El proyecto conserva definiciones ambiguas sobre las expresiones sancionables y permite al Ejecutivo imponer multas de hasta 10 mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor
La Asamblea Nacional, mantiene mecanismos que pueden restringir la libertad de expresión, pese a eliminar las penas de prisión contempladas en la legislación de 2017.
La propuesta elimina las penas de prisión de 10 a 20 años previstas en la legislación de 2017, pero conserva mecanismos de control sobre la libertad de expresión, introduce elevadas sanciones económicas y atribuye al Ejecutivo facultades para investigar y sancionar administrativamente conductas relacionadas con la difusión de mensajes y opiniones por parte de los comunicadores sociales.
Por eso, exigimos la derogación total de la norma y cuestionamos que la propuesta conserve sanciones económicas, facultades administrativas en manos del Ejecutivo y definiciones que, a su juicio, dejan margen para castigar expresiones críticas.
El SNTP señaló que la reforma elimina las penas de entre 10 y 20 años de prisión, pero establece multas equivalentes a entre 500 y 10 mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). También contempla entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o la participación en programas educativos”.
