Los hijos de Martín Bastidas aseguran que su padre aceptó una sociedad para sembrar, y ahora, tras año y medio de su muerte, el primo del presidente fallecido dice ser el dueño de la finca Santa Rita, de 84 hectáreas en el caserío Veguitas, adyacente a los silos de cerca de Sabaneta en el estado Barinas.
Integrantes de la familia Bastidas Montaña, han elevado una denuncia pública sobre la situación legal y territorial que afecta a la finca agropecuaria AGROBASMONCA. En febrero de 2011, el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia.
Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.
Según manifestaron los legítimos accionistas de la sociedad mercantil —entre quienes figuran María Eva, César Augusto y Lisbeth Josefina Bastidas Montaña, junto a Eddy Isabel, Gudelia, Alexis, Carlos Martín y Enrique Bastidas Azuaje—, el conflicto data de hace nueve años tras el fallecimiento del fundador de la unidad de producción, momento desde el cual sostienen una disputa legal por la restitución de las tierras contra el ciudadano Israel Chávez, familiar directo del fallecido presidente Hugo Chávez.
Este tipo de acciones, nos tienen acostumbrado los Chávez en Barinas, tal fue el caso de uno de sus sobrinos, Francisco Chávez, exdirector de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa.quien ha sido acusado de liderar la invasión; a pesar que existe un decreto de “No a las Invasiones”, emitido en el 2011 por el propio Gobernador del estado.
En estos predios con una tradición exclusiva de siembra de cereales, pesa una medida de protección alimentaria que en principio fue concedida por la juez Ninoska Grima por espacio de un año, pero que debido al “enredo” judicial donde no se ha logrado dilucidar si el beneficiario es el dueño de la finca, la nueva juez agraria del municipio Alberto Arvelo Torrealba, María Carpio, la rebajó a seis meses, en lo que presumen los afectados como una forma de intentar complacer a ambas partes.
La forma como se ha manejado este caso ha puesto en riesgo la sucesión o herencia de la familia Bastidas Montaña, quienes exigen que les sea devuelta la finca Santa Rita al alegar que cuentan con documentos probatorios de la adquisición que hizo su padre en el año 1965 al extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) y que luego en el año 1995 constituyó en una agropecuaria de la cual los socios son sus siete hijos.
La historia que ha desatado actualmente el malestar de la familia comenzó en el año 2013, cuando Martín Bastidas (fallecido) aceptó tener una sociedad para sembrar con el primo de Hugo Rafael Chávez Frías y hermano del diputado Asdrúbal Chávez. Explican los afectados que el acuerdo se basó en que Bastidas aportaba las tierras y Chávez los insumos, por lo que, la ganancia de la producción era por mitad.
Lisbeth Bastidas, hija de Martín Bastidas, dijo que el socio de su padre ha presentado en el Tribunal Agrario un documento con el que pretende demostrar que es el nuevo dueño de la finca, pero que en las diligencias se han detectado errores, como por ejemplo, “dice que mi madre firmó y ella está viva entonces busca prevalecer su versión sobre la de mi mamá”.
Los afectados señalan que Chávez habría tomado posesión del predio de forma irregular y que, presuntamente, ha venido comercializando y fraccionando los terrenos sin contar con la titularidad ni la autorización legal correspondiente.
Ante esta situación y tras emprender acciones ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la familia decidió retomar la actividad agrícola en el lote.
No obstante, los copropietarios denunciaron que este miércoles efectivos adscritos a los cuerpos de seguridad ciudadana ejecutaron un procedimiento de desalojo contra los familiares que se encontraban realizando labores de cultivo en el lugar.
Marco legal y llamado a las autoridades agrarias
Los denunciantes sostienen que la actuación de los organismos policiales en este tipo de procedimientos resulta improcedente de acuerdo con la legislación agraria vigente, la cual establece que los desalojos e inspecciones relativas a la tenencia de la tierra corresponden de manera exclusiva al INTI o a los tribunales agrarios competentes mediante dictámenes formales.
Ante estos hechos, la familia Bastidas Montaña hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y a los órganos rectores en materia agraria para que intervengan, revisen el estatus legal de la propiedad y garanticen la protección de sus derechos patrimoniales sobre las 84 hectáreas de la finca AGROBASMONCA.
Ante estas circunstancias que mantiene en los predios a los herederos de Martín Bastidas y los obreros del hermano del diputado Asdrúbal Chávez, predomina el poder de éste último quien desde el mes pasado “mandó a sembrar sorgo para justificar la medida de protección sobre 77 hectáreas que le fue concedida, pero solo lleva 20 hectáreas trabajadas sin nada que garantice la calidad de la misma”.
La familia Bastidas Montaña solo espera que las autoridades judiciales actúen como corresponde, sin parcialidad alguna, “para que puedan determinar quiénes son los dueños verdaderos de la finca Santa Rita”.
The EL News