Resulta alentador que, por primera vez en mucho tiempo, la conversación internacional sobre Venezuela vuelva a detenerse en un asunto elemental para cualquier democracia digna de ese nombre: la libertad de prensa. Reuters, AFP, El País, HRW y distintos observadores internacionales han comenzado a colocar bajo la lupa la autocensura, las restricciones informativas y las condiciones en las que periodistas y medios intentan ejercer su oficio.
Era hora. Ninguna transición democrática se construye únicamente con barriles de petróleo, reuniones diplomáticas y fotografías protocolarias; también requiere ciudadanos informados, medios libres y periodistas que no tengan que ejercer su profesión mirando por encima del hombro.
En paralelo, la presencia de Delcy Rodríguez en Nueva York ilustra una de las transformaciones más sorprendentes de la política venezolana reciente. Aquellos tiempos del «Yankee Go Home» parecen haber quedado archivados en el mismo depósito donde reposan tantas consignas revolucionarias de utilidad temporal.
Hoy la prioridad es reunirse con Donald Trump, cultivar interlocución con Washington y exhibir normalidad diplomática. La geopolítica, como suele ocurrir, termina siendo una disciplina implacable con la coherencia ideológica. Sería deseable, sin embargo, que entre reunión y reunión existiera espacio para mencionar casos como el de Wilber Rafael Garcés, migrante venezolano baleado por agentes del ICE, o para recordar la situación de cientos de miles de venezolanos expuestos a políticas migratorias cada vez más restrictivas.
La ONU ofrece una tribuna privilegiada para denunciar abusos y defender a los nacionales en el exterior. Ojalá alguien en la delegación venezolana tome nota de que la protección consular también forma parte de los deberes del Estado. Mientras tanto, los derechos humanos continúan siendo la asignatura pendiente.
Tanto Human Rights Watch como los mecanismos de Naciones Unidas coinciden en señalar avances limitados y fragilidades persistentes.
La reducción de ciertos niveles de represión no equivale a la consolidación de garantías institucionales. La existencia de presos políticos, las denuncias sobre debilidades judiciales y las demandas de reformas estructurales recuerdan que la normalización diplomática avanza mucho más rápido que la normalización democrática.
Y, finalmente, aparece la realidad doméstica, siempre menos fotogénica que los escenarios internacionales. Mientras el país intenta proyectar una imagen de recuperación, los datos sobre el deterioro eléctrico y el impacto económico de los servicios públicos narran otra historia. Si el 98% de los hogares se ve afectado por las fallas del sistema eléctrico y cientos de miles de personas han perdido oportunidades de empleo por el colapso de los servicios básicos, la discusión sobre el progreso nacional adquiere matices inevitables.
La paradoja es tan vieja como reconocible: brillo diplomático afuera, penumbras adentro. Como decía mi madre, y como los hechos se empeñan en recordar, no hay estrategia internacional capaz de ocultar indefinidamente la diferencia entre ser candil de la calle y oscuridad de la casa.