El Informe Alvarez, noticias desde Venezuela. Por Alfredo Alvarez

Le Monde señala que, pese al repunte de la actividad petrolera, inversores internacionales mantienen dudas sobre el futuro político del país.

· Venezuela cursa, con un entusiasmo casi institucional, la era dorada de la “transición gestionada”: terremotos por resolver, apagones que ya forman parte del paisaje nacional y una hiperinflación que convierte el salario mínimo en un chiste con IVA incluido. El sistema eléctrico, fiel a su tradición de excelencia, sigue entregando lo que mejor sabe hacer: oscuridad puntual y cronogramas imaginarios, mientras Corpoelec administra la penumbra como si fuera un activo estratégico. En el terreno de la diplomacia sacra, los cardenales eméritos -con la paciencia de quien ya vio pasar varias “transiciones definitivas”- bendicen el diálogo, aunque no sin señalar, con fina ironía litúrgica, que el proceso avanza a puerta cerrada y sin la principal fuerza opositora, como una junta directiva que decide el futuro de todos menos de quienes debieran sentarse en la mesa. Los periodistas, mientras tanto, insisten –cándidamente n queda de otra- en que no hay transición democrática que valga si a uno lo agreden 134 veces en siete meses por el simple delito de informar. En resumen: El país negocia su porvenir institucional con la solemnidad de un comunicado de prensa y la transparencia de una caja negra muy bien cerrada.

Agosto 11 de 2026

Por aquí se dice:

· La agenda informativa venezolana para este martes amanece construida sobre tres ejes funcionales. La obligada actualización estadística de las consecuencias de los terremotos de junio, la reactivación de la industria petrolera bajo el nuevo esquema de relaciones con Estados Unidos, así como la negociación política entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, cuyo primer plazo de evaluación está previsto para este miércoles 12 de agosto. En paralelo, el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto introduce un nuevo factor regional de emergencia. El sismo fue percibido también en Venezuela y Caracas ofreció ayuda a Colombia mientras todavía gestiona las consecuencias de su propia catástrofe sísmica.

· Caracas y Washington controlan el pulso de la transición venezolana mediante una mesa de negociación tutelada que mantiene a María Corina Machado al margen. La dinámica política en el país dio un giro definitivo tras la captura de Nicolás Maduro hace siete meses, consolidando un gobierno interino bajo la figura del denominado “Rodrigato”. Este proceso avanza en paralelo a la peor crisis de infraestructura del siglo, provocada por el devastador doble terremoto del 24 de junio, cuyas secuelas humanas y materiales marcan la agenda diaria nacional. El porvenir institucional del país se dirime en un nuevo proceso de diálogo tutelado firmemente por Washington. Las conversaciones formales se desarrollan entre el gobierno interino y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, una estrategia emergente que sustituye las directrices previas que fueron pactadas en el Manifiesto de Panamá. El proceso sigue marcado por hermetismo y ausencia de la principal fuerza opositora. La transición depende en lo fundamental de acuerdos sobre reconstrucción institucional, la administración de justicia y un cronograma electoral.

· Obispos eméritos respaldan las negociaciones, pero alertan sobre su estridente opacidad. Los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, junto a monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, expresaron un cauteloso respaldo al inicio de la mesa de diálogo. No obstante, mediante un comunicado a título personal, los prelados denunciaron que el proceso padece de una severa opacidad logística e institucional, se gesta en ausencia de liderazgos opositores clave y está marcado por la inercia oficial inicial tras la tragedia sísmica. Los Cardenales venezolanos piden diálogo político más inclusivo. Tres cardenales retirados respaldaron el proceso de diálogo entre el gobierno interino y un sector de la oposición, pero advirtieron que es impulsado desde el exterior, excluye a la principal representación opositora (María Corina Machado) y carece de facilitador técnico consensuado. Propusieron incorporar gradual a más actores y exigieron liberación de presos políticos y preparación de elecciones creíbles. La Iglesia católica interviene como actor de peso moral en un proceso criticado por falta de inclusividad. Refuerza demandas de garantías políticas y atención social prioritaria salarios, salud, servicios.

· Mañana 12 de agosto cierra la primera fase de esta mesa de negociación y se puede especular en torno a su resultado inicial. El balance más probable será positivo en lo procedimental, pero todavía modesto en resultados políticos concretos: las partes podrán mostrar que preservaron una mesa de negociación, acordaron reglas básicas y evitaron una ruptura temprana, pero difícilmente habrán resuelto en una semana asuntos como la recomposición del CNE, la reinstitucionalización del TSJ o las garantías políticas. El primer ciclo ya produjo una arquitectura mínima de negociación: metodología, fases de trabajo y una agenda ratificada. Además, gobierno y oposición suscribieron principios de soberanía, buena fe, solución pacífica, democrática y constitucional, trato paritario, cumplimiento verificable, protección de derechos e información pública sobre avances. Esto no equivale aún a un acuerdo de transición, pero sí es un avance relevante frente al aislamiento y la desconfianza que usualmente bloquean este tipo de procesos.

· Colegio de Periodistas registra 134 ataques contra reporteros entre enero y julio. El gremio de la prensa denunció que el gobierno interino mantiene un patrón de acoso institucional y policial contra periodistas y medios. El informe fue divulgado el 11 de agosto y alerta sobre restricciones crecientes a la cobertura informativa. La libertad de prensa continúa deteriorándose pese al proceso de transición. El control comunicacional es un elemento clave para el oficialismo y afecta la transparencia del diálogo político. Vale advertir que NO hay transición democrática real sin libertad de prensa. En Venezuela, abrir el espacio político exige que periodistas, medios y ciudadanos puedan informar, investigar y debatir sin censura, persecución ni miedo. La prensa libre permite verificar acuerdos, vigilar a quienes ejercen poder, denunciar abusos y dar voz a víctimas y sectores excluidos. Sin información independiente, la transición corre el riesgo de convertirse en un pacto opaco; con ella, puede transformarse en un proceso público, plural y exigible ante la sociedad.

· La libertad de prensa debe incorporarse expresamente en la agenda del diálogo porque es una condición práctica para que la transición sea verificable, plural y creíble. La propia discusión busca fortalecer la democracia y restituir derechos y garantías políticas; la libertad de expresión y de prensa forma parte inseparable de esas garantías. Sin medios independientes no hay información confiable sobre lo que se negocia, ni vigilancia pública del cumplimiento de los acuerdos. Tampoco hay garantías reales para que la ciudadanía conozca propuestas, denuncie abusos y tome decisiones informadas en un eventual proceso electoral.

· La mesa debería pactar medidas concretas: Cese de la censura, bloqueos, cierres arbitrarios y presiones económicas contra medios. Protección efectiva para periodistas, medios y fuentes; investigación de agresiones y respeto a la reserva de las fuentes. Acceso igualitario de todas las fuerzas políticas a medios públicos y privados durante la transición y campañas electorales. Cobertura periodística libre de las negociaciones, con información periódica, documentos públicos y mecanismos de rendición de cuentas.

· Balance por el doble sismo se eleva a 6,301 fallecidos, la vocería oficial actualizó el balance de la que ya se califica como la peor tragedia natural en la historia de Venezuela. El número de muertes confirmadas según este relato ascendió a 6,301 víctimas, mientras que la cifra de pacientes atendidos en la red hospitalaria nacional por lesiones derivadas de los sismos alcanzó las 73,356 personas. Ls otras cifras dan cuenta de más de 9,500 edificaciones declaradas en alto riesgo de colapso. La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura completó la revisión de 53,314 inmuebles residenciales en la zona central y occidental del país. Los ingenieros determinaron que 9,567 estructuras se encuentran en situación de “alto riesgo” -categoría roja- mientras que otras 12,411 han sido catalogadas bajo ocupación restringida o condicional.

· Al 11 de agosto de 2026, no existe una cifra oficial vigente y consolidada de personas desaparecidas tras los sismos del 24 de junio. El último reporte oficial explícito habría sido de 157 personas reportadas como desaparecidas el 25 de junio, sin actualizaciones públicas posteriores; por eso esa categoría no figura junto a los 6.301 fallecidos, 73.356 lesionados y demás indicadores del parte. Las autoridades mantienen que solo incorporan al total de fallecidos los casos con recuperación e identificación o certificación verificable, por lo que una persona sigue clasificada como desaparecida mientras no haya confirmación de vida o muerte. El gobierno ha argumentado que debe cruzar denuncias familiares con los registros hospitalarios, de rescate, fallecidos e identificación forense para evitar duplicaciones y falsos positivos. La magnitud real permanece indeterminada, en tanto que iniciativas ciudadanas han registrado más de 29.000 personas sin paradero conocido, pero esas listas no equivalen a un registro estatal validado.

· Por qué se omite. La explicación oficial es técnico-administrativa: La categoría estaría en proceso de depuración y verificación, de modo que divulgar un total preliminar podría mezclar personas ya localizadas, hospitalizadas sin identificación, fallecidas aún no identificadas, evacuadas o simplemente reportes duplicados. Pero la omisión también tiene una consecuencia política y humanitaria relevante. Se impide medir el universo total de víctimas y dificulta a las familias conocer el estado de búsqueda, identificación o localización de sus allegados. Diversas organizaciones han cuestionado precisamente la falta de un registro público, actualizado y trazable de los casos. En términos estrictos, el parte de 6.301 no debe leerse como un balance cerrado de víctimas humanas, toda vez que representa muertes confirmadas, no necesariamente todas las personas fallecidas o aún no localizadas bajo los escombros.

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· Colegios profesionales exigen crear una Comisión Nacional Sismorresistente. Ante la destrucción masiva de infraestructura, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, instó al Ejecutivo a reformar de inmediato las leyes de ordenamiento urbano y diseño estructural. La propuesta gremial busca fundar una Comisión Nacional Sismorresistente que audite los colapsos y dicte pautas técnicas obligatorias para una reconstrucción nacional resiliente. La iniciativa gremial persigue que la reconstrucción posterior a los sismos no se limite a reparar edificios dañados, sino que incorpore estándares obligatorios de reducción de riesgo sísmico. Una comisión nacional serviría para unificar criterios entre ministerios, alcaldías, universidades, colegios profesionales, Protección Civil y empresas constructoras.

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· Alianza gremial junto al PNUD traza la hoja de ruta para la reconstrucción. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) sellaron un acuerdo estratégico con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El plan busca estructurar un programa de financiamiento y logística que priorice la manufactura local de insumos básicos y acelere el levantamiento de viviendas definitivas. Los reportes de asistencia indican que cerca de 24,000 personas permanecen albergadas de forma indefinida en refugios temporales tras la pérdida total de sus hogares. El estado La Guaira, epicentro del desastre humano junto al Distrito Capital, sufre adicionalmente la paralización absoluta de su aparato económico local, históricamente dependiente de la actividad turística de playa.

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· Tasa oficial del dólar BCV quiebra la barrera de los 760,000 bolívares. El Banco Central de Venezuela reportó que la cotización oficial de la divisa estadounidense cerró en 761,216.67 bolívares por dólar, reflejando una depreciación diaria del 0.48%. El avance de la devaluación pulveriza el poder de compra ciudadano; de acuerdo con los monitoreos de medios locales e independientes, el salario mínimo de ley equivale apenas a 0.17 dólares mensuales. Con una tasa oficial de Bs. 761.216,67 por dólar y un salario mínimo legal de Bs. 130 mensuales, un dólar equivale a 5.855,51 salarios mínimos. El salario mínimo nominal se mantiene en Bs. 130 desde 2022; los aumentos anunciados en 2026 se aplicaron al “ingreso mínimo integral” mediante bonificaciones, no al salario base. En sentido inverso, el salario mínimo equivale a apenas 0,000171 dólares, es decir, cerca de 0,017 centavos de dólar a esa cotización. Según las referencias de mercado más consultadas actualizadas al cierre del 10 de agosto y primeras horas de hoy el dólar paralelo / mercado libre se cotiza alrededor de 850 – 870 bolívares por dólar.

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· La presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo en Caracas un encuentro con funcionarios del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de EE.UU. para evaluar acuerdos de desarrollo económico, estabilidad del mercado energético y mecanismos financieros. La reunión ocurrió en la mañana del 11 de agosto y forma parte del ciclo de negociaciones impulsado por Washington tras la captura de Maduro. El acercamiento confirma la línea de cooperación tutelada por EE.UU. en la transición venezolana. La agenda energética es clave para la recuperación post-terremoto y para la reactivación parcial de PDVSA bajo supervisión internacional. También influye en la mesa de diálogo que continúa hasta el 12 de agosto. El encuentro sugiere que Caracas y Washington están intentando pasar de contactos exploratorios a una negociación operativa de intereses: petróleo, acceso financiero, estabilidad interna y condiciones políticas para una reapertura gradual. La presencia simultánea de funcionarios del Tesoro y del Departamento de Estado indica que la conversación combina el diseño de alivios o licencias financieras con exigencias diplomáticas y de gobernabilidad.

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· Para Delcy Rodríguez, la reunión ofrece una ganancia de reconocimiento político y de legitimidad externa: Es tratada como interlocutora de facto para decisiones económicas y financieras sensibles. A la vez, puede presentar ante sectores internos que su gobierno consiguió abrir canales para atraer capital, rehabilitar infraestructura y mejorar la disponibilidad de divisas, sin abandonar formalmente el discurso de soberanía. El punto delicado es que esa interlocución no equivale a un respaldo incondicional. Washington ha vinculado la cooperación con verificación de compromisos y ha mantenido presión para que la apertura económica se acompañe de cambios institucionales y políticos. La lectura de fondo es que Rodríguez busca convertir la normalización con Estados Unidos en un recurso de estabilización económica y política; Washington intenta usar su capacidad de habilitar o restringir el flujo de capital y petróleo como palanca para condicionar esa normalización.

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· Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez detallar uso de los fondos enviados por EE.UU. La ONG solicitó información sobre el manejo del Fondo Petrolero y las exportaciones de crudo en 2026, señalando opacidad en PDVSA. La petición se hizo pública el 11 de agosto. La presión por transparencia financiera aumenta en un contexto donde EE.UU. supervisa la transición. La gestión de PDVSA es clave para la estabilidad económica y para la credibilidad del gobierno interino. Transparencia Venezuela exige rendición de cuentas sobre fondos petroleros administrados durante la transición. La organización pidió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informar de forma pública, detallada y verificable sobre el destino de los recursos petroleros vinculados con Estados Unidos, el funcionamiento del denominado Fondo Petrolero y las exportaciones de crudo realizadas en 2026.

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· La exigencia no se limita a conocer cuánto dinero ingresó al país. Busca establecer una trazabilidad completa: qué volumen de crudo fue exportado, quién lo compró, bajo qué contratos y licencias, a qué precio se vendió, en qué cuentas se depositaron los pagos y cuál fue el destino final de cada dólar. El reclamo coloca un asunto decisivo en el centro de la transición: quién controla la renta petrolera, con qué reglas y bajo qué vigilancia. La gestión de esos recursos puede sostener la estabilización económica y financiar la reconstrucción, pero solo si deja de operar como una caja negra. La credibilidad del gobierno interino dependerá no solo de obtener recursos externos, sino de demostrar públicamente que los administra con legalidad, eficiencia y orientación social. En cuanto al monto de dinero en revisión se trata de estimaciones, más no de una cifra oficial auditada. Transparencia Venezuela calcula que las exportaciones petroleras venezolanas generaron USD 15.166,8 millones durante el primer semestre de 2026.

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· Estados Unidos vende para chatarra dos petroleros incautados vinculados a Venezuela. Reuters informó el 10 de agosto que Estados Unidos vendió para desguace los petroleros Era y Lileo, previamente sancionados y confiscados durante operaciones contra embarcaciones vinculadas con actividades petroleras sancionadas. Ambos serán enviados a instalaciones de reciclaje naval en India. La operación muestra que la política estadounidense sobre el petróleo venezolano no se limita a sanciones financieras: incluye también mecanismos de interdicción marítima y control de la cadena logística. La medida puede afectar el cálculo de riesgo de operadores vinculados con crudo venezolano sancionado.

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· Ascensos militares refuerzan control político del Alto Mando venezolano. El Gobierno interino anunció nuevos ascensos en el Ejército, todos vinculados a posiciones estratégicas dentro del Alto Mando. La información fue difundida el 11 de agosto. Los ascensos consolidan la influencia militar en la transición y podrían impactar la mesa de diálogo. La Fuerza Armada sigue siendo un actor decisivo para la estabilidad institucional. Hay tres conjuntos distintos de ascensos y conviene diferenciarlos para evitar atribuir a la decisión anunciada el 11 de agosto una cifra que corresponde al paquete general de julio.

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· El anuncio más amplio comprende 168 oficiales generales y almirantes, ascendidos al grado inmediato superior el 24 de julio: Corresponden 57 del Ejército, 29 de la Armada, 30 de la Aviación Militar y 52 de la Guardia Nacional Bolivariana. En el Ejército, el reporte sobre los casos más sensibles identifica tres oficiales promovidos a general de división pese a pertenecer a promociones anteriores, una decisión interpretada como una alteración del orden de antigüedad dentro de la oficialidad superior. En paralelo, se formalizaron 195 ascensos anticipados con antigüedad fijada administrativamente para el 1 de enero de 2027, aunque las resoluciones fueron suscritas el 22 de julio de 2026

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· Presos políticos de la Operación Gedeón mantienen huelga de hambre. Organizaciones de derechos humanos confirmaron que 15 ciudadanos detenidos por su presunta vinculación con la denominada Operación Gedeón cumplieron seis días consecutivos en huelga de hambre. Los reclusos exigen la revisión inmediata de sus causas judiciales, respeto al debido proceso y medidas humanitarias urgentes ante el progresivo deterioro de sus estados de salud. El último traslado reportado ubica a un grupo de presos políticos vinculados con la Operación Gedeón en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. Fueron movilizados desde el Fuerte Guaicaipuro durante la madrugada del 6 de abril de 2026, según denuncias de familiares. Antes de ese traslado, al menos 32 detenidos del caso estaban recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar en Miranda; familiares pudieron verlos allí el 12 de febrero, tras meses sin información sobre su paradero.

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· Familias de presos políticos mantienen vigilia. Continúan las vigilias de familiares de presos políticos exigiendo liberación y atención médica, en un contexto de reportes de muertes por falta de atención en centros de detención. El tema de los presos políticos es uno de los puntos críticos del diálogo. Las ONG documentan vulneraciones persistentes que condicionan la credibilidad de cualquier acuerdo de garantías. La vigilia se mantiene principalmente frente a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, cerca de Caracas, y se replica en otros lugares de reclusión, entre ellos El Helicoide, sede del Sebin en Caracas. Familias y activistas han sostenido concentraciones permanentes desde el 8 de enero, con períodos de pernocta, para demandar liberaciones plenas, información verificable y atención médica para los detenidos.

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· Comando ConVzla desmiente convocatoria a protestas. El comando liderado por María Corina Machado y Edmundo González desmintió llamados a movilizaciones nacionales para el fin de semana, aclarando que su estrategia es de protesta cívica organizada y que convocarán en las próximas horas a una gran movilización mundial. Busca evitar confusiones con llamados anónimos o violentos que circulan en redes y mantener el control de la estrategia opositora mayoritaria.

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· Disidencias de las FARC atacan con drones a comunidades indígenas en el sur de Venezuela. Organizaciones indígenas y la ONG Provea denunciaron ataques con drones y explosivos en zonas mineras del sur del país, además del secuestro de un capitán indígena. Los hechos ocurrieron en las últimas 24 horas y exigen respuesta estatal para recuperar control territorial. La violencia transfronteriza y la presencia de grupos armados siguen siendo uno de los mayores desafíos de seguridad. El conflicto afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado de ejercer soberanía en áreas mineras estratégicas. La denuncia configura un episodio grave de control armado irregular en el sur de Venezuela: No se trata solo de un secuestro, sino de un ataque contra una autoridad indígena y contra la población que intentó localizarla. De confirmarse, el uso de drones con explosivos evidencia una capacidad operativa que supera la lógica de delincuencia común y profundiza la erosión de la soberanía estatal en una zona minera estratégica.

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· Convocan a protestas en Lara por fallas críticas en el sistema eléctrico. La dirigencia político-social del partido Causa R formalizó un llamado a movilización ciudadana general en la ciudad de Barquisimeto. La protesta busca denunciar el colapso continuado del servicio eléctrico regional, caracterizado por extensos racionamientos de energía que se agudizaron tras el doble sismo y que paralizan el comercio y las actividades cotidianas en el estado Lara. La entidad enfrenta una crisis eléctrica persistente y agravada, los racionamientos y fallas son diarios, especialmente en los municipios Iribarren (Barquisimeto y alrededores) y Palavecino. No existe un cronograma oficial público y confiable de Corpoelec que informe en detlle su plan de “ahorro de carga”, lo que genera incertidumbre permanente en la población. Los cortes afectan directamente el suministro de agua en los sistemas de bombeo, el comercio, la industria y el uso de equipos médicos en hogares. Se han registrado protestas y cacerolazos en Barquisimeto y otras zonas durante la primera semana de agosto.

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· En 2026 la crisis eléctrica en Lara se agravó de forma marcada respecto a 2025. Solo en mayo se registraron 669 cortes que sumaron 2.699 horas sin servicio, lo que representó un aumento de 556 % en el número de interrupciones y de 1.182 % en las horas a oscuras frente al mismo mes del año anterior. Entre abril y mayo los cortes crecieron 32 % y el tiempo sin luz 80 %. Entre 2022 y 2025 el estado ya había acumulado más de 28.000 horas de interrupción, equivalentes a más de tres años de apagón continuo, según el monitoreo de Activos por la Luz. Los factores que profundizaron el deterioro en 2026 incluyen el déficit estructural de generación y transmisión por años de desinversión, los daños causados por los terremotos del 24 de junio (especialmente en TermoCarabobo y líneas del centro-occidente), la alta demanda, la falta de mantenimiento y la ausencia de información oficial transparente sobre la administración de carga. Para las autoridades locales esta contingencia parece no existir.

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· Centros comerciales aplican nuevas normativas de ahorro energético. Autoridades y administraciones de centros comerciales en Caracas anunciaron medidas de ahorro energético ante la crisis eléctrica. Las medidas reflejan la gravedad del déficit energético y la necesidad de coordinación entre sector privado y gobierno. El dato más útil para dimensionar el impacto comercial es que las ventas en centros comerciales cayeron al menos 70% desde 2017, según estimaciones de ejecutivos del sector recogidas por el International Council of Shopping Centers; además, la afluencia de visitantes descendió 30% en 2017 y otro 30% en 2018, de acuerdo con un estudio de Cavececo.

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· No es una medición actualizada de 2026 ni atribuye toda la caída exclusivamente a la electricidad, pero permite mostrar que apagones, menor horario operativo y deterioro económico reducen tráfico, ventas y rentabilidad. Cavececo sostiene que los centros comerciales representan apenas 2,7% de la demanda eléctrica nacional, por lo que las medidas pueden contribuir a aliviar picos locales, pero difícilmente resolverán el déficit estructural del sistema. Para los comercios, la autogeneración traslada parte del costo de la crisis al sector privado: combustible, mantenimiento de plantas, reposición de equipos y eventuales limitaciones de horario pueden comprimir márgenes, sobre todo en pequeños negocios con poca capacidad para absorber gastos adicionales. El antecedente de racionamiento de 2016 mostró que los gremios alertaban sobre afectación de ventas y empleo cuando se reducían horas de operación.

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· Comisión parlamentaria evalúa reformas al marco legal del sector eléctrico nacional. Un subcomité de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión de trabajo en el Palacio Federal Legislativo para revisar proyectos de ley orientados a permitir esquemas mixtos de inversión en el sistema eléctrico. La propuesta busca atender la crisis recurrente de generación y distribución en estados del interior. El déficit energético impacta la productividad industrial y la calidad de vida comunitaria. La eventual apertura del sector a financiamiento privado o descentralizado marcaría un viraje en la gestión del sector público energético.

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· Alerta agropecuaria por sequía extrema del “Súper Niño” en la Guajira. Productores ganaderos y agrícolas del norte de la subregión de la Guajira, en el estado Zulia, reportaron pérdidas masivas de ganado debido a una sequía sin precedentes históricos. El fenómeno climático global conocido como “Súper Niño” secó los pozos artificiales de agua y los pastizales, amenazando el abastecimiento cárnico y lácteo de la entidad occidental.

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· Un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el territorio de Colombia sacudió el Eje Cafetero y las ciudades de Quibdó, Cali y Pereira, provocando derrumbes terrestres masivos y un saldo inicial de 111 víctimas fatales. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en diversas regiones de Venezuela, reviviendo el pánico colectivo entre miles de venezolanos que residen de forma interna o en calidad de migrantes en Bogotá y otras zonas colombianas.

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· Las labores de búsqueda y rescate continúan este martes en el occidente de Colombia, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 132 muertos y más de 570 heridos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El sismo, ocurrido ayer lunes a las 07:34 hora local con epicentro en San José del Palmar (Chocó) a unos 100 kilómetros de profundidad, es el de mayor magnitud registrado en el país en la última década. Las ciudades más afectadas son Pereira (Risaralda), con alrededor de 60 fallecidos, y Cali (Valle del Cauca), donde se reportan decenas de muertos y al menos 30 estructuras colapsadas con personas aún atrapadas.

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· El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia nacional y desplegó equipos de rescate, militares y voluntarios que trabajan entre los escombros. Se estima que más de 1.500 viviendas resultaron dañadas y al menos 61 edificios colapsaron por completo. Varios aeropuertos permanecen cerrados y se han impuesto toques de queda en Cali y Pereira para garantizar el orden. El Servicio Geológico Colombiano ha registrado decenas de réplicas, la mayor de magnitud 4,8, y advirtió que podrían continuar en los próximos días. Las autoridades mantienen la alerta mientras avanzan las operaciones de rescate y la evaluación de daños en hospitales, escuelas y vías.

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· Comunidades del estado Zulia exigen plan prioritario para el saneamiento del Lago de Maracaibo. Voceros comunitarios y pescadores artesanales se concentraron en las adyacencias de la costa del municipio San Francisco, estado Zulia, para solicitar la intensificación de las labores de recolección de verdín y desechos petroleros que afectan las faenas pesqueras locales. El deterioro ambiental del Lago de Maracaibo pone en riesgo el sustento económico de miles de familias del occidente del país e ilustra la urgencia de coordinar políticas de desarrollo sostenible entre el gobierno central y las alcaldías locales.

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· Efemérides.

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· Batalla de Naguanagua (1822): Se conmemoran 204 años de este decisivo enfrentamiento de la gesta emancipadora, donde las fuerzas patriotas de la Gran Colombia bajo el mando del general José Antonio Páez doblegaron a las tropas realistas de Francisco Tomás Morales.

· Aniversario de la Plaza Francia (1945): Hace 81 años se inauguró en Caracas este emblemático espacio público bajo su nombre original de “Plaza Altamira”. Modificó su denominación posterior a Plaza Francia mediante un acuerdo internacional de hermanamiento urbano que dio origen a la Place du Venezuela en París.

· 1951. Fundación de la Universidad de Carabobo. Institución clave en la formación profesional del país. Hoy, su rol es central en la evaluación de daños post-terremoto y en la discusión sobre autonomía universitaria. En 1951, Venezuela era presidida por Germán Suárez Flamerich, como presidente de la Junta Militar de Gobierno. Ejerció entre 1950 y 1952, tras el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud y antes de que Marcos Pérez Jiménez asumiera formalmente el poder en diciembre de 1952.

· 2004. Referendo revocatorio presidencial en Venezuela. Primer proceso de este tipo en la región. Su vigencia se refleja en las discusiones actuales sobre mecanismos constitucionales para resolver crisis políticas.

· Día Internacional de la Asistencia Humanitaria (ONU). Conecta directamente con la emergencia posterior al doble terremoto del 24 de junio y la presencia de misiones internacionales en zonas afectadas.

· Natalicio de Lucho Gatica (1928): Se recuerda el nacimiento del legendario cantante chileno de boleros y actor, considerado uno de los exponentes musicales más influyentes de Hispanoamérica.

· 1790 – Huracán en la isla de Margarita. Un temporal de aproximadamente dos horas encalla embarcaciones en el Puerto Real de Pampatar; las fortificaciones resisten. Recuerda la vulnerabilidad histórica de las costas venezolanas frente a fenómenos naturales, en un contexto de recuperación post-sismos de junio 2026 y amenazas climáticas (El Niño

· 1863/1869 – Nacimiento de Candelaria de San José (Beata Madre Candelaria. Religiosa venezolana, fundadora de las Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria. Relevancia: símbolo de trabajo social y cuidado de los más vulnerables; conecta con las demandas actuales de atención humanitaria, salud y asistencia a damnificados y presos políticos.

· 1936. Nacimiento de Carmen Susana Duijm Zubillaga. Primera latinoamericana coronada Miss Mundo. Relevancia: hito de proyección internacional de Venezuela; dialoga con la actual visibilidad de figuras venezolanas en el exterior y la diáspora.

· 1939. Nacimiento de Gerry Weil. Músico y maestro del jazz venezolano. Relevancia: contribución a la identidad cultural contemporánea; refuerza el valor del arte como espacio de expresión en contextos de restricción y recuperación. Fuente: biografías musicales y portales culturales venezolanos.

· 1974. Fallecimiento de Vicente Emilio Sojo. El maestro Sojo fue una figura central en la institucionalización de la educación musical venezolana y en la construcción de una identidad musical nacional. Su legado permite conectar la coyuntura actual con la necesidad de preservar instituciones culturales y patrimonio en un país sometido a fuertes transformaciones sociales.

· Apertura de la frontera Venezuela-Colombia. 2016. Venezuela y Colombia acuerdan la reapertura gradual de la frontera. El 11 de agosto de 2016, los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos acordaron la apertura progresiva de la frontera binacional, cerrada desde 2015. La fecha adquiere especial interés en un momento en que Venezuela y Colombia vuelven a estar estrechamente conectadas por asuntos de seguridad, migración, comercio y respuesta ante desastres naturales.

· 1870 . Antonio Guzmán Blanco es elegido presidente interino. Efemérides históricas de Nueva Esparta registran que el 11 de agosto de 1870 el Congreso Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela eligió a Antonio Guzmán Blanco como presidente interino. La cita constituye un recordatorio de la larga historia venezolana de reorganizaciones políticas e institucionales, especialmente pertinente en un año marcado nuevamente por discusiones sobre transición y rediseño institucional.

· 1822. Batalla de Maracaibo Hito naval precursor de la independencia lacustre. Se consolidan las operaciones navales en la cuenca del Lago de Maracaibo tras la gesta de la Batalla Naval del Lago, asegurando la expulsión definitiva de las fuerzas realistas en la provincia de Zulia. El control soberano y estratégico sobre la cuenca del Lago de Maracaibo continúa siendo un punto crítico para la infraestructura energética y comercial del occidente venezolano, así como un símbolo de debate sobre el centralismo versus las autonomías regionales.

· 1974 – Creación de la Biblioteca Ayacucho. Mediante decreto presidencial se crea la editorial estatal encargada de revalorizar y difundir el pensamiento, la literatura y la historiografía clásica latinoamericana y caribeña. Evidencia la importancia del patrimonio editorial e intelectual del país en momentos en que la industria del libro y el acceso a la cultura enfrentan retos presupuestarios y de preservación digital.

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· Cultura y Tradición.

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· La opinión pública y el gremio musical continúan rindiendo tributo al maestro Simón Díaz con motivo del 98.º aniversario de su nacimiento celebrado el pasado 8 de agosto. En las últimas horas, se hizo viral la versión de la violinista venezolana María Virginia García (”Mavi”), quien interpretó de forma instrumental la clásica pieza de pasaje llanero “Caballo Viejo”, la composición folclórica nacional con mayor cantidad de adaptaciones e interpretaciones a escala global.

· Joaquina vuelve a poner la identidad venezolana en el centro de su música. La cantautora venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023, presentó recientemente “Verano en la ciudad”, primer adelanto de un próximo álbum. La artista habló de su regreso a Miami, de la experiencia migratoria y de su vínculo con Venezuela. El lanzamiento adquiere relevancia porque la diáspora venezolana continúa siendo una de las experiencias sociales centrales del país. En la obra de Joaquina, la migración aparece no solo como desplazamiento geográfico sino como construcción de identidad, memoria y pertenencia. La joven cantante esta vinculada a notables familias de Barquisimeto.

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· Venezuela en la prensa internacional.

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· La imagen predominante de Venezuela hoy es la de un país atrapado entre una emergencia humanitaria masiva y una transición política dirigida y tutelada desde Washington. Los medios internacionales coinciden en destacar la fragilidad institucional, el peso del desastre natural y la incertidumbre sobre el cronograma electoral. El tono es de cautela, con mayor atención que semanas anteriores debido a la reunión con EE.UU. y a la actualización de cifras del terremoto. Se mantiene atención alta respecto a semanas anteriores por la combinación de diálogo, presencia estadounidense y crisis de servicios/DDHH. El tono es mayoritariamente descriptivo-analítico, con énfasis en riesgos de legitimidad (exclusión de liderazgos populares) y en la necesidad de resultados verificables en derechos humanos e instituciones.

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· Venezuela entra en una nueva fase de recuperación petrolera. Un reportaje publicado este 11 de agosto señala un fuerte repunte de la actividad petrolera venezolana, con una producción situada alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, según las fuentes consultadas por Le Monde. El crecimiento está asociado a la participación de empresas extranjeras y al nuevo esquema de relaciones con Estados Unidos. ([Le Monde.fr. La recuperación petrolera constituye el principal motor potencial de ingresos para Venezuela. Sin embargo, persiste una brecha entre la recuperación de la producción y las condiciones de vida en zonas petroleras como Zulia: Le Monde documenta problemas de electricidad, agua e infraestructura en Cabimas. Fuentes: Le Monde, reportaje internacional.

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· OPEP reporta ajuste moderado en la producción petrolera venezolana durante el último mes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó su informe mensual en Viena, señalando que las fuentes secundarias registraron variaciones menores en el bombeo diario de crudo venezolano durante las últimas semanas, manteniendo la producción en torno a los niveles previos sin grandes fluctuaciones estructurales. El comportamiento del flujo petrolero es vital para las proyecciones de divisas e ingresos fiscales de la nación. La estabilidad o estancamiento del bombeo influye directamente en los planes de inversión pública, la liquidez bancaria y el margen de gasto social del Ejecutivo nacional.

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· Inversionistas mantienen cautela ante la incertidumbre política venezolana. El mismo reportaje de Le Monde señala que, pese al repunte de la actividad petrolera, inversores internacionales mantienen dudas sobre el futuro político del país, la seguridad jurídica de los contratos y la continuidad del actual marco institucional. La noticia revela una tensión central del proceso venezolano: la apertura petrolera puede avanzar más rápido que la institucionalización política. Para las inversiones de largo plazo, la previsibilidad jurídica y política sigue siendo un factor decisivo.

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· Reuters / AP / AFP – Noticias. Enfatizan la reconstrucción post-terremoto, la transición tutelada por EE.UU. y la reunión de Delcy Rodríguez con funcionarios estadounidenses. Subrayan la fragilidad institucional y la urgencia humanitaria.

· RTVE – Reportaje. Analiza la transición democrática en un país devastado por el terremoto y la captura de Maduro. Destaca el rol de Washington y el hermetismo del diálogo.

· El País – Análisis. Se centra en la negociación política y la ausencia de la principal fuerza opositora. Señala que el chavismo busca ganar tiempo mientras EE.UU. define el ritmo del proceso.

· DW / BBC – Cobertura regional. Relacionan la crisis venezolana con la inestabilidad regional y con la expansión de grupos armados en zonas fronterizas.

· Reuters / AP / EFE / AFP (noticias): Enfocan la reunión Delcy Rodríguez-EE.UU. como señal de cooperación económica y post-sismos, y el diálogo político como proceso tutelado por Washington hacia una transición, destacando la exclusión de Machado y las prioridades institucionales (CNE, TSJ).

· El País / Infobae / La Nación: Análisis y reportajes subrayan el carácter híbrido de la transición (gobierno interino bajo influencia estadounidense tras la captura de Maduro en enero), la persistencia de restricciones a la prensa y DDHH, y la urgencia de la recuperación tras los terremotos de junio.

· DW / BBC y otros: Cobertura del diálogo y de la crisis eléctrica/humanitaria, con énfasis en el rol del petróleo y las sanciones residuales.

· Reuters (Agencia de noticias – Reporte económico): Centra su atención en las proyecciones de exportación de crudo y la ejecución de contratos energéticos vigentes en suelo venezolano, destacando el rol del país dentro de la dinámica energética regional.

· El País – España (Diario global – Análisis político): Examina el estado de la interlocución diplomática entre Caracas y las capitales europeas, subrayando el balance entre las demandas socioeconómicas internas y las relaciones exteriores.

· Associated Press – AP (Agencia de noticias – Noticia de movilidad): Aborda el impacto de las políticas migratorias latinoamericanas sobre las comunidades de venezolanos en el exterior, enfocándose en la integración económica y los procesos de visado.

· Deutsche Welle – DW (Medio internacional – Reportaje de derechos humanos):** Cubre las evaluaciones presentadas por ONG independientes respecto al sistema judicial y el seguimiento ambiental en las zonas de extracción minera del sur de Venezuela.

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· Alfredo Alvarez/CNP 5289