Este jueves 8 de octubre, la Justicia de Estados Unidos acusó al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas, un cargo que no existía hasta el momento y principalmente a través de operaciones relacionadas con el narcotráfico.
Según los documentos presentados, estas conexiones estarían ligadas a una supuesta deuda derivada del tráfico de drogas, lo que habría facilitado negociaciones entre el gobierno venezolano y grupos armados. Estas acusaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para aislar al régimen de Maduro en el ámbito internacional, vinculándolo con actividades ilícitas y violaciones de derechos humanos.
En el escrito, de 30 páginas y que fue radicado en el Distrito Sur de Nueva York, también vincula a Maduro y Flores con las Farc y el ELN. Nicolás Maduro y Cilia Flores se reunieron con Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.
El documento, tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores se reunieron con Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Luciano Marín alias ‘Iván Márquez’ y Seuxis Pausias Hernández alias ‘Jesús Santrich’ por una deuda de droga, y Maduro habría pagado parte con minas y armas.
Estas menciones a las Farc y el ELN ya estaban en la acusación de enero. De hecho, el de las Farc existe desde 2020, así que lo que se suma son escenas.
También se le atribuye a Flores el ofrecimiento de contratos de PDVSA a grupos cercanos al ELN y se afirma que las Farc habrían retenido a un militar venezolano en un campamento en Colombia.
¿Qué dice el nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?
En el escrito se atribuye a Nicolás Maduro y Cilia Flores el nuevo cargo de conspiración para cometer torturas por hechos ocurridos entre 1999 y 2025, con una pena máxima de 20 años. Además, siguen vigentes los cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas, con mínimos obligatorios de 20, 10 y 30 años.
La novedad está en los hechos que describe, pues la Fiscalía habla de un aparato de represión que usó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) –el organismo de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)–, a colectivos y a grupos armados.
El informe detalla descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violación, desnudez forzada, aislamiento, hambre y amenazas de matar o violar a hijos de detenidos. Las víctimas no están identificadas e incluyen ciudadanos estadounidenses.
A Nicolás Maduro le imputa órdenes de detención y tortura, pedidos de informes y haber visto el video de una confesión forzada. A Flores, haber aceptado en 2014 el secuestro de militares para interrogarlos bajo tortura y haber ordenado torturas para cubrir actividades ilegales de su familia.
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