Dip. Omar Ávila
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Recientemente el SENIAT ha anunciado nuevas modalidades de facturación, eliminación de los requisitos de homologación de sistemas informáticos y los criterios aplicables a los contribuyentes especiales. Estas decisiones son presentadas como señales de una nueva etapa en las relaciones entre el Estado y el sector privado. Pero es conveniente analizar si estamos presenciando una transformación del Estado o simplemente una modernización de sus mecanismos de funcionamiento.
Modernizar la administración pública significa incorporar tecnologías, simplificar procedimientos, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia institucional; es decir, un organismo puede eliminar formularios, sustituir archivos físicos por bases de datos y ofrecer servicios digitales, sin modificar sus competencias ni la concentración de poder existente. En este caso, la modernización es esencialmente, una transformación de los instrumentos que ya se han utilizado para gobernar.
Liberalizar la economía en cambio, implica ampliar los espacios de decisión de los ciudadanos y las empresas, supone reducir restricciones injustificadas, facilitar la competencia, proteger la iniciativa privada y establecer reglas que permitan desarrollar actividades económicas sin depender de autorizaciones discrecionales. Aquí, la liberalización modifica la relación entre el Estado y los agentes económicos; sin embargo, también puede ser parcial, selectiva o reversible.
La transformación institucional es un proceso más profundo, ya que implica modificar las reglas mediante las cuales se ejerce, distribuye y controla el poder; requiere instituciones sometidas efectivamente a la ley, mecanismos independientes de supervisión, transparencia, garantías para los ciudadanos y límites verificables a la actuación gubernamental.
En otras palabras, modernizar significa cambiar cómo funciona el Estado; liberalizar supone ampliar determinadas libertades económicas; transformar institucionalmente exige revisar quién ejerce el poder, bajo cuáles límites y ante quién responde. En la situación actual de Venezuela resultaría ideal que estas tres dimensiones avancen juntas, pero las sombras del modelo anterior dejan un margen para ser escéptico.
La digitalización del RIF y la simplificación de obligaciones formales pueden reducir costos y facilitar trámites; así también, la eliminación de la homologación obligatoria de programas de facturación, bajo el régimen anterior, puede disminuir barreras administrativas. Mientras, la modificación de la clasificación de contribuyentes especiales podría aliviar obligaciones a numerosas empresas. Desde Unidad Visión Venezuela entendemos estos cambios y consideramos que sus posibles beneficios no deben desconocerse.
Sin embargo, la facturación digital también puede ampliar las capacidades de supervisión del organismo tributario; la centralización de información permite verificar operaciones con mayor rapidez y precisión, pero plantea preguntas sobre el uso de los datos, las facultades administrativas y las garantías frente a posibles arbitrariedades y errores o fallos de un sistema implementado con cierta urgencia.
Consideramos, que el problema no es la tecnología, ya que la digitalización tributaria es una práctica extendida internacionalmente y puede mejorar tanto la recaudación como los servicios públicos. Pero la cuestión es dilucidar quélímites institucionales acompañan ese incremento de la capacidad estatal, en un contexto donde el Estado debe reducirse en lugar de agrandarse, debe liberar en lugar de controlar.
En resumidas cuentas, consideramos que la eliminación de un trámite no significa necesariamente la eliminación de una facultad discrecional; tampoco una regulación menos costosa para las empresas demuestra, por sí sola, que se hayan fortalecido los mecanismos de control del poder público.
En Venezuela, esta distinción adquiere una importancia particular debido a la trayectoria de concentración institucional y a las dificultades que han enfrentado los ciudadanos para exigir responsabilidades a los organismos públicos o defenderse oportunamente de multas, sanciones y cierres.
Por eso resulta insuficiente evaluar las reformas únicamente por el número de trámites eliminados, las herramientas digitales incorporadas o las facilidades ofrecidas al sector empresarial. Sin lugar a duda, la modernización administrativa puede aumentar la eficiencia de un Estado democrático, pero también la de uno caracterizado por la concentración del poder.
No se trata de rechazar las mejoras administrativas ni de negar los beneficios de reducir cargas innecesarias a los contribuyentes; en tal caso, se trata de reconocer que esas medidas, por sí solas, no acreditan una transformación institucional.
Para finalizar, consideramos que una modificación importante en la relación entre el Estado venezolano y la sociedad requiere (además de nuevas formas de gestionar impuestos, autorizaciones o servicios), garantías efectivas frente al ejercicio del poder. Mientras las reformas se concentren en los procedimientos y no existan cambios verificables en los mecanismos de control institucional, será razonable preguntarse si estamos ante una transformación de fondo o una adaptación administrativa.
Omar A. Ávila H.
Diputado a la Asamblea Nacional
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