Prensa UVV 26.09.2026.- El diputado a la Asamblea Nacional, Omar Ávila, planteó que la situación agroalimentaria venezolana refleja una paradoja, tras más de dos décadas de políticas orientadas a fortalecer la soberanía alimentaria.
«El país mantiene producción agrícola nacional, pero continúa dependiendo de las importaciones y de decisiones estatales que condicionan el funcionamiento del sector», dijo Ávila, también secretario general nacional del partido Unidad Visión Venezuela.
Recordó que la intervención del Estado en la agricultura venezolana precede al chavismo. Sin embargo, sostuvo que durante las últimas décadas se profundizó mediante la redistribución de tierras, la creación de empresas públicas y formas de propiedad social, así como controles de precios y una mayor participación estatal en la producción y comercialización.
Al analizar los datos de 2026, el diputado indicó que, según estimaciones de Fedeagro, en agosto se habían sembrado cerca de 325.000 hectáreas de maíz. De esa superficie, unas 200.000 corresponderían a maíz blanco, con una cosecha cercana al millón de toneladas, volumen que -de acuerdo con el gremio- permitiría abastecer durante aproximadamente diez meses el mercado de harina precocida. La producción de maíz amarillo, utilizado principalmente para la alimentación animal, cubriría entre cinco y seis meses de la demanda nacional.
En cuanto al arroz, Fedeagro calculó en septiembre una oferta nacional cercana a las 340.000 toneladas. El gremio también denunció la entrada durante 2026 de más de 2,2 millones de toneladas de maíz y arroz importados, algunas de ellas presuntamente favorecidas por exoneraciones arancelarias y fiscales.
Ávila señaló que estos datos corresponden a declaraciones del sector productor y que deben contrastarse con información oficial detallada sobre importadores y condiciones tributarias.
Para el legislador, estas cifras muestran que el panorama no puede resumirse como la desaparición de la producción agrícola nacional.
«Venezuela conserva capacidad productiva, especialmente en maíz blanco, pero sigue necesitando importaciones para cubrir distintos eslabones de la cadena de consumo».
Igualmente describió el sistema vigente como un modelo híbrido, en el que conviven productores y agroindustrias privadas, importadores y mecanismos de mercado con decisiones estatales relacionadas con aranceles, divisas, crédito, permisos y condiciones de comercialización.
El diputado también se refirió al peso del dólar en la economía cotidiana. Aclaró que esto no implica que todas las compras se realicen en esa moneda, sino que los costos, la reposición de inventarios y las decisiones comerciales están vinculados directa o indirectamente al valor de las divisas.
Como ejemplo, citó los datos de Cendas-FVM sobre la Canasta Alimentaria Familiar. «Según datos del Cendas, una familia de cinco personas necesitó 756,45 dólares en junio de 2026 para adquirir los 60 productos incluidos en su medición. En julio, el monto bajó a 727,89 dólares, mientras que el costo de la misma canasta aumentó alrededor de 15,8 % medido en bolívares».
En ese particular, Ávila sostuvo que, «los consumidores comparan precios, marcas y presentaciones teniendo en cuenta no solo el costo en bolívares, sino también las divisas, los insumos importados, el transporte y la posibilidad de reponer los productos».
El diputado concluyó que Venezuela no experimentó un tránsito simple de la planificación estatal al libre mercado, «sino una transformación hacia una estructura agroalimentaria híbrida, con un papel determinante del sector privado, dependencia de las importaciones y una fuerte influencia de las decisiones del Estado».