Desde Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, el padre del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Luis Alexander Bandres Figueroa, dice que han transcurrido casi ocho años desde aquel 21 de enero de 2019, cuando un grupo de militares tomó el comando de San José de Cotiza, en Caracas, en un acto de insubordinación que marcó los convulsos días de aquel mes.
Hoy, continua aguardando por su libertad…un episodio dentro de la crisis del cuerpo militar venezolano; en esta ocasión, su padre denuncia su detención injusta y pide justicia, su caso ha sido vinculado a la represión política contra militares críticos. Su situación refleja la persistente tensión entre lealtad institucional y disidencia en contextos de autoritarismo. El apoyo ciudadano y de organizaciones humanitarias sigue siendo crucial para su liberación.
Luis Alexander Bandres Figueroa, ha sobrevivido a la brutalidad del encierro y haber cumplido en la práctica la totalidad de la pena que inicialmente se les impuso, continúan tras las rejas. Su encierro ya no responde a una condena formal, sino a un limbo procesal que los mantiene secuestrados en su propia causa.
Primero, desde los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, donde la detención se transformó rápidamente en una pesadilla sistemática de tratos crueles. Arrastrado posteriormente ante una justicia militar que operó como un fuero diseñado no para impartir justicia imparcial sino para aplicar un escarmiento implacable, ha enfrentado graves acusaciones —traición a la patria, motín, rebelión y sustracción de armas de guerra— y a mediados de 2022, fue declarado culpable.
Su expediente se convirtió en una maraña burocrática sostenida por un inusual «ping-pong» judicial dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia y en un nivel de contradicción institucional alarmante; ya que la Sala Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de Casación Penal, anulando decisiones que descartaban las apelaciones de la defensa, evidenciando graves vicios procesales y vulneraciones al derecho a la defensa, y prosigue en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde.
Torturas y el dolor de las familias
Familiares de Bandrés han denunciado traslados arbitrarios, incumplimiento de garantías procesales y condiciones difíciles en los centros de detención, lo que ha motivado la atención de organismos internacionales de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Su esposa ha solicitado apoyo internacional y denunció afectaciones a su familia durante la detención.
Desde el momento de su detención, Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, ha alzado la voz valientemente para denunciar estas condiciones inhumanas. «Lo más grave que he presenciado es el desgaste físico por la falta de alimentación», relató, describiendo cómo reciben comida indigna, carecen de acceso regular al agua potable y enfrentan represalias desproporcionadas por su condición de militares insubordinados. Este patrón de abusos ya había llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a favor de Bandres en febrero de 2019. Hoy, permanece como un emblema de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.
El costo humano de esta anomalía judicial es devastador: las severas secuelas físicas y psicológicas que arrastran desde los primeros días de detención no son rumores ni simples testimonios: están rigurosamente documentadas en las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
Bandres ha sido sometido a un patrón brutal de torturas destinadas a quebrantar su dignidad: golpizas salvajes con objetos contundentes, descargas eléctricas en zonas sensibles del cuerpo, asfixia inducida mediante bolsas plásticas, posturas forzadas de colgado por períodos prolongados, privación del sueño y prolongados aislamientos en celdas subterráneas heladas y sin ventilación, sumados a permanentes amenazas contra la integridad de sus familias.
Estos métodos dejaron lesiones permanentes —incluyendo pérdida de la capacidad auditiva por contusiones en la cabeza y traumatismos no atendidos médicamente— que la defensa legal de Bandres intentó procesar en vano invocando la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, los tribunales militares y las cortes de apelaciones negaron de forma reiterada el derecho a una respuesta motivada, obviando por completo las garantías del Código Orgánico Procesal Penal.
El deterioro progresivo en Ramo Verde
Mientras no se le permita defenderse, su permanencia en Ramo Verde seguirá siendo el reflejo de un sistema que castiga, no por la fuerza de la ley, sino por el peso de la arbitrariedad.
Diversos reportes de prensa y organizaciones de seguimiento de derechos humanos lo ubican como detenido desde esa fecha (sin que las autoridades hayan hecho público un paradero verificable para el público).
Medios han publicado que estaría vinculado a denuncias de tortura (lo que, en el contexto, suele acompañarse de alegatos de incomunicación y falta de acceso a defensores/familiares).
Algunos lo sitúan dentro del grupo de militares/actores detenidos, lo que refuerza que su “paradero” sea el de un detenido, aunque no se documente un sitio específico confirmable.
Contexto y mensajes
Bandrés Figueroa enfatiza su motivación por defender los derechos de los ciudadanos venezolanos y la Constitución, asegurando que no tiene fines políticos personales. Su caso es parte de un contexto más amplio de denuncias sobre tratos a militares y presos políticos en Venezuela.
Esta información permite comprender la trayectoria del sargento mayor de tercera Bandrés Figueroa, enfocándose en hechos verificables, el marco legal de su condena y la relevancia de los derechos humanos en su situación.
En desarrollo…
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