La cesta alimentaria supera los 755 dólares; una cifra que para millones de venezolanos pertenece más al terreno de la literatura fantástica que al de la planificación doméstica
sep 22
La alfombra roja y las manchas del sótano · · Mientras Delcy Rodríguez desfila por los pasillos de Nueva York entre reuniones, saludos protocolarios y fotografías cuidadosamente encuadradas, hay asuntos menos fotogénicos que insisten en aparecer en la escena. Son esos detalles incómodos que la diplomacia procura dejar fuera del lente, pero que terminan colándose por alguna rendija de la realidad. El primero de ellos es el de los presos políticos. Resulta revelador que un tema tan central para la vida institucional venezolana haya quedado fuera de la agenda formal del diálogo auspiciado por Washington. Se conversa sobre petróleo, financiamiento, deuda, organismos multilaterales y reconstrucción económica. Todo muy importante. Pero la libertad de quienes siguen encarcelados por razones políticas parece haber sido colocada en una discreta nota al pie. Una curiosa forma de construir consensos: discutir el futuro mientras algunos siguen esperando justicia en el presente. La paradoja se amplifica cuando Naciones Unidas recuerda que los mecanismos de represión no han desaparecido. Cambian los discursos, se modifican los escenarios y se multiplican las reuniones de alto nivel, pero las advertencias internacionales mantienen el mismo mensaje esencial: la estructura de control político permanece viva y operativa. Dicho en términos menos diplomáticos, la represión sigue vivita y coleando, aunque ahora circule con acreditación internacional. Algo parecido ocurre con la información. La reapertura de portales de noticias bloqueados avanza con la misma lógica aplicada durante años a los presos de conciencia: liberaciones parciales, temporales, condicionadas y siempre reversibles. Hoy respiran, mañana vuelven a ser asfixiados. Se concede un espacio, luego se restringe otro. Se habilita una ventana para volver a colocarle barrotes poco después. Una libertad dosificada deja de ser libertad para convertirse en concesión administrativa. Entretanto, la economía continúa ejerciendo de aguafiestas profesional. La cesta alimentaria supera los 755 dólares; una cifra que para millones de venezolanos pertenece más al terreno de la literatura fantástica que al de la planificación doméstica. El ciudadano común contempla los precios como quien observa una exposición de artículos de lujo: sabe que existen, pero difícilmente podrá llevárselos a casa. El panorama adquiere tintes aún más surrealistas cuando la pensión del IVSS apenas alcanza unos centavos de dólar diarios. Los bonos oficiales aparecen entonces como un mecanismo de supervivencia selectiva: discrecionales, insuficientes y reservados a quienes permanecen dentro de los circuitos de lealtad política. La tercera edad venezolana, después de toda una vida de trabajo, sigue esperando que alguien le explique cómo convertir quince centavos en dignidad. Y como invitado permanente de cualquier conversación nacional aparece el sistema eléctrico. No importa cuántos acuerdos se anuncien en Manhattan ni cuántas sonrisas protocolarias se acumulen en los salones de la ONU. Venezuela sigue siendo un país donde la incertidumbre energética forma parte de la rutina diaria. El apagón, más que una contingencia, se ha convertido en una metáfora de gestión pública. Nada de esto invalida el evidente éxito diplomático de la delegación venezolana en Nueva York. Sería necio desconocer la importancia de la reinserción internacional, la reapertura de canales financieros o la normalización de relaciones con organismos multilaterales. Pero el brillo de las candilejas internacionales encuentra límites cuando se contrasta con la persistencia de problemas fundamentales. Porque la política exterior puede cambiar de tono; la realidad interior, no tanto. Y al final, por más extensa que sea la alfombra roja desplegada en la ONU, siempre existe el riesgo de que alguien levante una esquina y descubra lo que aún permanece debajo. Ahí siguen los presos olvidados, los medios parcialmente liberados, los jubilados empobrecidos y los apagones recurrentes. Pequeños accidentes de la realidad que se empeñan en competir con la narrativa del éxito. Y que, para desgracia de los expertos en protocolo, tienen la costumbre de no desaparecer cuando se apagan los flashes. Setiembre 22 de 2026 Por aquí se dice: · · La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York ayer 21 de septiembre para intervenir en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas marca un punto de inflexión simbólico y práctico en la trayectoria reciente de Venezuela. Por primera vez desde 2018, un jefe de Estado venezolano vuelve al escenario multilateral de más alto nivel, apenas ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y de la asunción interina de quien fuera su vicepresidenta. Los hechos son claros y documentados. Rodríguez no intervino este lunes en el plenario; su discurso está programado para el jueves 24. A su llegada enfatizó la defensa de los principios venezolanos, la paz, el diálogo y la cooperación. Durante la jornada sostuvo encuentros de alto nivel con el presidente del BID, Ilan Goldfajn; la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y el secretario general de la ONU, António Guterres. · · Estos contactos se enmarcan en la progresiva normalización de relaciones con la banca multilateral, interrumpidas desde 2019, y apuntan a asistencia técnica, evaluación de deudas pendientes -estimadas en unos 2.500 millones de dólares con esos organismos- y posibles mecanismos de financiamiento, incluyendo recursos para la recuperación post-terremotos de junio. Este martes está previsto un encuentro informal con el presidente Donald Trump, el primero entre un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años. · · El gobierno de Caracas presenta esta presencia como un “triunfo de la diplomacia de paz” y la recuperación del estatus internacional del país. En términos prácticos, los encuentros con los organismos financieros abren canales que podrían facilitar estabilización macroeconómica, reestructuración de deudas y atracción de inversión, especialmente en un contexto de acuerdos energéticos recientes con Estados Unidos. La recepción al más alto nivel por parte de estas instituciones y de Guterres otorga un grado de reconocimiento institucional que Caracas no tenía desde hace años. Mientras el oficialismo lo presenta como triunfo diplomático, opositores y analistas críticos lo ven como parte de una normalización impulsada por intereses petroleros y de Washington, sin resolver de fondo problemas de gobernabilidad y derechos humanos. · · Sin embargo, el cuadro está lejos de ser unívoco. La ausencia de cualquier anuncio o indicio de visita a Maduro en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn —a apenas 15 kilómetros de la sede de la ONU— resulta elocuente. No hay información pública de que se haya solicitado ni autorizado tal encuentro. Esta omisión, en un momento de máxima visibilidad diplomática, subraya la distancia política y personal que se ha instalado entre la actual dirección interina y el anterior presidente, ahora procesado en Estados Unidos. · · Además, la normalización económica y diplomática avanza sin que se hayan resuelto de fondo las cuestiones de legitimidad democrática interna. Rodríguez no fue electa en comicios presidenciales; su cargo se deriva de la secuencia de acontecimientos de enero. Sectores de la oposición y de la diáspora cuestionan que esta reinserción internacional se produzca sin un calendario electoral claro ni reformas institucionales profundas. Los organismos multilaterales, por su parte, priorizan la estabilidad y la reconstrucción económica, pero cualquier financiamiento significativo estará condicionado a transparencia, datos confiables y avances en gobernabilidad. · · En síntesis, lo que se observa en Nueva York es un ejercicio de realismo pragmático: Caracas busca recursos, reconocimiento y espacio de maniobra; Washington y los organismos financieros priorizan la estabilización de un país con las mayores reservas petroleras del mundo. El resultado inmediato es una apertura diplomática y financiera real, pero todavía frágil y condicionada. La prueba definitiva no estará en los pasillos de la ONU ni en las reuniones bilaterales de esta semana, sino en si esta normalización se traduce en beneficios tangibles para la población venezolana y en un horizonte político más inclusivo y previsible. Por ahora, el proceso avanza, pero permanece incompleto. · · No visitar a Maduro no constituye una violación de un deber jurídico o moral inequívoco. Se trata de una decisión estratégica que responde a las restricciones legales estadounidenses, a la necesidad de consolidar la propia posición política de Rodríguez y a la prioridad de avanzar en la agenda de normalización económica y diplomática. Al mismo tiempo, la ausencia de cualquier gesto (ni siquiera una visita consular discreta) deja en evidencia la ruptura política y personal que se ha producido desde enero de 2026. Esa distancia es coherente con el realismo pragmático que caracteriza la actual etapa, pero también ilustra los límites y las ambigüedades del proceso de transición que se está gestando. · · Comunidad en el exterior convoca protestas en Nueva York: El colectivo Venezolanos en Nueva York llamó a una movilización pacífica en la Dag Hammarskjöld Plaza, adyacente a la ONU, para exigir plenas garantías de cara a la convocatoria de elecciones presidenciales libres. La movilización fue convocada para este martes 22 de septiembre, a las 11:00 a. m. de Nueva York, frente a la sede de las Naciones Unidas. El reclamo central es la fijación de un proceso de elecciones presidenciales libres en Venezuela, junto con el rechazo a la visita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la Asamblea General de la ONU. El colectivo Venezolanos en Nueva York llamó a residentes del área triestatal —Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut— a concentrarse de forma pacífica en el espacio ubicado en East 47th Street, entre First y Second Avenue, a pocos pasos del edificio de Naciones Unidas. Los organizadores pidieron a los asistentes llevar banderas venezolanas y pancartas en español e inglés, con el propósito de visibilizar sus exigencias ante delegaciones diplomáticas y medios internacionales presentes durante la semana de alto nivel de la ONU. · · Misión de la ONU ratifica vigencia del aparato represivo: Un nuevo informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos señala que, a pesar de los cambios políticos y algunas excarcelaciones, persisten patrones de detenciones arbitrarias de corta duración contra activistas y periodistas. Analistas legales apuntan que el reporte de la ONU se ha convertido en la evidencia más sólida para los miles de migrantes venezolanos en EE. UU., confirmando que las condiciones de riesgo en el país no han desaparecido por completo. · · Avances en el restablecimiento consular: Tras el anuncio formal el pasado 11 de septiembre, las autoridades de la transición avanzan en la reactivación física de las sedes consulares venezolanas en suelo estadounidense, destacando la remodelación de las oficinas en Nueva York. · · Lula da Silva critica la intervención de EE. UU.: En una entrevista ofrecida a CNN Internacional en Nueva York, el presidente de Brasil afirmó que las acciones estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro en enero transmiten la idea de que Washington “gobierna” el país, lo que a su juicio lesiona la soberanía venezolana. · · Histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.: La gestión interina ratificó los alcances del acuerdo anunciado junto a la Casa Blanca. El objetivo central es expandir considerablemente la producción nacional de crudo mediante la participación de operadores privados extranjeros. Alianza PVDSA-TotalEnergies: Se concretó la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa francesa TotalEnergies. El Ejecutivo venezolano resaltó que las recientes reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos otorgan un marco jurídico de alta confiabilidad para la inversión foránea. · · Fallas eléctricas e inestabilidad geológica en el Occidente: El diputado Stalin González criticó que los anuncios internacionales ocurran en paralelo a una severa ola de apagones que afecta la calidad de vida interna. Adicionalmente, el Occidente del país (Zulia, Lara y Trujillo) sigue bajo monitoreo por actividad sísmica residual vinculada a la falla de Boconó. · · El sistema eléctrico vuelve al centro del debate publico por la demanda y los crónicos apagones. El Ministerio de Energía Eléctrica informó recientemente una demanda máxima de 16.030 MW, mientras usuarios de distintas regiones continúan reportando interrupciones. El Gobierno ha llamado al ahorro energético, medida que ha generado cuestionamientos de usuarios en estados afectados por racionamientos. El problema combina demanda, capacidad de generación y distribución y mantiene impacto directo sobre hogares y actividades económicas. La información disponible no permite atribuir todas las interrupciones a una única causa. · · El Sistema Eléctrico Nacional opera este martes con un déficit estructural estimado entre 3.000 y 3.900 megavatios. La demanda pico alcanzó 16.030 MW la semana pasada, el nivel más alto en nueve años, según el Ministerio de Energía Eléctrica, mientras la oferta disponible se mantiene en torno a 12.000-13.000 MW. El parque termoeléctrico apenas aporta unos 2.800 MW, con más del 80 % de su capacidad fuera de servicio por falta de mantenimiento. En Guri, la principal fuente hidroeléctrica, siete de las veinte turbinas permanecen indisponibles: genera aproximadamente 6.141 MW de los 10.350 instalados. La unidad 17, de unos 770 MW, está fuera desde el 29 de agosto y su reparación podría demorar hasta dos años; la unidad 15 fue reincorporada de forma parcial tras una falla mecánica. · · Como consecuencia, los racionamientos se han intensificado. En al menos once estados —Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Trujillo, Lara, Aragua, Carabobo, Portuguesa y Guárico— los usuarios reportan cortes de seis a ocho horas diarias, en muchos casos repartidos en dos tandas, y en zonas rurales superan las diez horas. Caracas presenta menor duración de apagones, pero registra fluctuaciones frecuentes. Redes sociales y monitoreo ciudadano recogen denuncias diarias por incumplimiento de los cronogramas anunciados. Observatorios y gremios técnicos confirman que el problema se ha nacionalizado: el 99 % de los hogares en Zulia y la región andina sufren interrupciones a diario, y el 82 % en la capital. · · Ni Corpoelec ni el Ministerio han publicado un balance oficial actualizado sobre el déficit ni sobre las causas de las fallas recientes. Los acuerdos firmados con GE Vernova prevén recuperar 1.000 MW en 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años, mientras el BID incluye el sector eléctrico en su plan de trabajo a dos años. Hasta ahora, estas medidas no se han traducido en una reducción tangible de los apagones. · · Denuncian cortes eléctricos de hasta ocho horas en al menos 11 estados tras pico de demanda. Tras un récord de demanda de 16.030 MW reportado por el Ministerio de Energía Eléctrica, habitantes de Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Lara, Carabobo y otros estados reportaron racionamientos de hasta ocho horas diarias, fuera de los cronogramas anunciados. Evidencia la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la urgencia de las inversiones anunciadas por GE Vernova y el BID. Afecta productividad, servicios y calidad de vida en el interior del país. · · BID elabora plan de dos años para Venezuela centrado en electricidad y protección social. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, anunció en Nueva York que el organismo prepara un documento de trabajo a dos años con foco en el sector eléctrico y necesidades sociales. Se envían misiones técnicas para evaluar el marco macroeconómico e inversiones. Marca la reanudación formal de relaciones con el BID tras años de congelamiento. La electricidad es prioritaria por los racionamientos y el deterioro del sistema. No se detalló aún cómo se resolverán los atrasos de deuda. · · El regimen solo ha desbloqueado 20 de 82 páginas web censuradas. La ONG Espacio Público informó que, pese a anuncios de levantamiento de restricciones a medios digitales, solo 20 de 82 sitios permanecen accesibles sin bloqueos persistentes. El reporte mide el avance real en libertad de expresión dentro del diálogo político. Sectores opositores y de derechos humanos exigen verificación independiente. · · ONU pide ampliar el desbloqueo de medios digitales en Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Venezuela levantar las restricciones restantes contra medios informativos y garantizar el acceso a información. La declaración ocurre después del desbloqueo parcial de varios portales durante la semana pasada. La libertad de información se convierte en uno de los asuntos concretos del nuevo ciclo de diálogo. Organizaciones venezolanas han señalado que el desbloqueo inicial representa un avance parcial, pero que todavía permanecen numerosos dominios restringidos. · · Docentes convocan protesta nacional por salario digno. Organizaciones gremiales del sector educativo llamaron a movilizaciones para el 24 de septiembre en demanda de mejoras salariales y reivindicaciones laborales, coincidiendo con las primeras semanas del nuevo año escolar. La situación salarial del sector público continúa siendo una fuente recurrente de conflictividad social. La evolución de estas protestas servirá como indicador del clima laboral nacional. La movilización fue convocada por las Federaciones Signatarias del Magisterio Venezolano, con la Federación Venezolana de Maestros (FVM) como una de las organizaciones que difundió el llamado. Está prevista en los 24 estados del país, incluida Caracas como Distrito Capital. Las federaciones anunciaron acciones en los 24 estados venezolanos, estimando que los trabajadores tienen previsto dirigirse a las sedes regionales del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y a las Inspectorías del Trabajo para consignar sus reclamos. · · Segundo ciclo de diálogo chavismo-oposición se extiende hasta mañana 23 de septiembre. Las delegaciones encabezadas instalaron mesas técnicas en Caracas sobre libertad de expresión y derecho a la información. El ciclo, impulsado por EE.UU., se prolonga hasta el miércoles 23. Se avanza en el procedimiento de renovación de todos los magistrados del TSJ. Representa el principal mecanismo formal de negociación política post-Maduro. Incluye seguimiento de acuerdos previos sobre justicia y activos en el exterior. Sectores opositores y ONG insisten en incluir presos políticos y ruta electoral plena. Para temas de esa magnitud, el lapso hasta el 23 de septiembre no parece suficiente para producir transformaciones verificables; sí puede ser útil para cerrar acuerdos de procedimiento, fijar cronogramas, instalar mecanismos de seguimiento y generar medidas iniciales. La prueba real será si la sesión permanente deja compromisos públicos, plazos exigibles y resultados comprobables, no solo nuevas mesas técnicas. · · Este segundo ciclo comenzó el 17 de septiembre y las delegaciones se declararon en sesión permanente hasta el miércoles 23: En la práctica, se trata de menos de una semana para abordar asuntos que comprometen la arquitectura institucional, las libertades civiles y una eventual transición política. La mesa sobre libertad de expresión fue presentada como un espacio de “consulta, garantías y verificación” con actores involucrados y la comunidad en general. Esa definición confirma que el ciclo actual parece diseñado más para abrir un proceso que para culminarlo. · · Para que la extensión hasta el 23 de septiembre tenga valor político y no sea únicamente una pausa de negociación, el cierre debería producir documentos concretos en al menos cinco áreas: Cronograma del TSJ: fechas para postulaciones, evaluación, objeciones públicas, selección y designación de todos los magistrados. Medidas de libertad de expresión: listado verificable de portales desbloqueados, garantías contra bloqueos arbitrarios, protocolos frente a detenciones o hostigamiento de periodistas y apertura de espacios de consulta con gremios y organizaciones de derechos humanos. Agenda política ampliada: incorporación expresa de presos políticos, garantías civiles y políticas, y ruta electoral plena, no solo referencias generales a la democratización. Comisión paritaria con rendición de cuentas: la comisión de seguimiento acordada debe publicar responsables, plazos, indicadores y reportes periódicos. Hasta ahora, su función anunciada es velar por el cumplimiento de los compromisos, pero requerirá transparencia para tener credibilidad. Verificación externa: acompañamiento o información periódica a actores internacionales y nacionales que permita contrastar las declaraciones de las partes con avances independientes. · · Foro Penal y familiares de presos políticos piden priorizar liberaciones en el diálogo. La ONG Foro Penal reportó 344 presos políticos -330 hombres y 14 mujeres-, de los cuales 191 carecen de sentencia firme. Familiares se reunieron con Dinorah Figuera para exigir que el tema se incorpore a la mesa de negociación. Es una de las demandas centrales no resueltas del proceso de transición. La presión de ONG y familiares mantiene el tema en la agenda pública e internacional. · · Los presos políticos permanecen fuera de la agenda del diálogo. El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la liberación de presos políticos no forma parte de las conversaciones que mantienen el gobierno y un sector de la oposición, pese a que la delegación opositora sostiene que el asunto está incluido en las discusiones. A contracorriente la oposición y organizaciones de derechos humanos reclaman la liberación plena, inmediata e incondicional de todas las personas consideradas presos políticos en Venezuela, sin que exista hasta ahora un plazo numérico —como 24 o 72 horas— acordado dentro de la mesa de diálogo entre el oficialismo y un sector opositor. · · La fecha del 23 de septiembre corresponde al cierre previsto de la actual sesión permanente del segundo ciclo de negociaciones, no a un compromiso público para ejecutar excarcelaciones. Justicia, Encuentro y Perdón ha pedido que el tema sea incorporado como prioridad y que las liberaciones se produzcan “de manera plena e inmediata”, mientras dirigentes opositores han reclamado que ocurran “sin demora y sin excusas”. Dinorah Figuera, sostiene que la libertad de los presos políticos debe formar parte de las conversaciones, pese a que el asunto no aparece formalmente en la agenda anunciada. El chavismo, en cambio, asegura que las excarcelaciones no han sido tratadas en la negociación · · La contradicción entre Diosdado Cabello y Dinorah Figuera no es un simple desacuerdo de vocería: Revela que los presos políticos siguen fuera de un consenso operativo y que el oficialismo intenta conservar el control del ritmo, el alcance y el costo político de cualquier excarcelación. Para la oposición, en cambio, el tema es el nudo que mide si el diálogo puede pasar de la administración de la crisis a una transición con garantías reales. La posición de Cabello puede interpretarse como una táctica de control de concesiones. Al negar que el tema haya sido abordado, evita que las excarcelaciones se presenten como una obligación adquirida ante la oposición, Estados Unidos, la ONU o la sociedad civil. Esto deja al oficialismo margen para decidir, caso por caso, si libera personas, a quiénes, bajo qué figura jurídica y en qué momento. · · Figuera enfrenta la presión inversa. Para su delegación, aceptar un diálogo que avance en libertad de expresión, activos externos o renovación del TSJ sin situar a los presos políticos en el centro puede ser leído como una negociación institucional desconectada de las víctimas. Su afirmación de que el punto “forma parte” de la conversación intenta elevarlo de demanda social a criterio de evaluación de toda la negociación. · · Más que una diferencia de relato, la contradicción delimita el alcance real de la negociación. El oficialismo busca mantener las liberaciones fuera de compromisos públicos y de calendarios exigibles, preservando margen para administrar cualquier concesión. La oposición, familiares y organizaciones de derechos humanos consideran, en cambio, que la situación de los presos políticos es una prueba inmediata de voluntad democrática y una condición para que el diálogo tenga legitimidad. · · La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió este mes que, aunque se han producido excarcelaciones y algunas mejoras limitadas, el aparato institucional responsable de la represión sigue intacto. El organismo documentó 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el período examinado, 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero y estimó que entre 379 y 500 personas podrían continuar detenidas por razones políticas. Human Rights Watch, tras su primera visita oficial a Venezuela en 18 años, habló de una “pausa” en la represión, pero reclamó reformas estructurales y la liberación de todos los presos políticos. La presión de estas instancias internacionales refuerza una idea central: las excarcelaciones, sin reformas judiciales y garantías de no repetición, pueden aliviar casos individuales, pero no desmantelan la estructura que permitió la persecución. · · Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia sesiones con casos sobre Venezuela. La Corte IDH comenzó su periodo de sesiones en Uruguay incluyendo causas relativas a Venezuela, junto a Chile y Perú. Mantienen el escrutinio internacional sobre derechos humanos y justicia transicional en el país, en paralelo a los avances reportados por HRW sobre una “tregua” limitada en la represión. La sesión de la Corte Interamericana añade un frente jurídico internacional a la agenda de derechos humanos de Caracas. No es una sanción inmediata ni una negociación política, pero somete al Estado venezolano a una audiencia pública que puede derivar en obligaciones de reparación, reformas institucionales y garantías de no repetición. Esto ocurre mientras Human Rights Watch identifica una pausa parcial en las formas más visibles de represión, pero advierte que la apertura seguirá siendo frágil sin cambios estructurales y liberación de todos los presos políticos. · · ONG solicitan extender hasta 2028 la misión de investigación de la ONU. Veintiuna organizaciones nacionales e internacionales pidieron a Naciones Unidas renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hasta 2028. Argumentan que persisten estructuras estatales vinculadas a la represión y continúan registrándose detenciones por motivos políticos. La solicitud busca mantener activos los mecanismos internacionales de documentación de violaciones de derechos humanos. El tema estará presente en las discusiones multilaterales de esta semana. · · El aparato represivo del regimen sigue bajo el escrutinio de Naciones Unida. Un informe de la ONU divulgado la semana pasada señaló la continuidad de estructuras vinculadas a violaciones de derechos humanos en Venezuela y documentó nuevos métodos de tortura denunciados en centros de detención. El reporte mantiene el tema de derechos humanos dentro de la agenda internacional sobre el país. El asunto adquiere relevancia adicional por las negociaciones políticas y la búsqueda de normalización internacional. Las conclusiones de la misión deben diferenciarse de las posiciones de los actores políticos que participan en el diálogo. · · OVP reporta 65 presos comunes fallecidos bajo custodia en 2026. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que dos presos comunes murieron en cárceles venezolanas en un período de cinco días: uno en Tocuyito, Carabobo, y otro en El Marite, Zulia. Según los registros de la organización, la cifra acumulada en 2026 asciende a 65. El reporte vuelve a colocar las condiciones penitenciarias en la agenda de derechos humanos. Se trata de una cifra atribuida al OVP y debe distinguirse de un balance oficial del sistema penitenciario. · · La tasa oficial del dólar BCV para este martes 22 de septiembre de 2026 es de Bs. 852,4168 un monto qu es redondeado habitualmente a 852,42. Refleja la dinámica de unificación cambiaria y la persistente presión inflacionaria. Es referencia obligatoria para transacciones oficiales y comerciales. Un dólar oficial en Bs. 852 bolivres impacta la vida doméstica porque encarece en bolívares bienes y servicios que se cotizan, directa o indirectamente, con referencia al dólar: comida, transporte, alquileres, medicinas, repuestos, matrículas y recargas. Para quien cobra principalmente en bolívares, cada alza del tipo de cambio reduce el poder de compra si sus ingresos no se ajustan al mismo ritmo. · · La canasta alimentaria superó los 755 dólares en agosto. El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que la Canasta Alimentaria Familiar alcanzó más de 755 dólares durante agosto, registrando un incremento mensual de 12,5 %. El dato refuerza la presión sobre los ingresos reales de hogares y trabajadores. Continúa siendo uno de los principales indicadores de deterioro del poder adquisitivo. No existe un dato directo que permita afirmar cuántos venezolanos pueden comprar “sin trauma” la canasta alimentaria de US$755,36, pero los indicadores disponibles muestran que es una minoría. · · La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) sitúa en 31,7% la proporción de hogares en pobreza extrema —con ingresos insuficientes incluso para la canasta alimentaria—, mientras que 68,5% vive en pobreza por ingresos; por tanto, como mínimo, cerca de un tercio no puede cubrirla y una proporción mucho mayor enfrenta dificultades severas para hacerlo sin recortar otros gastos esenciales. La canasta alimentaria familiar de Cendas-FVM marcó US$755,36 en agosto para una familia de cinco integrantes, equivalente a Bs. 581.625,07. Ese monto cubre únicamente 60 productos alimentarios: no incluye vivienda, transporte, medicinas, educación, aseo, electricidad, telefonía ni otras necesidades básicas. · · Continúa pago de pensiones e ingresos especiales del Estado. El IVSS inició el pago correspondiente a las pensiones del mes de octubre mientras continúan diversas asignaciones a través del sistema Patria para pensionados y trabajadores públicos. El monto de las pensiones mantiene el debate sobre suficiencia de ingresos y protección social en un contexto de elevada inflación acumulada. El pago de octubre confirma una brecha extrema entre la pensión formal y el costo de vida. El IVSS depositó Bs. 130, equivalentes a cerca de US$0,15, mientras la canasta alimentaria de agosto costó US$755,36. Las transferencias del Sistema Patria atenúan esa distancia para quienes las reciben, pero no resuelven el problema de fondo porque son bonificaciones administrativas, no una pensión contributiva suficiente, estable y con incidencia en prestaciones. · · La política oficial ha separado el salario y la pensión base de los ingresos complementarios. Esta arquitectura le permite al Ejecutivo elevar montos en bolívares de las bonificaciones cuando se mueve el dólar oficial, sin decretar un aumento del salario mínimo ni modificar el valor legal de la pensión del IVSS. En septiembre, por ejemplo, el Ingreso Integral de pensionados fue fijado en Bs. 58.800, equivalente a US$69,21; el cálculo en bolívares puede variar con el tipo de cambio sin alterar la pensión formal de Bs. 130. Es un conflicto “diferido” porque el esquema de bonificaciones reduce la presión inmediata sin solucionar la causa estructural. La pérdida de valor de las pensiones y salarios frente a inflación, devaluación y dolarización de precios. · · Pensión de octubre se paga con referencia al salario mínimo vigente. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció el pago de la pensión correspondiente a octubre desde el lunes 21 de septiembre. El Pitazo reportó que el monto equivale aproximadamente a 0,15 centvos de dólar al tipo de cambio utilizado en su publicación. La cifra vuelve a colocar el poder adquisitivo de los pensionados en el centro del debate económico y social. Debe diferenciarse el monto de la pensión de cualquier eventual bono o complemento otorgado por el Ejecutivo. · · Asignación del Bono de Ingreso Integral a pensionados inicia a través del Sistema Patria. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó el inicio del desembolso del estipendio complementario y la pensión ordinaria correspondientes al mes en curso para los adultos mayores registrados en la plataforma bancaria y Patria. El monto complementario asignado se fijó en Bs. 58.800 para los pensionados en todo el país. Las transferencias directas siguen siendo la herramienta central de contención socioeconómica para la población jubilada. Sin embargo, analistas económicos señalan que la pérdida de poder adquisitivo frente a la tasa del dólar limita el alcance real de estos bonos asistenciales en la cesta alimentaria. · · El universo potencial de beneficiarios es de alrededor de 5,3 millones de adultos mayores, al sumar pensionados del IVSS y personas incorporadas al programa 100% Amor Mayor. Sin embargo, no hay una cifra oficial y pública actualizada que confirme cuántos recibieron efectivamente los Bs. 58.800 de este pago; por eso debe hablarse de cobertura potencial, no de beneficiarios efectivamente acreditados. Aunque el alcance potencial es amplio, el monto equivale a cerca de 9% de la Canasta Alimentaria Familiar, calculada por Cendas-FVM en US$755,36 para agosto. La transferencia ofrece alivio de corto plazo, pero mantiene abierto el debate sobre la insuficiencia de las pensiones, la dependencia de bonificaciones y la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores.