“No es la sabiduría, sino la autoridad, la que hace la ley”. Thomas Hobbes
El regreso de María Corina Machado a Venezuela, el pasado domingo 25 de octubre de 2026, no fue una visita para la foto ni otra gira de reconocimiento internacional. Volvió al país una dirigente que, incluso a distancia y bajo persecución, se mantuvo como referencia para una sociedad que todavía deposita en ella buena parte de sus esperanzas. Y eso se notó enseguida: su presencia reactivó una demanda que el régimen de facto en Miraflores ha intentado administrar con discursos, plazos vencidos y una arquitectura jurídica que cada día parece sostenerse con menos piezas. De tal manera, que la pregunta ya no es si María Corina convoca. Eso quedó a la vista, cuando Trump aparentemente pretendía lo contrario. La pregunta es cuánto tiempo más puede mantenerse el orden constitucional roto desde el 3 de enero de 2026 sobre una ficción legal que parece agotada, y si la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la Alianza por Venezuela (AVE) estarán a la altura de lo que la gente reclama o serán más de lo mismo, con “liderazgos” que no lo son, dados a las componendas para poder figurar, porque pueblo, como se dice, no tendrían.
El punto de quiebre tiene fecha. Cuando la Asamblea Nacional no calificó como absoluta la ausencia de Nicolás Maduro ni convocó elecciones dentro del plazo previsto en el artículo 233 de la Constitución, dejó espacio para que el Tribunal Supremo de Justicia sacara de la manga una figura: la “ausencia forzosa”. Con ella, entregó la Presidencia encargada a Delcy Rodríguez, sin un límite temporal claro y, sobre todo, sin la contraprestación institucional que la Carta Magna exige: llamar a elecciones. Como es sabido, el artículo 234 fija un máximo de noventa días, prorrogables por otros noventa. Ese plazo se agotó el 3 de julio de 2026. Desde entonces, Venezuela vive, según esta tesis, bajo una Presidencia sin asidero constitucional, sostenida por el silencio de un Legislativo que prefirió administrar la prórroga antes que declarar la falta absoluta y abrir el camino electoral. No es un detalle de calendario: es el corazón del problema. El Ejecutivo, por no decir “rodrigato”, ejerce el poder fuera del marco constitucional que dice respetar.
Y ese vacío no es un tecnicismo reservado para abogados con una Constitución subrayada en tres colores. Es la matriz de lo demás. Un gobierno que actúa fuera del marco constitucional no puede reclamar legitimidad para reformar la Ley de Hidrocarburos, conceder bloques petroleros a transnacionales, reestructurar la deuda externa o nombrar autoridades judiciales y electorales a su medida. Cada decisión posterior al 3 de julio carga, en esta lectura y salvo mejor criterio de tercero, con el vicio de origen. Los decretos de emergencia y los gabinetes de unidad de nombre no lo hacen desaparecer, apenas le ponen otra etiqueta al problema.
Por eso la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral que exige María Corina no es un capricho opositor ni una revancha política. Es el mínimo para que una elección futura tenga un árbitro creíble. El CNE actual nació de un proceso viciado, con rectores designados por un Parlamento que ya no representaba la voluntad popular. Y el TSJ es el mismo que avaló la figura del interinato indefinido y bloqueó los recursos contra decisiones del Ejecutivo de facto. Sin instituciones electorales y judiciales reconstruidas, cualquier cronograma corre el riesgo de ser otra trampa: un simulacro con apariencia de legalidad para que la usurpación siga, ahora con mejor escenografía.
A través de los medios y redes sociales María Corina lo ha dicho sin rodeos, y eso incomoda a quienes todavía confían en mesas de diálogo que producen mucho papel y pocos cambios: ya basta de conversaciones, hacen falta resultados. No es un eslogan para cerrar un acto. Es el diagnóstico de años de negociaciones que dejaron comunicados, actas y promesas, pero ningún avance verificable en derechos políticos, liberación de presos, condiciones electorales o retorno de exiliados. La pedagogía de la paciencia, al parecer, ya agotó el cupo. Por eso, la exigencia tiene tres pasos, y no hace falta un seminario para entenderlos. Primero, renovar el TSJ y el CNE antes de ir a elecciones, mediante un mecanismo transparente, con veeduría ciudadana e internacional. Segundo, declarar formalmente la vacante presidencial por ausencia absoluta y cumplir el artículo 233. Tercero, convocar elecciones presidenciales en un plazo no mayor de seis meses. No es una agenda maximalista: es la secuencia que, según esta posición, corresponde cuando un presidente ha dejado materialmente el cargo y quien lo sustituye temporalmente ya agotó el plazo. Quienes se aferran al poder sin mandato constitucional difícilmente pueden sostener que pedir elecciones sea antidemocrático.
El cálculo de quienes ocupan Miraflores parece sencillo: dejar que pase el tiempo, esperar que la fatiga ciudadana vuelva tolerable el interinato y confiar en que la diáspora, la crisis económica y la represión silenciosa terminen por normalizar la anomalía. Pero la llegada de Machado apunta en otra dirección. Su capacidad de convocatoria muestra que una parte de la sociedad sigue viendo la Presidencia como un espacio usurpado, o sea, la esperanza no se apagó, se organizó. Y de esa mirada sale una exigencia que ya no admite más aplazamientos: recuperar de manera efectiva los derechos civiles y políticos pasa por desmontar el andamiaje jurídico que sostiene a un gobierno incapaz de invocar la letra y el espíritu de la Constitución que dice defender.
A la PUD y a AVE les toca una tarea doble. Hacia adentro, impedir que la fragmentación en dos bloques se convierta en otra excusa para no hacer nada. La llegada de María Corina no debería competir con sus agendas, pero sí las condiciona: sin una salida institucional, ninguna agenda sectorial tiene por dónde avanzar. Hacia afuera, deben construir una posición común y convertir ese liderazgo en una hoja de ruta verificable, con plazos y mecanismos. No en otra ronda de declaraciones, que de esas ya hay suficientes. Mientras la sociedad civil, los gremios, los estudiantes y la diáspora también tienen un papel que no se puede delegar: sostener la presión y exigir que cada actor político responda por lo que hace frente a la Constitución. En un país donde la política suele anunciar el próximo paso y luego pedir paciencia para darlo, la rendición de cuentas no es un adorno, menos cuando la opacidad campea en el país.
Así las cosas, los vacíos legales no se llenan con más retórica ni con mesas que giran en círculos. Se llenan con resultados. Y aquí la secuencia está planteada: renovar el TSJ y el CNE, declarar la vacante presidencial y convocar elecciones en seis meses. La llegada de María Corina Machado no inventó esa exigencia, la puso otra vez delante de todos. Entiéndase bien, el país no está pidiendo un favor: está pidiendo que se cumpla la ley que quienes gobiernan juraron defender. Ese es el umbral mínimo de la democracia. Y el reloj, por lo visto, no acepta más prórrogas.
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