El ingeniero Rubén Morales, presidente del Frente Anticorrupción del estado Lara, emitió un pronunciamiento para analizar la actual coyuntura política nacional y el rol de los factores que integran la mesa de negociaciones, cuestionando en particular las posturas asumidas frente a instrumentos legales clave para la rendición de cuentas.
TRAYECTORIA POLÍTICA Y CUESTIONAMIENTO DE LEGITIMIDAD
En primer lugar, Morales señaló la procedencia de los diputados de la Asamblea Nacional de 2015, Ramón López y Jorge Millán, quienes participan en la instancia de negociaciones en representación de Primero Justicia (PJ) —organización fundada por Julio Borges, Leopoldo López y Henrique Capriles— y de Voluntad Popular (VP).
El dirigente recordó que ambos parlamentarios iniciaron su militancia en Acción Democrática (AD) bajo una ideología socialdemócrata.
En el caso de Ramón López, llegó a ocupar el cargo de secretario juvenil de la seccional Caracas en 1985, durante el gobierno de Jaime Lusinchi e Ibáñez.
Por su parte, Jorge Millán integró el buró juvenil nacional de AD en la época en que Liliana Hernández se desempeñaba como secretaria juvenil nacional. Posteriormente, ambos migraron a la naciente organización Primero Justicia en el año 2000, abrazando una ideología de centroderecha.
Asimismo, Morales recordó que Ramon López es hermano de Óscar López, figura influyente en Primero Justicia por haber manejado las finanzas de la tolda aurinegra, así como de las dos campañas municipales de Capriles en Baruta, las dos regionales en Miranda y las dos campañas presidenciales (2012 y 2013), comicios en los cuales —según señalan diversas fuentes— habría administrado recursos aportados por la empresa Odebrecht a la campaña de Capriles.
A juicio del presidente del Frente Anticorrupción, este historial genera hondas reservas sobre la legitimidad política de quienes integran la comisión negociadora en nombre de dichos partidos.
EL DEBATE SOBRE LA DEROGACIÓN DE LEYES RESTRICTIVAS
Durante su intervención, Morales analizó el anuncio realizado por los sectores negociadores respecto a la posible derogación o reforma de al menos seis leyes restrictivas para garantizar las libertades ciudadanas y revertir normativas coercitivas, entre las que destacan:
Ley contra el Odio.
Ley de las ONG.
Ley contra el Financiamiento al Terrorismo.
Ley de Extinción de Dominio.
Sobre esta última, el ingeniero calificó como «descabellada» la intención de incluirla en un paquete de derogación. Explicó que, tras ser aprobada por el oficialismo en abril de 2023, la normativa quedó prácticamente engavetada debido a que las disposiciones transitorias establecen la obligatoriedad de que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creen fiscalías regionales y tribunales especializados en la materia.
El objetivo primordial de dicha ley —subrayó Morales— es recuperar los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita por funcionarios públicos inescrupulosos para transferirlos al patrimonio público. Constituye, por ende, un mecanismo de persecución civil y patrimonial independiente del proceso penal enfocado en combatir la corrupción.
El propósito fundamental es que los recursos e inmuebles recuperados se destinen obligatoriamente a financiar políticas públicas nacionales, tales como la infraestructura golpeada por situaciones de emergencia o desastres naturales.
CONTRADICCIONES Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS RECUPERADOS
El argumento expuesto por el diputado López es que la puesta en práctica de esta ley facultaría al Estado para arremeter contra el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, Morales consideró este planteamiento contradictorio, toda vez que es de carácter público y notorio —según anuncios de los propios sectores negociadores— la expectativa de contar con un TSJ totalmente renovado e institucional.
De materializarse dicha renovación institucional, argumentó el vocero, no debería existir temor alguno de que el régimen utilice la ley para retaliaciones políticas. Por el contrario, permitiría recuperar miles de millones en bienes adquiridos indebidamente por funcionarios públicos de distintas tendencias políticas y su red de testaferros en los tres niveles de la administración pública (nacional, regional y municipal), quienes exhiben riquezas obtenidas de manera sobrevenida tras su paso por la función pública.
Finalmente, el presidente del Frente Anticorrupción del estado Lara concluyó que, de valorarse debidamente la importancia de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, se dispondría de cuantiosos recursos para atender graves carencias en la red ambulatoria y hospitalaria nacional, como la adquisición de equipos médicos especializados (resonadores, tomógrafos, mamógrafos, rayos X), insumos y medicamentos esenciales para la población.
