ATENCIÓN VENEZUELA a Delcy Rodríguez es la única que esta sacando provecho o mejor «Se quiere aprovechar» para que quiten sanciones y ruega que devuelvan el oro incautado, pero la pregunta es ¿Dónde está todo lo robado por el chavismo?
Delcy Rodríguez, dijo que envió una carta al rey Carlos III para pedirle que libere el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra para poder usarlo para afrontar los costos de la recuperación tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y damnificados en el país…
Los venezolanos en redes sociales exigen transparencia antes de cualquier demanda sobre el oro retenido en Inglaterra, insistiendo en que Delcy Rodríguez debe aclarar primero el destino de los fondos atribuidos al saqueo por Tareck El Aissami.
Este llamado refleja una creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas y justicia económica, especialmente frente a activos nacionales bajo sospecha de malversación.
La legitimidad de futuras reclamaciones depende, para muchos, de demostrar que los recursos públicos no han sido desviados.
El caso de Tareck El Aissami, exministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente del Área Económica durante el gobierno de Nicolás Maduro, ha estado marcado por acusaciones de corrupción de gran escala.
Tras ser arrestado en 2023 junto con otros funcionarios, las investigaciones (principalmente lideradas por el Ministerio Público venezolano) han señalado la existencia de una trama que habría desviado recursos —en particular relacionados con la venta de petróleo y criptomonedas— a través de empresas fantasma y pagos opacos.
Entre las pruebas que han trascendido públicamente se incluyen transferencias irregulares con criptomonedas: Se investiga un esquema que utilizaba la petrolera estatal Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para triangular pagos y ocultar fondos. Se habla de más de 1.200 millones de dólares presuntamente desviados mediante estas operaciones.
Después de vaciar las reservas de oro del Banco Central de Venezuela
, ahora Delcy Rodríguez le pide al Reino Unido que entregue el oro venezolano alegando que será para atender la tragedia nacional. La misma Delcy que quedó bajo la lupa en España por el Delcygate, donde una investigación vinculó su viaje a una operación relacionada con 104 lingotes de oro, ahora asegura que esos recursos llegarán a los venezolanos. La pregunta es inevitable. Después de años de denuncias por el saqueo de las reservas del país, ¿quién garantiza que ese oro terminará en beneficio de las víctimas y no volverá a perderse entre la corrupción?
Empresas de maletín
Se identificó una red de compañías, algunas en el extranjero (como en Turquía), utilizadas para simular operaciones comerciales y extraer capital sin contraprestación real.
Varios colaboradores del esquema han prestado declaraciones ante el Ministerio Público detallando cómo se estructuraban los pagos paralelos y quiénes participaban.
Las evidencias documentales y financieras: incautaciones de registros bancarios, dispositivos electrónicos y documentos societarios durante allanamientos que apuntan a transacciones sin respaldo. Detenciones en cadena: Además de El Aissami, han sido detenidos exdirectivos de Pdvsa, Sunacrip y otras entidades, muchos de los cuales han ofrecido testimonios o colaboraciones que alimentan la investigación.
Es importante señalar que, hasta la fecha, la información disponible proviene casi exclusivamente de fuentes oficiales venezolanas (fiscales y tribunales) y reportes periodísticos. No se ha difundido una auditoría independiente internacional que confirme las cifras exactas ni los beneficiarios finales. La falta de transparencia en el proceso judicial es precisamente lo que motiva el escepticismo ciudadano que menciona tu pregunta anterior.
La corrupción en Venezuela tiene un impacto directo y profundo sobre la legitimidad de cualquier demanda gubernamental por el oro retenido en Inglaterra. El caso se enmarca en una larga disputa legal entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de Inglaterra, que ha retenido alrededor de 31 toneladas de oro (valoradas en aproximadamente 1.700 millones de dólares) desde 2018.
Los principales efectos de la corrupción en la legitimidad de esta demanda son:
1. Pérdida de credibilidad institucional del BCV
El Banco Central de Venezuela históricamente gozaba de un estatus técnico autónomo. Sin embargo, desde que Delcy Rodríguez fue designada como presidenta del BCV en 2020, el directorio ha estado conformado mayoritariamente por figuras políticas cercanas al Ejecutivo. La participación del mismo gobierno en casos de corrupción sistémica —como el de Tareck El Aissami— hace que los jueces británicos y la comunidad internacional cuestionen si los recursos recuperados serán efectivamente administrados en beneficio del pueblo venezolano o si terminarán desviados nuevamente.
2. El precedente del caso Citgo y la Junta Ad Hoc
Los tribunales internacionales ya han mostrado sensibilidad a este argumento. En el caso de los activos de Citgo (filial de Pdvsa en EE. UU.), el reconocimiento de una Junta Ad Hoc designada por la Asamblea Nacional electa en 2015 (reconocida como legítima por varios países) respondió precisamente a la falta de confianza en que el gobierno de Maduro administrara esos activos sin desviarlos. Un razonamiento similar podría aplicarse al oro en Londres: si el gobierno actual no puede demostrar que los fondos llegarán a su destino sin ser saqueados, la legitimidad de su reclamación se debilita.
3. La exigencia de contraparte legítima
El gobierno británico y el Banco de Inglaterra han condicionado la entrega del oro al reconocimiento de quién es la autoridad legítima para reclamarlo. Estados Unidos y Reino Unido han reconocido a figuras de la oposición (como Juan Guaidó en su momento) como interlocutores válidos. Aunque ese reconocimiento ha mermado, la corrupción del gobierno de Maduro alimenta el argumento de que no existe una contraparte confiable a quien entregar 31 toneladas de oro sin garantías de que no serán malversadas.
El argumento legal de la «buena fe», en el derecho internacional contractual, es un principio central. Un gobierno que enfrenta acusaciones masivas de corrupción sistémica y cuyos altos funcionarios están siendo procesados por desvío de fondos difícilmente puede invocar buena fe ante un tribunal extranjero para reclamar activos. Los abogados defensores del Banco de Inglaterra ya han señalado que entregar el oro al BCV actual implicaría un «riesgo sustancial» de que los recursos sean apropiados indebidamente.
En síntesis, la corrupción no solo es un escándalo político interno; es un obstáculo jurídico concreto. Mientras no haya mecanismos verificables de auditoría, designaciones técnicas independientes y rendición de cuentas sobre los recursos ya manejados —incluyendo el esclarecimiento del caso El Aissami—, cualquier exigencia de devolución del oro británico carecerá de legitimidad tanto ante los tribunales internacionales como frente a la ciudadanía venezolana.
The EL News