Autoritarismo líquido en el mundo — España
En la madrugada del 20 de enero de 2020, un avión procedente de Caracas se detuvo en el terminal ejecutivo del aeropuerto de Barajas. A bordo viajaba Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, a quien la Unión Europea había prohibido la entrada a su territorio desde 2018. Al pie de la escalerilla la esperaba José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, acompañado de su asesor de confianza, Koldo García. Lo que ocurrió en aquella pista tuvo, en los días siguientes, varias versiones oficiales distintas. Primero no hubo encuentro; luego fue casual; después se trató de evitar que la vicepresidenta pisara suelo español. Diversas versiones e informes periodísticos iniciales apuntaron a que del avión se bajaron entre 12 y 40 maletas que habrían sido introducidas en un vehículo diplomático de la Embajada de Venezuela sin pasar por los controles de seguridad habituales. La verdad, como suele ocurrir en la España de los últimos años, se volvió líquida antes de que alguien pudiera determinarla en un marco fijo de referencia. Aún hoy, se desconocen los detalles de aquel encuentro y del contenido de las maletas.
Casi siete años después, aquella escena parece una fotografía de grupo tomada antes de tiempo. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a más de veinticuatro años de prisión y a Koldo García a más de diecinueve por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Mientras tanto, Delcy Rodríguez gobierna hoy Venezuela como presidenta encargada, con el respaldo de Washington, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. En un segundo plano, pero siempre presente, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente que durante una década se presentó como mediador entre el chavismo y sus adversarios, se convirtió en mayo en el primer expresidente del Gobierno español imputado, en la causa sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, empresa bajo el control mayoritario de empresarios de origen venezolano. Aquella noche, en una pista de Madrid, coincidieron casi todos los nodos de la historia que voy a intentar contar.
Para contarla, necesito antes explicarles el origen de esta nueva serie de ensayos que, con el caso de España, comienzo a relatar. Hace pocas semanas terminé de publicar, aquí en Substack, lo que pudiera considerarse la primera temporada de 24 capítulos, sobre el Autoritarismo Líquido como un modelo de poder sustentable y que consiguió en la Venezuela de Hugo Chávez su punto de inicio. Todos los conceptos y categorías que aparecerán en este nuevo set de ensayos vienen de allí, y pueden ser revisados si el lector requiere un contexto más amplio del modelo que aquí voy a desarrollar.
Primero, quiero precisar de qué hablo cuando hablo de poder líquido. Zygmunt Bauman llamó modernidad líquida a una época en la que nada conserva su forma el tiempo suficiente como para solidificarse, y describió un poder que ya no se ejerce ocupando el territorio, sino escapando de él, eludiendo compromisos y moviéndose más rápido que quienes intentan sujetarlo. En el libro Riesgos Líquidos llevé esa intuición al terreno de la seguridad y del poder político-criminal. El autoritarismo líquido no necesita abolir la democracia; le basta con vaciarla, doblarla o administrarla desde dentro. No se organiza como una pirámide con un vértice que puede ser decapitado, sino como una red de nodos, personas, partidos, empresas, medios, intermediarios, que cooperan sin necesidad de una cadena de mando formal. Cuando un nodo cae, la red se reconfigura. Lo que la mantiene unida no es una ideología, sino una unidad de propósito que radica en conservar el poder de cualquier manera y a cualquier costo.
Venezuela fue el laboratorio más acabado de ese modelo, porque allí la red terminó devorando a las instituciones. Pero el poder líquido es un método, no se circunscribe a una geografía y sus reglas no requieren una dictadura para funcionar. Pueden operar en los intersticios de una democracia consolidada, dentro de la Unión Europea, con jueces independientes y prensa libre. España es, por eso, el caso más instructivo, aunque resulte difícil para algunos, si queremos comenzar este recorrido por el mundo. No se trata de afirmar que España sea Venezuela, porque no lo es. Se trata de observar cómo cuatro reglas que he identificado en el comportamiento de estos sistemas aparecen, adaptadas al medio, en el ejercicio del poder de Pedro Sánchez, y cómo una democracia sólida intenta contenerlas. Esas reglas son la legalización de la perpetuidad, el simulacro institucional, la fragmentación estratégica y el equilibrio del caos controlado.
La primera, la legalización de la perpetuidad, consiste en revestir de legalidad la permanencia en el poder, de modo que quedarse parezca siempre el resultado natural de las reglas y nunca una decisión contra ellas. En Venezuela, exigió reescribir constituciones y controlar el árbitro electoral. En España no requiere necesariamente manipular el voto ni tocar la Constitución, aunque existen propuestas para esto. Su instrumento es más sutil. Es el calendario. Desde 2019, Sánchez ha llevado a los españoles a las urnas en cuatro elecciones generales: tres por un adelanto decidido desde La Moncloa en el momento más conveniente, y una por la repetición que siguió a una investidura fallida. En 2023 disolvió las Cortes al día siguiente de una severa derrota municipal y autonómica, y convirtió el castigo en una apuesta que le permitió seguir gobernando. El 5 de octubre de 2026 volvió a hacerlo, tres días después de que el PP, Vox y Junts derrotaran en el Congreso sus decretos de vivienda, en medio de protestas masivas por el desahucio de una mujer de ochenta y siete años. En lugar de esperar a que la legislatura se disolviera por sí sola, la disolvió él. No es casualidad que Sánchez titulara su libro de 2019 de Manual de resistencia. Resistir, en la lógica líquida, no significa aguantar el golpe, sino moverse antes de que llegue, para luego bordearlo como lo hacen los líquidos frente a los obstáculos que se le atraviesan.
La investidura de noviembre de 2023 añadió una segunda pieza a esa regla. Con menos escaños que el Partido Popular, Sánchez obtuvo 179 votos a cambio de una ley de amnistía para los encausados del proceso independentista catalán, una medida que él mismo había descartado antes de las elecciones. La perpetuidad no se impuso; se negoció, se votó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Esa es precisamente su naturaleza líquida. Todo es legal, todo es reversible en apariencia, y todo apunta en la misma dirección.
La segunda regla, el simulacro institucional, describe la conservación de la forma de las instituciones mientras se altera su función. Jean Baudrillard escribió que el simulacro no oculta la verdad, sino que oculta que ya no hay verdad. En Venezuela las instituciones quedaron vacías y se mantuvo la fachada. En España siguen allí, cargadas de contenido, pero el poder intenta invertir su significado. Cuando el Tribunal Supremo condenó en noviembre de 2025 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados de un particular, el presidente del Gobierno respondió que seguía creyendo en su inocencia. Cuando un juez envió a juicio con jurado a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación, el Gobierno habló de persecución judicial. Cuando la Audiencia Provincial de Badajoz condenó en julio a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación, el PSOE proclamó su inocencia. Las resoluciones están recurridas o pendientes de juicio y ninguna implica al presidente en un delito, pero el patrón discursivo es el mismo. La sentencia favorable es justicia; la desfavorable, lawfare.
El mismo mecanismo opera sobre los instrumentos que miden la realidad. El Centro de Investigaciones Sociológicas, presidido por José Félix Tezanos, antiguo miembro de la dirección socialista, publicó a mediados de octubre de 2026 una estimación que otorgaba al PSOE casi doce puntos de ventaja sobre el PP, una distancia que ningún otro estudio refleja. Las encuestas privadas publicadas a finales de ese mismo mes por NC Report, SocioMétrica y Sigma Dos sitúan al PP como primera fuerza y a la suma de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta. Un sondeo público que no busca medir la opinión, sino producirla, es un simulacro en estado puro.
La investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre Leire Díez, la exmilitante socialista a la que la prensa llamó la «fontanera» del partido, lleva esa lógica un paso más allá. Según las causas judiciales abiertas y los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que en mayo de 2026 entró en la sede del PSOE en la calle Ferraz con autorización judicial, Díez y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, habrían encabezado una red que, entre otras cosas, maniobró contra fiscales y mandos de la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investigaban al entorno socialista. Son hechos bajo instrucción, que los investigados niegan y que deben probarse en juicio. Pero si se confirmaran, mostrarían algo más grave que la corrupción clásica. Describirían a una red intentando contaminar a quienes la vigilan.
Hay otra forma, más silenciosa, de simulacro institucional y consiste en conservar el nombre de una función mientras se disuelve la estructura que la sostiene. En julio de 2018, apenas llegado al Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska creó el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, conocido como OCON-Sur, un dispositivo especial de la Guardia Civil para enfrentar a los clanes de la droga en Andalucía y, sobre todo, en el Campo de Gibraltar. Reunía a unos ciento cincuenta agentes en comisión de servicio, con dedicación exclusiva y un mando único de coordinación. Sus resultados le valieron reconocimientos dentro y fuera del cuerpo. En septiembre de 2022, ese dispositivo dejó de existir como estructura específica. La decisión se tomó en el Ministerio del Interior, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y Marlaska la atribuyó a criterios operativos de los mandos de la Guardia Civil. La explicación oficial fue que se trataba de una unidad concebida como temporal y que sus agentes pasarían a las unidades de Policía Judicial de las comandancias. La lucha antidroga no desapareció del organigrama. Lo que desapareció fue la coordinación especializada que la hacía temible y efectiva.
La crítica más sólida relacionada con la desaparición de la OCON-Sur no vino de la oposición, sino de la Fiscalía. Su memoria sobre 2022 señaló que la disolución fue inesperada, que se produjo sin aviso previo a fiscales ni a órganos judiciales y que, al terminar el año, la integración de los agentes en sus nuevos destinos seguía incompleta. La fiscal delegada vinculó la reducción de procedimientos por narcotráfico en Cádiz con una menor presión policial y con la desaparición de OCON-Sur. En febrero de 2024, después de que una narcolancha embistiera y matara a dos guardias civiles en el puerto de Barbate, hasta el entonces fiscal general del Estado admitió que Interior se había equivocado al eliminarlo. El ministro, por su parte, defendió en el Congreso que las operaciones antidroga habían aumentado después, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía negó que existiera dejadez policial en la zona. Conviene añadir un dato que suele confundirse en este debate. Algunos mandos de OCON-Sur fueron objeto de investigaciones judiciales. La que se refería a una supuesta colaboración con narcotraficantes fue archivada; otra, por presunto cohecho y revelación de secretos, siguió su curso. Confundir ambas causas conduce a conclusiones erróneas, tanto para acusarlos de todo como para exonerarlos de todo.
Mi lectura es la siguiente: Hay fundamento documental para cuestionar cómo se ejecutó la disolución de OCON-Sur y el impacto operativo que tuvo. La responsabilidad política del ministro es clara; aunque en esa zona gris, se diluye la posible acción de Sánchez, quien no se vincula personalmente al cierre. Nada de lo que hoy se conoce permite convertir aquella decisión, sin pruebas adicionales, en una maniobra deliberada para favorecer al narcotráfico. Pero el caso ilustra con precisión cómo opera el simulacro en una democracia. La función sigue figurando en el papel, los agentes siguen existiendo y las estadísticas pueden presentarse en un sentido o en otro. Lo que se pierde es la capacidad concentrada del Estado frente a una red criminal que sí funciona con agilidad, de forma dispersa y adaptativa.
La tercera regla, la fragmentación estratégica, es la que mejor explica la supervivencia de Sánchez. Consiste en sostenerse sobre una constelación de actores dispersos, incluso incompatibles entre sí, en lugar de hacerlo sobre un bloque homogéneo. El bloque que lo invistió en 2023 reunía a socialistas, a la izquierda de Sumar, a independentistas catalanes de izquierda y de derecha, a nacionalistas vascos democristianos y a los herederos políticos de la izquierda abertzale. Ninguna estructura jerárquica podría sostener semejante conjunto. Solo puede hacerlo lo que los teóricos de las organizaciones llaman una heterarquía, un orden con varios centros de decisión que se coordinan sin que ninguno mande sobre los demás. No necesita coherencia ideológica, sino intereses que converjan en un punto o un propósito. Cada nodo obtiene algo distinto y todos coinciden en impedir la alternativa. La red no se rompe cuando un socio se aparta; se reconfigura. Junts rompió con el PSOE en octubre de 2025 y fue decisivo para derribar los decretos de vivienda un año después. Sánchez no intentó recomponer esa pieza. Disolvió el tablero y convocó una partida nueva.
La cuarta regla, el equilibrio del caos controlado, es quizás la más sofisticada. Consiste en presentarse como la única barrera entre el orden y el desorden, de manera que cualquier alternativa parezca un salto al vacío y el costo de cambiar resulte siempre mayor que el de permanecer. En España tiene su fórmula más conocida en una sola palabra. En su discurso de investidura de noviembre de 2023, Sánchez prometió levantar un muro frente a la derecha y la ultraderecha. Desde entonces, el muro ha funcionado como argumento disuasivo. O yo, o algo peor. No hace falta que el Gobierno fabrique las crisis para que esta regla opere, y sería injusto sugerirlo. Basta con administrarlas como recurso. La dana de Valencia, el apagón general de abril de 2025, el accidente ferroviario de Adamuz, la crisis migratoria de Ceuta y, hace apenas unos días, el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, con sesenta y nueve muertos, han sido tragedias reales con víctimas reales. En cada una, el debate público se desplazó con rapidez desde la gestión hacia la disputa por la culpa ajena. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ofreció su dimisión tras Urda, Sánchez la rechazó por injusta y Puente terminó dimitiendo el 4 de noviembre, en plena precampaña, cuando el coste político ya era imposible de absorber. El caos no se resolvió. Se administró hasta que dejó de ser útil.
Ninguna de estas reglas funcionaría sin armas que les den alcance. Llamo armas líquidas a aquellas que no destruyen al adversario, sino que alteran el medio en el que se le percibe, como la narrativa, el ruido, la saturación informativa y la redefinición constante de lo verdadero y lo falso. En abril de 2024, después de que un juzgado abriera diligencias contra su esposa, Sánchez suspendió su agenda durante cinco días para «reflexionar» sobre su continuidad. Volvió con un diagnóstico, la existencia de una «máquina del fango», y con un programa para combatir los bulos y regular a medios que él mismo había calificado de pseudomedios. La desinformación es una amenaza real para las democracias, y no lo discuto. Lo que me interesa es el desplazamiento. En las guerras de cuarta generación que describió William Lind, el campo de batalla decisivo no es el territorio, sino la percepción. Quien logra definir qué es un bulo controla una parte del terreno antes de que comience la batalla. Las redes sociales, la tribuna del Consejo de Ministros y los ministros convertidos en polemistas digitales forman parte de esa artillería. Su objetivo no es convencer, sino saturar.
Lo que no debe extrañarnos es que en el centro de la red aparece de nuevo Venezuela. En toda red líquida hay nodos que no mandan, pero conectan. Son agentes adaptativos, actores capaces de cambiar de papel según el entorno, de moverse entre mundos que no deberían tocarse y de hacer circular por ellos información, legitimidad y dinero. Zapatero encaja en esa descripción. Durante años encabezó mediaciones con el régimen chavista. En septiembre de 2024, Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones venezolanas del 28 de julio según las actas recolectadas por el movimiento democrático liderado por María Corina Machado, firmó en la residencia del embajador de España en Caracas, ante Jorge y Delcy Rodríguez, la carta que precedió a su salida hacia el exilio en Madrid; más tarde declaró que lo hizo bajo coacción. En febrero de 2026, semanas después de la captura de Maduro, Zapatero volvió a Caracas y elogió a Delcy Rodríguez. Ahora el juez José Luis Calama investiga si utilizó su influencia para facilitar el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Sánchez concedió a Plus Ultra en 2021 y ha pedido a la policía un estudio exhaustivo del capital venezolano en la aerolínea. Uno de los investigados declaró en julio de 2026 que fue Zapatero quien le presentó a Delcy Rodríguez. Zapatero niega cualquier irregularidad y sostiene que cobró por consultorías lícitas, y debe presumirse inocente mientras no exista sentencia. Pero el mapa de conexiones que describe el sumario tiene la morfología exacta de una red líquida. Política, negocio, diplomacia y dinero fluyendo por los mismos conductos.
La posición oficial del Gobierno español ante el 3 de enero completó el cuadro. Sánchez recordó que España no había reconocido la reelección de Maduro y, en la misma frase, advirtió que tampoco reconocería la intervención que lo sacó del poder. Ofreció los buenos oficios de España para una solución negociada. La ambigüedad no era un descuido, sino la forma de no romper con ninguna de las orillas, la misma lógica de flotación que permite a un nodo líquido sobrevivir a cualquier desenlace.
¿Qué ocurrirá el 29 de noviembre? No lo sé y desconfío de quien en este contexto crea saberlo. Lo que el modelo permite anticipar es ya conocido. Si la suma de PP y Vox no alcanza la mayoría absoluta, la heterarquía de 2023 intentará recomponerse con piezas nuevas, aunque el PSOE no sea la fuerza más votada, como ya ocurrió entonces. Si la alcanza, el muro se habrá convertido de antemano en el relato de la deslegitimación del adversario. En ambos casos, el método será el mismo. Moverse antes que el resto, administrar el miedo, saturar la conversación y esperar.
Pero hay una diferencia que conviene subrayar, porque es la lección más importante de este caso. En Venezuela, la red devoró a sus propios jueces. En España, los jueces aún no han sido tragados por el sistema. Un exministro está en prisión, un fiscal general fue condenado, el hermano del presidente ha sido sentenciado, su esposa irá a juicio y un expresidente está imputado. Todo eso ocurrió con Sánchez en La Moncloa. La democracia española, con todas sus tensiones, conserva aquello que Bauman consideraba el enemigo natural del poder líquido, que no es la fuerza, sino la solidez. Instituciones que permanecen cuando las personas se mueven, tribunales que no cambian de criterio según la audiencia y ciudadanos que votan.
El poder líquido no teme al adversario que lo enfrenta, sino a las instituciones que no se dejan disolver.
España vota el 29 de noviembre. El resultado dirá cuánto de esa solidez sigue en pie y cuánto ha aprendido el método a filtrarse por sus grietas. En los próximos ensayos seguiré su rastro por otros países, porque el autoritarismo líquido dejó hace tiempo de ser una anomalía latinoamericana para convertirse en una forma de ejercer el poder que viaja, se adapta y encuentra acomodo allí donde las instituciones ceden.