Un decreto publicado en Gaceta Oficial ordenó la liquidación de siete estructuras públicas —como la Fundación Propatria 2000, la OPPPE y el Cesppa— que durante años sirvieron para el manejo discrecional de recursos, contrataciones directas «a dedo» y la persecución política.
La medida se produce sin que las juntas liquidadoras ni las autoridades rindan cuentas sobre el destino de los fondos ejecutados o las denuncias de corrupción y opacidad que las rodearon.
Un informe de Transparencia Venezuela alerta a dónde derivarán ahora los recursos
Transparencia Venezuela exige transparencia total durante la liquidación de siete misiones y otros entes públicos, denunciando un cierre sin publicación de cuentas, contratos y obligaciones pendientes.
Este proceso de ‘liquidación exprés’ suscita preocupación por la falta de rendición de cuentas y posible ocultamiento de información clave.
El Ministerio del Despacho para la Presidencia, liderado desde enero de 2026 por el capitán Juan Escalona, está en el centro de esta reforma administrativa, aunque su gestión no ha sido acompañada de mayor apertura.
La demanda de Transparencia Venezuela resalta la necesidad de rendición de cuentas en el sector público, especialmente ante procesos que afectan servicios sociales y recursos estatales.
Mediante el Decreto N.° 5.248, publicado en la Gaceta Oficial, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha ordenado la eliminación y liquidación de siete misiones y fundaciones vinculadas al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Esta decisión busca ajustar la estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas sociales del Ejecutivo.
Igualmente, como parte de la reestructuración, se anunció que las funciones de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz serán transferidas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Esto implica que dicha misión dejará de operar oficialmente con la entrada en vigor del decreto.
Delcy Rodríguez ordenó la eliminación de siete misiones
Una gaceta oficial, fechada el 9 de febrero y divulgada por medios locales el domingo, revela una reestructuración en el funcionamiento de un ministerio específico, además, incluye la eliminación de cinco programas sociales y dos entidades de coordinación e inteligencia del Estado.
No obstante, entre las entidades suprimidas se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), establecido en 2013 durante el primer mandato de Maduro. En general, el objetivo era centralizar información sobre defensa, inteligencia y orden interno.
De igual forma, se han eliminado tres programas sociales, conocidos como «misiones», que fueron instaurados durante el gobierno de Maduro. Así como también, otros dos programas y una entidad que fueron desarrollados bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Sin embargo, la gaceta oficial indicó que algunas de las funciones de los programas que han sido eliminados serán transferidas a otro ministerio.
Las misiones eliminadas son:
1- Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (creada en 2015).
2- Fundación Misión Jóvenes de la Patria «Robert Serra» (creada en 2016).
3- Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) (creada en 2011).
4- Fundación Propatria 2000 (creada en el año 2000).
5- Fundación MBR-Reserva Activa «Félix Antonio Velásquez» (creada en 2016).
6- Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) (creado en 2013).
7- Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS) (creada en 1986).
La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha puesto en marcha una maniobra administrativa que expertos denuncian como el sepulcro definitivo de la corrupción roja. Mediante la Gaceta Oficial 6.985, publicada el 9 de febrero de 2026, se decretó la liquidación de siete «misiones» presidenciales, una medida que, bajo el velo de la «satisfacción de intereses colectivos», busca ocultar el rastro de miles de millones de dólares saqueados durante las eras de Chávez y Maduro.
Transparencia Venezuela señala que estas estructuras paralelas funcionaron durante décadas como un sistema de doble propósito: control social para la militancia y un cajero automático para la familia presidencial y sus aliados.
La asociación civil sin fines de lucro advierte que la liquidación de las llamadas misiones presidenciales no es un asunto que deba despacharse fácilmente, pues el Estado tiene la obligación de rendir cuentas sobre presupuestos mil millonarios que se modificaron con créditos adicionales y total discrecionalidad bajo el amparo de una Asamblea Nacional cómplice.
La decisión de Delcy Rodríguez genera alarmas, ya que las denuncias de graves hechos de corrupción perpetrados en estas instancias no están siendo objeto de ninguna investigación en el proceso de cierre. Este patrón estructural de opacidad, que consolidó fondos paralelos y manejos ocultos, parece encontrar en este decreto su última estocada: un intento de borrar las evidencias del desfalco al patrimonio público antes de que las investigaciones internacionales alcancen a la cúpula que hoy intenta sostener el mando en Caracas.
Lea aquí la investigación completa de Transparencia Venezuela:
https://transparenciave.org/liquidacion-expres-de-misiones-sin-rendir-cuentas/
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