Bancamiga, considerado el sexto banco privado más importante de Venezuela, está bajo supervisión del gobierno de Nicolás Maduro luego de los arrestos de tres de sus accionistas por su presunta vinculación en una trama de corrupción del más alto nivel político.
El reabierto caso Bancamiga revela una nueva ola de desfalcos masivos mediante tarjetas del Banco de Venezuela en múltiples estados, con implicaciones profundas en el CICPC.
Aunque se detienen funcionarios de nivel operativo, persiste la sospecha de que altos mandos, como Cruz Vásquez en Portuguesa, evaden responsabilidad.
El patrón de corrupción, ahora con métodos más sofisticados y montos millonarios, sugiere una red organizada que trasciende a simples empleados.
José Simón Elarba Haddad: de Fospuca al Colegio Jefferson, la red de contratos, offshore y poder detrás del empresario de la basura
José Simón Elarba, dueño de Fospuca y el Colegio Jefferson, asumió el control de Bancamiga tras la detención de sus anteriores accionistas.
Su influencia se destacó por su rol como intermediario entre empresas chinas sancionadas, como ZTE y Ceiec, y el gobierno de Nicolás Maduro, facilitando operaciones en contextos de restricciones económicas.
En 2014, facturó 28 millones de dólares por servicios de asesoría para estas empresas, vinculadas al control social.
Este caso ilustra cómo ciertos empresarios venezolanos navegan las sanciones y los controles estatales mediante redes de negocios estratégicos, a menudo con implicaciones geopolíticas.
En 2024, luego de la detención de sus accionistas principales (los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez) por su vinculación en el caso PDVSA Cripto, la entidad pasó a ser controlada por José Simón Elarba, un empresario propietario de la empresa Fospuca y el Colegio Jefferson; y que había servido de intermediario entre varias empresas chinas que buscaban hacer negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.
El empresario venezolano José Simón Elarba Haddad vuelve a quedar en el centro de señalamientos públicos por su creciente presencia en sectores estratégicos de la economía venezolana, desde la recolección de desechos y la banca hasta las telecomunicaciones y, más recientemente, la educación privada. Su trayectoria ha sido descrita por distintas fuentes como la de un operador que pasó de mantener vínculos con entornos judiciales asociados a la llamada banda de “Los Enanos”, en el Tribunal Supremo de Justicia, a consolidarse como un empresario con influencia en áreas reguladas y altamente dependientes de relaciones con el Estado.
El episodio más reciente que ha generado atención es la incautación del Colegio Jefferson, ubicado en Valle Arriba, Caracas. Se trata de una institución privada con más de 700 alumnos, salones de robótica, canchas deportivas y anfiteatro, que estaba bajo propiedad de los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdomo Rodríguez, arrestados por corrupción en el marco de la Operación Anticorrupción de 2023. Tras el allanamiento, testigos presenciales aseguran que Elarba se presentó en la sede del colegio como su nuevo dueño. Hasta ahora, no se conoce documentación oficial que respalde una adquisición formal del plantel, lo que ha alimentado dudas sobre el procedimiento mediante el cual se habría producido el cambio de control.
Otro capítulo relevante en la trayectoria financiera de José Simón Elarba se remonta a 2014, cuando, según filtraciones internacionales, habría cobrado 28 millones de dólares por supuestas asesorías a Ceiec y ZTE, dos empresas chinas sancionadas por Estados Unidos por su papel en sistemas de vigilancia digital, censura de internet y control social en Venezuela. Los contratos habrían tenido como objetivo facilitar licitaciones con Movistar y Cantv, con Elarba actuando como intermediario para abrir contactos, obtener información confidencial y gestionar acuerdos con organismos estatales.
Esos movimientos aparecen vinculados a los Pandora Papers, filtración que expuso estructuras offshore utilizadas por figuras políticas y empresariales de distintos países. En el caso de Elarba, los documentos reseñan cuentas y vehículos en jurisdicciones como Singapur, Islas Cook y Luxemburgo, a través de los cuales se habrían canalizado los pagos recibidos por sus servicios de intermediación. La sociedad utilizada habría sido Sylo Investments LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
A través de esa estructura también se le atribuye la compra de propiedades en Miami y Nueva York, incluido un apartamento registrado a nombre de Astoria Universal LTD, descrita como una compañía fachada. Los movimientos financieros, señalados por no contar con una justificación aparente, también colocaron a Elarba en los FinCEN Files, bajo la lupa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con los reportes que han documentado su actividad en el sistema financiero internacional.
El nombre de Elarba también ha sido relacionado con PDVSAcripto, uno de los escándalos financieros más relevantes de la industria petrolera venezolana en los últimos años. Según las versiones difundidas, en esa trama habrían participado figuras como Tareck El Aissami, Samark López Bello y Carmelo De Grazia Urdaneta, este último señalado como socio histórico de Elarba y actualmente prófugo. El esquema habría utilizado criptomonedas para mover y desviar fondos públicos bajo el argumento de sortear sanciones internacionales. Mientras algunos de los involucrados fueron detenidos o quedaron expuestos judicialmente, Elarba terminó ocupando la presidencia de Bancamiga, un hecho que analistas han interpretado como un ejemplo de impunidad selectiva dentro del sistema político y financiero venezolano.
El círculo familiar y corporativo de Elarba también ocupa un lugar central en los señalamientos. Su esposa, Aitza Melo Castillo, es socia del bufete Gadea, Lesseur & Asociados, donde también participa su hijastra, Mariana Flores Melo. Esta última es pareja de Henry Jesús Camino Muñoz, socio directo de Elarba en Fospuca. De acuerdo con las versiones difundidas en Caracas, Mariana Flores Melo ha intentado mejorar su perfil público mediante una fundación personal y apariciones sociales, aunque persisten cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio.
Elarba también figura como antiguo accionista del diario El Nacional, junto a Miguel Henrique Otero. Cuando el medio fue embargado por orden de Diosdado Cabello, Otero se presentó públicamente como víctima del régimen venezolano. Sin embargo, ni Elarba ni sus socios habrían intervenido para evitar la caída del periódico. En la actualidad, Jorge Makriniotis, exgerente de El Nacional, trabaja como asistente personal de Elarba, una relación que ha sido interpretada como parte de las lealtades empresariales y políticas que rodean al empresario.
Vínculos de José Simón Elarba con figuras del chavismo
Los vínculos de José Simón Elarba con figuras del gobierno chavista, lo correcto es basarme en información verificable. Sin embargo, no tengo acceso a una verificación en tiempo real de los detalles específicos de sus relaciones personales o empresariales.
Con base en información pública disponible:
Vínculos documentados:
- Rol como intermediario con China — Elarba actuó como intermediario entre empresas chinas (ZTE, Ceiec) y el gobierno de Nicolás Maduro, lo que implicaba contacto directo con funcionarios de alto nivel encargados de las relaciones económicas y comerciales, particularmente en telecomunicaciones y contratos estatales.
- Relaciones comerciales en el sector de aseo urbano — Su posición como dueño de Fospuca, la empresa de recolección de basura más grande del país, le daba una relación contractual directa con alcaldías chavistas y el gobierno central, aunque se ha señalado su distanciamiento con el chavismo en ciertos periodos.
- Distinciones oficiales — En 2022 recibió el Reconocimiento al Labor Empresarial de parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo que evidenciaba cercanía con el círculo cercano al gobierno.
Matices importantes: No toda la información pública es concluyente sobre vínculos personales directos con figuras específicas del gabinete. Debo señalar que parte de este perfil proviene de reportajes de investigación periodística sobre los llamados «boliburgueses» y las redes de corrupción denunciadas en casos como el de Bancamiga, donde hubo detenciones de accionistas vinculados al oficialismo.
El rápido crecimiento de la institución bancaria y la situación política y económica del país generó varias investigaciones sobre sus actividades. El repentino crecimiento del banco desde 2015 coincidió con la llegada del empresario José Esteban Chacín Bello como uno de sus principales accionistas.
Chacín Bello era primo del empresario Samark López Bello, quien fue sancionado en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por ser el presunto testaferro de Tarek El Aissami, entonces vicepresidente de Venezuela. Lo que provocó especulaciones por los presuntos vínculos entre el banco y sectores gubernamentales.
Tras la filtración de los Pandora Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se demostró que Chacín Bello y el contador argentino Ariel José Martínez Coujil, quien llegó a ejercer de presidente del banco, mantenían relaciones con varias empresas de Samark López acusadas de lavado de dinero. Aunque estos vínculos fueron negados por el banco y López mencionó que las relaciones laborales con su primo duraron hasta 2016.
La desgracia de los De Grazia
El pasado inmediato de los hermanos banqueros no se inició ese día de abril de 2024 cuando fueron detenidos. Son muchos los reportajes y datos publicados antes y después los que han destapado una realidad que trasciende lo que hoy se dice sobre el caso.
¿Cómo llegaron hasta ahí? Los De Grazia formaban parte de la trama “Pdvsa-Cripto” «y Bancamiga estaba en el centro de la maraña».
Un reportaje del portal La Gran Aldea, revela un esquema que pone en tela de juicio la calificación de «presos políticos» que se trata de imponer sobre los hermanos, quienes por largo tiempo se movieron por terrenos volátiles.
El crecimiento explosivo de Bancamiga desde 2015, evidenciado por una inyección de capital que elevó su valor a 25,5 millones de dólares, consolidó a los parientes del político opositor Carmelo De Grazia como los principales directivos y accionistas del banco al momento de su captura.
Carmelo De Grazia, otro de los principales accionistas del banco, había sido accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc.
Esta empresa había estado involucrada en transacciones millonarias con varias instituciones bancarias como JP Morgan Chase en 2014.
Tras la detención de los accionistas, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudebán) informó que el banco operaba con normalidad y que realizaría un «acompañamiento y seguimiento» de sus operaciones, aunque el banco no fue formalmente intervenido.
Meses después de la detención de los accionistas, el empresario y abogado José Simón Elarba obtuvo una importante participación accionaria en el banco.
Elarba ya había sido investigado en el 2014 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por recibir transacciones de jurisdicciones desconocidas.
Tras la publicación de los Pandora Papers se reveló que la empresa china ZTE Corporation le pagó 13 millones de dólares para que intermediara y lograra contratos con la empresa pública venezolana Cantv.
Estas transacciones fueron reportadas por JP Morgan Chase al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que se pensaba que estas podrían estar relacionadas con el mercado negro de divisas de Venezuela.
El empresario Daniel De Grazia denunció el despojo forzoso de sus acciones en el Compass Bank, cuyo nombre comercial es Bancamiga.
De Grazia testificó que fue contactado en el año 2023, directamente y en primera persona, por el mismísimo Nicolás Maduro, quien le ordenó traspasar sus acciones en dicha entidad financiera a favor de un empresario de apellido Velutini.
Ante su negativa, De Grazia fue detenido por encapuchados de la DGCIM. Afirmó que, estando encarcelado y bajo coacción física y psicológica, fue obligado a firmar la venta ficticia de sus activos, y añadió que Velutini utilizó las líneas de crédito del propio banco para vaciar sus cuentas personales.
A pesar de estar intervenido, Bancamiga otorgó créditos a varias empresas inmobiliarias; con ese dinero, estas empresas realizaron transferencias a la cuenta personal de Carmelo de Grazia para así «demostrar» que las acciones del banco habían sido canceladas por dichas entidades.
Por si fuera poco, el dinero transferido al Sr. Carmelo de Grazia —diez millones de dólares ($10.000.000)— fue extraído nuevamente de su cuenta.
Este episodio precisa la magnitud de la descomposición moral del hoy preso Maduro, quien creyó que era eterno y que el abuso de poder no le traería consecuencias.
La denuncia de Daniel De Grazia y la detención de los hermanos De Grazia en 2024 marcan un precedente claro de injerencia estatal en el manejo del banco.
Se requiere una investigación independiente y sanciones efectivas contra jerarcas para romper la impunidad.
En desarrollo…
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