Atención comunidad de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida y toda Venezuela.
La autonomía universitaria no es un adorno en la Carta Magna; es un principio constitucional que el pueblo universitario decidió defender con determinación.
Tras un largo período sin procesos electorales legítimos, marcado por la intervención judicial a través de la Sentencia 0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el paulatino deterioro de la planta física, presupuestaria y académica de las universidades públicas, la ULA se encuentra en un punto de quiebre decisivo.
El deseo de renovación es contundente, pero la amenaza de suspensión o sabotaje vuelve a latir.
Las tensiones no solo vienen de los sectores del poder central que históricamente han buscado postergar o condicionar estos procesos, sino también de dinamicas internas de la «vieja política» e influencias externas que prefieren mantener el statu quo antes que dar paso a la voluntad popular.
Frente a los rumores y las maniobras que buscan frenar este derecho, el mensaje para Mérida y el país debe ser claro:
Defensa activa de la autonomía: El artículo 109 de la Constitución otorga a la comunidad universitaria la potestad irrevocable de elegir a sus propias autoridades.
Ni la injerencia gubernamental recurrente, ni los intereses de cúpulas desgastadas pueden cercenar el derecho de estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo a renovar sus liderazgos.
La defensa de la universidad se demuestra en la acción, garantizando que el proceso democrático se concrete sin chantajes.
La renovación de las autoridades es el primer paso indispensable para rescatar a la Universidad de Los Andes del deterioro institucional y operativo en el que se encuentra.
La comunidad universitaria tiene la palabra y la valentía para defender sus urnas y la sociedad venezolana debe acompañarla ante las pretensiones perversas del continuismo depravado y lacerante de los enemigos de la prosperidad y el progreso de nuestra universidad.
Movimiento 21 de Noviembre.