En Venezuela, atravesar una alcabala ya no significa únicamente un control rutinario de tránsito. Para muchos ciudadanos, se ha convertido en un punto de intimidación, donde la arbitrariedad y la extorsión se imponen sobre la ley. La exigencia de desmontar puntos de control para frenar la extorsión vial se alinea con los anuncios recientes del Ejecutivo nacional sobre la eliminación de las alcabalas policiales urbanas en todo el territorio venezolano.
Con este anuncio de la Usurpación Interina, el ilegítimo gobernador larense, Luis Reyes Reyes debe acatar los lineamientos y así desmontar las alcabalas y persecución de los agentes de ´Polilara, que con un talonario de recibo en mano fijan su mirada hacia el conductor de un vehículo automotor y otros escondiéndose entre árboles, para ordenar detenerse y señalar la entrega de la documentación del vehículo, licència, certificado médico entre otros, porque dependiendo de los que no estén en regla le fijan el monto de la matraca, que es una conducta extorsiva a los conductores por haber infringido la Ley de Trànsito, como no colocarse el cinturón, irrespetar la luz verde, estacionarse indebidamente y son entrenados, para darle a conocer los montos de la multa a tasa euro, que deben ser pagados vía pago móvil y muchas veces, se tranzan con el infractor por un monto menor.
Estàs actuaciones son a raíz de una ilegal aprobación por el Consejo Legislativo 2021-/2025, de una Ley de Convivencia Seguridad y Paz Ciudadana, a solicitud del gobernador Adolfo Pereira y la misma contradice a la Ley de Trànsito Terrestre, por cuanto se apodera de competèncias nacionales, por lo cual no puede fijar sanciones gravosas a conductores en abierta violación a la ley marco. por la Asamblea Nacional promulgada el 1ro de agosto del 2008.
Su desmonte es clave para restablecer la confianza ciudadana y garantizar una seguridad real, no coercitiva. En su lugar, se debe reforzar la presencia policial con transparencia y control institucional, promoviendo políticas de seguridad integral basadas en el respeto a los derechos humanos.
El Frente Anticorrupción (FAVENP), que me honro en presidir, tuvimos la intención de demandar por ante la Sala Constitucional que està facultada, para declarar la nulidad de esta ley estadal, que colida con la Ley Orgánica de Trànsito Terrestre, ya que los Estados, carecen de potestad legislativa, para aplicar o alterar multas por infracciones de trànsito, ya tasadas a nivel nacional y desistimos de la misma en vista de que, al no existir institucionalidad judicial la misma, iría directo al engavetamiento.
Exhortamos al sr. gobernador, que paralice estos cobros ilegales, que se prestan a corruptelas y ponga en pràctica un programa de educación vial, utilizando estas altas y groseras partidas presupuestarias, que alegremente le aprueban los sumisos legisladores regionales larenses, para fortalecer estos programa que tiendan a inculcarles valores, que formen un ciudadano conductor respetuosos de las leyes, como la de tránsito terrestre y no derroche estos recursos pagando influencers y cuñas de ràdio, vendiendo una gestión, que no se ve, ni se siente por ningún lado.
Contralor Itinerante
La eliminación de puntos de control y alcabalas policiales urbanas responde a una necesidad urgente de combatir la extorsión vial y restaurar la confianza ciudadana. Aunque el Ejecutivo ha anunciado estas medidas, su implementación efectiva depende de la transparencia y seguimiento por parte de instituciones como el Frente Anticorrupción. Denuncias recurrentes sobre abusos en estos controles evidencian que la lucha contra la corrupción requiere no solo políticas públicas, sino también mecanismos de rendición de cuentas eficientes.