ÚLTIMA HORA URGENTE!!! Tras el anuncio de Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, en representación de la sociedad civil organizada venezolana, llama a un Paro Nacional y Paro Petrolero, activación del artículo 350 de la constitución chavista.
La doctora Blanca Rosa Mármol de León, en nombre de la sociedad civil venezolana, convoca a un Paro Nacional y Paro Petrolero como respuesta a la crisis política y social, invocando el artículo 350 de la Constitución chavista.
Este artículo permite la movilización ciudadana ante amenazas a la soberanía o estabilidad del Estado.
Su llamado busca ejercer presión pacífica para exigir cambios, destacando la necesidad de reactivar mecanismos democráticos frente al autoritarismo.
La acción resalta la importancia del papel de la sociedad civil en la defensa de los derechos fundamentales.
El artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece que el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana y a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o que menoscabe los derechos humanos.
Las condiciones o supuestos que activan este artículo son, conforme a su propio texto:
- Cuando se instaure un régimen que contraríe los valores, principios y garantías democráticos. Es decir, cuando un poder o gobierno actúe en contra del sistema democrático.
- Cuando se dicte una legislación que atente contra esos valores y principios democráticos.
- Cuando se ejerza una autoridad que menoscabe o vulnere los derechos humanos.
En síntesis, el artículo faculta al pueblo a desconocer (no obedecer) la autoridad, el régimen o las leyes que no respeten la democracia y los derechos humanos. Es una norma de contenido más bien programático y simbólico; su aplicación práctica ha sido objeto de interpretaciones diversas, pues no establece un mecanismo concreto de activación ni procedimientos definidos, sino que se plantea como una cláusula de «legítima desobediencia» ante regímenes contrarios a los principios democráticos.
