Delcy Rodríguez busca legitimar a Leopoldo Alejandro Betancourt López mediante su vinculación con proyectos petroleros, presentándolo como asesor técnico. Sin embargo, Betancourt está investigado por corrupción y actividades empresariales sospechosas, lo que cuestiona la transparencia de su involucramiento.
Su supuesta colaboración con figuras internacionales como Trump refuerza sospechas de intereses ocultos más que de reforma genuina.
Este enfoque responde a una estrategia política para dar apariencia de legalidad a actores con historial controvertido, manteniendo el control del poder sin cambios sustanciales.
El debate en torno a Delcy Rodríguez y el polémico empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt López ha cobrado gran relevancia debido a investigaciones periodísticas que exponen su estrecha relación en la reactivación del negocio petrolero en Venezuela.
El pueblo venezolano ya sabe reconocer el libreto: un contrato cuestionado, negociaciones a espaldas de los ciudadanos y un poder que pretende decidir por todos como si Venezuela fuera una finca privada.
Delcy Rodríguez podrá intentar vestir de legalidad lo que muchos consideran un contrato fraudulento, pero la realidad no cambia con discursos ni decretos.
Delcy Rodríguez ha protegido personalmente los intereses de Betancourt. Su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), controla los pozos de Petrozamora, convirtiéndolo en uno de los operadores petroleros privados más grandes del país.
Rodríguez lo ha promovido activamente ante Washington como un puente útil y pragmático para canalizar inversiones estadounidenses bajo el nuevo esquema de apertura energética.
La narrativa de que se intenta «vestir de legalidad» sus operaciones responde a una serie de estrategias políticas, económicas y comunicacionales que buscan legitimarlo como un actor clave en la actual apertura al capital privado.
El empresario Alejandro Betancourt volvió a Venezuela a asesorar a la presidenta Delcy Rodríguez en la reactivación del negocio petrolero: el mismo sector en el que infló su fortuna y por el que hoy es investigado en Suiza y España”. Así lo publica el diario de España “El País”.
Ese contrato nació muerto: sin legitimidad, sin respaldo popular y con demasiadas preguntas sin responder. Porque cuando un gobierno necesita imponer decisiones a espaldas del pueblo, queda claro quién manda… y quién pretende hacer creer que todavía tiene legitimidad.
Cuatro empresas en Luxemburgo sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela.
Quienes critican este intento de legitimación apuntan a la contradicción histórica de su figura. Conocido originalmente como uno de los principales «bolichicos» (jóvenes empresarios que se enriquecieron con contratos estatales), Betancourt lideró la empresa Derwick Associates.
Durante la emergencia energética de los gobiernos chavistas, Derwick recibió millonarios contratos sin licitación que, según auditorías de la Asamblea Nacional y el OCCRP, registraron sobreprecios de más del 130%.
A pesar de haber dejado al país sumido en una crisis eléctrica estructural, ahora se le proyecta institucionalmente como un empresario «exitoso» y la solución para reflotar la industria del crudo.
En resumen, los cuestionamientos sobre un presunto «engaño» nacen del contraste entre el discurso de transparencia y legalidad económica que promueve el nuevo momento político, frente al blanqueo práctico de un empresario profundamente señalado por esquemas históricos de corrupción estatal.
Venezuela no es propiedad de ningún régimen
Enrique López Alfonzo
Periodista digital y de investigación independiente en Venezuela
Premio Latinoamericano de Oro
Editor de la plataformas El News de Venezuela