El Ministerio Público evalúa acciones contra el dirigente venezolano, considerado “figura clave del chavismo y concentra el control de la seguridad interna,” , por el homicidio de Ronald Ojeda cometido en Chile.
Diosdado Cabello dirige «el centro del aparato represor del Estado». y es una de las figuras más influyentes del poder venezolano desde el nacimiento del chavismo. A partir de 2014 comenzaron a acumularse acusaciones en su contra por presunta corrupción y vínculos con redes ilícitas. En 2018 fue sancionado por Estados Unidos y otros países, y en 2020 Washington ofreció una recompensa por información que condujera a su arresto, señalándolo por narcotráfico y lavado de dinero.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con Delcy Rodríguez en las afueras de la ONU, en Nueva York, con un solo y único propósito…Solicitarle la extradición de Diosdado Cabello para que responda a la acusación de ser autor intelectual del crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda…
Los gobiernos chilenos, primero Gabriel Boric y ahora Kast, han puesto el alma en resolver el atroz y cruel asesinato de Ojeda, cometido en Santiago en febrero de 2024, por sicarios del Tren de Aragua y un militar venezolano…
Ya la Fiscalía chilena, mediante confesiones de 32 detenidos, tiene pruebas suficientes para inculpar a Cabello…Y ahora gestiona su extradición. Los fiscales chilenos Ángel Valencia y Héctor Barros, han indicado que existen antecedentes que vinculan a Cabello con delitos, posiblemente relacionados con corrupción o actividades ilegales.
La investigación continúa, y si se acumulan pruebas suficientes, podría avanzarse hacia una solicitud formal de extradición ante las autoridades competentes.
No existe un tratado bilateral de extradición vigente entre Chile y Venezuela. La cooperación en esta materia se rige principalmente por: La Convención de Montevideo de 1933 sobre extradición, de la que ambos países son parte; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000), que obliga a los Estados a prestarse asistencia jurídica mutua y a considerar la extradición en delitos graves; y la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), relevante si los delitos imputados están vinculados a ese ámbito.
Este proceso dependerá de la cooperación internacional y del cumplimiento de requisitos legales internacionales.
The EL News