La empresa estatal C.A. Hidrológica Venezolana (Hidroven), antes Hidrolara y el Instituto de Vialidad del estado Lara (INVILARA), corresponden a procesos de gestiones pasadas en el estado Lara, los cuales han sido objeto de señalamientos políticos y pedidos de averiguación ante organismos de control sin que exista una información oficial reciente sobre nuevas medidas penales masivas o inhabilitaciones vigentes vinculadas a dichos reclamos ciudadanos.
Diatriba entre 2 personajes, que según los informes #11,12,13,14,15,16,17,18, y no incluyo los anteriores ni los posteriores por cuanto no los tengo en mi poder emanados por la Contraloría General de Lara, por ciertos contralores designadas por recomendación de ambos ante el Contralor General, cuando ejercieron desde el ano 2000 hasta el 2017, y que por no ser un órgano institucional, no se han inhabilitado a estos socialistas ni sometidos a investigación penal por cuanto las irregularidades dadas a conocer en dichos informes, según la ley contra la corrupción encajan como un actos de corrupción por citar algunos como evasión de procesos licitatorios en Hidrolara en gestión de Jorge Gonzales y Oswaldo Rojas, Adriana Díaz; y en Invilara con Carolina Fortoul, por citar unos pocos de muchos presentes.
Igualmente ambos socios en el saqueo y ruinas en que esta, Lara fueron sancionados por la AN, Falcon en el 2013 presidida por Diosdado Cabello y Reyes Reyes en el 2016 presidida por HRA por presuntos delitos de corrupción como la venta del triangulo del este,Ninos Cantores, Sistema Hidráulico Yacambú etc etc, que según la constitución una vez publicada en gaceta, este informe de sanción política aprobadas, a ambos exgobernadores malversadores del erario publico regional larense, según la contraloría debían remitir una copia a la Contraloría General, para que esta dictará las sanciones administrativas como multa pecuniaria e inhabilitación, para ejercer cargos públicos y otra copia a la Fiscalía, para que esta, ejerciese la potestad de investigación penal por encontrarse presuntamente incursos en actos tipificados como corrupción en la Ley.
Igualmente es propicio acotar que el aviador frustrado hoy ilegitimo gobernador larense, tanto de origen como de desempeño en 2 oportunidades en el 2012 y 2021, públicamente informó, que según una auditoria ordenada por la gobernadora Carmen Meléndez en su gestión reflejó, que Henry Falcón, se robó 80 millones de $ del presupuesto asignado a la obra de Transbarca, y en lo personal presumo, se quedó muy corto, pero quedó como un alcahuete y cómplice, ya que tanto Melendez inicialmente y luego el tener conocimiento de este faltante, según la auditoria ha debido denunciarlo por ante la Fiscalía y Contraloría para que se le sancionase.
Hoy estos delitos en que se señalan a estos 2 personajes fundadores de la banda de Alí Babá y sus sopotocientos ladrones, han gozado de inmunidad a la impunidad, pero a Dios gracia, según la constitución, los delitos de corrupción gozan de imprescriptible y pronto se iniciaran por instrucciones del tutelaje americano negociaciones políticas entre la AN 2015 y el Rodrigato, que conducirán a la transición esperada que nos conducirá a la recuperación de la institucionalidad y todos aquellos que tengan cuentas pendientes como estos personajes las tendrán que rendir puesto, que se tiene que tener presente que se impondrá la Verdad y la Justicia.
Aquí el concejal de comportamiento oficialista Mogollon inicia con un comentario «solo el que evidencia la realidad sabe cómo interpretarlo». Vayan a evidenciar cómo quedó el proyecto de lo que representaría el sistema de Transporte Masivo más moderno de Latinoamérica «TRANSBARCA «, así como la Escuela de Fútbol, más moderna de latinoamérica, la «Richard Páez «, en el Cují, la Av Uruguay, la carretera Gamelotal Manzanita.
@Contralor itinerante
El ingeniero venezolano y político activo en el estado Lara, Rubén Morales preside el Frente Anticorrupción. Promueve la transparencia y el cumplimiento de la Constitución, destacándose por su enfoque en la rendición de cuentas y participación ciudadana. Su trabajo se alinea con movimientos sociales, que exigen mayor ética en la gestión pública, especialmente en contextos de crisis institucional. A través de redes sociales y acciones públicas, ha impulsado iniciativas contra la corrupción y defensa del mandato constitucional.