El año 1999 marcó el inicio de un proceso político que, bajo la promesa de refundación, terminó socavando los fundamentos democráticos de Venezuela. La nueva Constitución no funcionó como contrato social, sino como herramienta para un proyecto de dominación y control. Ese cambio derivó en autoritarismo con nacionalizaciones y expropiaciones que desarticularon el aparato productivo, pulverizaron el poder adquisitivo y provocaron represión, odio y el éxodo del 25% de la población. El desempleo, la hiperinflación y el colapso de los servicios públicos, agravaron la crisis hasta límites insoportables.
El panorama dio un giro radical con la intervención de la justicia de Estados Unidos, que condujo a la detención de quien para entonces fungía de presidente, bajo cargos, entre otros, de narcotráfico. Este hecho inesperado abrió una ventana de esperanza, pero también, generó contradicciones: la asunción de la vicepresidenta del régimen como presidenta interina, catapultó una profunda desconfianza. No obstante, tras ocho meses de interinado incierto, parecen abrirse canales de negociación. El nombramiento de la expresidenta de la Asamblea Nacional Legítima de 2015, Dinorah Figuera, para renovar el CNE y el TSJ, traza una ruta electoral y un horizonte de expectativas y fe. Para que esa gestión sea razonablemente aceptable y justa, los equipos deben ser plurales, meritocráticos y responder a los mandatos democráticos como el del 28 de julio del 2024; no se vería bien, un reparto de cuotas partidistas.
Pese a la oportunidad que se presenta y que el pueblo venezolano agradece, estas acciones parecen tomar lugar en un contexto de mucha improvisación y poca consulta. El síntoma más grave es la postergación del reconocimiento pleno de la victoria de María Corina Machado en las urnas, lo que deslegitimaría cualquier normalización. Asimismo, la tutoría de EE.UU. genera inquietud por su opacidad y estruendosos rumores sobre estatus coloniales o de libre asociación que atentan contra la soberanía nacional.
La ciudadanía, exhausta, está dispuesta a evaluar salidas pragmáticas, pero bajo una premisa innegociable: el respeto y la dignidad. La comunidad internacional debe contribuir con transparentar el diálogo con los verdaderos representantes electos. La reconstrucción no puede ser unilateral ni cupular; requiere reconocer al pueblo como actor soberano de su propio destino y en este escenario, resuena la propuesta por una Junta de Gobierno equilibrada, con representantes de la oposición victoriosa de la Asamblea del 2015 y del 28 de julio de 2024, miembros del bloque desplazado y un civil honorable, más allá de toda duda.
Ciudad Guayana, 19 de julio del 2026.