persista el conflicto de legitimidad y un Estado de derecho fracturado, las inversiones a gran escala necesarias para reconstruir la industria, la infraestructura y los servicios públicos de Venezuela seguirán estancadas. El capital necesita garantías de Estado que solo un orden institucional reconocido y democrático puede otorgar.
Artículo 138 CRBV: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.