En torno al anunció de la comisión asignada el marco de la iniciativa de diálogo impulsada con el respaldo de Estados Unidos, se dieron a conocer los nombres extraoficiales de los integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, que asumirán la representación opositora para ejecutar las pautas de transición política pautadas.
Ante este acuerdo fraudulento, el Frente Anticorrupción en Positivo, alerta que la comisión designada carece de legitimidad popular y responde a los intereses cuestionados de Primero Justicia y Voluntad Popular.
A escasas 48 horas para el inicio de una nueva ronda de negociaciones, un profundo escepticismo embarga a la población venezolana.
El ingeniero Rubén Morales, contralor itinerante y presidente del Frente Anticorrupción en Positivo, fijó una posición en nombre de los millones de coterráneos que mantienen serias reservas y dudas sobre el éxito de este proceso.
De acuerdo con Morales, la comisión negociadora —presidida por la diputada electa en 2015, Dinorah Figuera, y acompañada por 10 parlamentarios— padece de una total falta de legitimidad.
El vocero denunció que este equipo no representa a las regiones que los eligieron el 6 de diciembre de 2015, sino a las cuestionadas cúpulas partidistas de Julio Borges (Primero Justicia) y Leopoldo López (Voluntad Popular).
El sentir popular y los analistas políticos coinciden en que este grupo carece del apoyo y reconocimiento de las masas opositoras.
La razón es la ausencia absoluta de parlamentarios afines al liderazgo legítimo que el pueblo venezolano refrendó de forma apabullante el pasado 22 de octubre de 2023 y el 28 de julio de 2024, bajo la conducción de María Corina Machado y Edmundo González.
El descontento ciudadano proviene de una larga lista de procesos de diálogo anteriores que no lograron cambios concretos.
Morales reveló que la hoy insignificante Plataforma Unitaria, junto a PJ y VP, pretendía pactar con el «Rodrigato» una transición a la inversa.
Esta maniobra buscaba adelantar de forma fraudulenta las elecciones regionales y municipales, dejando las presidenciales en el último lugar. Y esta conducta entreguista fue abortada por María Corina Machado durante la reunión de Panamá.
Como consecuencia, las negociaciones actuales se inician bajo pautas directamente dictadas por el tutelaje de la administración estadounidense de Donald Trump y Marco Rubio.
Sin embargo, Morales advierte que dejar al margen de la mesa de negociación a la verdadera representante del liderazgo opositor (MCM) constituye una debilidad crítica.
Este vacío será aprovechado por los operadores políticos del régimen para restar fuerza a las demandas prioritarias del país, tales como la liberación inmediata de los presos políticos y la obtención de verdaderas garantías electorales.
El presidente del Frente Anticorrupción en Positivo, instó al país a mantenerse vigilante ante el peligro de que se repitan traiciones históricas.
Morales recordó el nefasto precedente del año 2003, cuando Henry Ramos Allup y Edgar Zambrano, negociaron con Hugo Chávez, el apoyo de los 33 diputados de Acción Democrática electos en el año 2000. Ese pacto le otorgó al chavismo la mayoría calificada (dos tercios) de la que carecía en la Asamblea Nacional.
Aquella negociación facilitó que el Tribunal Supremo de Justicia consumara una omisión legislativa para imponer tres rectores chavistas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). A Jorge Rodríguez, Oscar Battaglini y Francisco Carrasquero.
En contraparte, la supuesta oposición quedó representada por Sobella Mejías y Ezequiel Zamora. Morales enfatizó que fueron precisamente estos actores quienes se prestaron para inaugurar la era de los fraudes electorales automatizados en Venezuela a través de la empresa Smartmatic.
Finalmente, el ingeniero Rubén Morales sentenció que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) exigen un Poder Electoral «químicamente puro», con rectores completamente independientes y sin filiación política.
Advirtió que la ciudadanía no tolerará que las viejas cúpulas entreguen nuevamente los espacios democráticos a cambio de prebendas particulares.