El acuerdo entre Corpoelec y la empresa de origen argentino IMPSA contempla la reactivación y culminación de las obras en las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua, con el respaldo político y diplomático de la administración de Estados Unidos.
Un par de detalles que preocupan sobre el acuerdo Impsa y Corpoelec, respaldado por EEUU.
La embajada de EEUU en Caracas celebró, sin matices, el acuerdo entre Corpoelec e Impsa para rehabilitar Tocoma y Macagua, enmarcándolo en el «plan de tres fases» del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. No obstante, el historial de Impsa no es precisamente limpio. Se trata de la misma empresa que dejó Tocoma a medio construir hace una década, con un presupuesto que escaló de $3.000 millones a más de $9.000 millones y un desfalco de más de $3.000 millones certificado por la propia Asamblea Nacional. Quebró, fue rescatada por el Estado argentino y, en 2025, la privatizó Milei.
Gracias a esa acción, la compró el fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund, cuyo socio principal es Arc Energy, del venezolano Jason Arceneaux, señalado en distintos reportes como financista de la campaña de Trump. Pagaron $27 millones por ella, asumieron una deuda de $576 millones, y ahora la nueva directiva le reclama al Estado venezolano más de $350 millones por supuestas deudas viejas.
Y quién dirige la «nueva» Impsa desde julio de 2025 es su presidente, Jorge Salcedo Hernández, el mismo abogado que en 2017 defendió a Samark López Bello ante las sanciones del Tesoro por servir de testaferro a Tareck El Aissami —ambos hoy presos en Venezuela por el caso PDVSA-Cripto. En el directorio también figura, según reportes, Hidalgo Socorro, excontratista petrolero que le vendió 42 remolcadores a PDVSA por $145 millones, estuvo ligado a la contratación irregular del semisumergible Aban Pearl —que después naufragó— con un sobreprecio de $257 millones, según la AN, y hasta hace unos meses seguía litigando contra la propia PDVSA por esos mismos remolcadores.
Este acuerdo, además, generó dudas por la falta de licitación pública. Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela, ha cuestionado por qué se volvía a firmar con esta empresa sin explicar qué pasó con los pagos anteriores. El ingeniero y dirigente opositor Jesús Armas también criticó el procedimiento de adjudicación: “Lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente”.
En momentos donde la infraestructura energética del país está colapsada, con millones de venezolanos afectados diariamente por constantes cortes de luz, un proyecto tan importante como la rehabilitación de Tocoma y Macagua debería tratarse mucho mejor. Con más transparencia y
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