Acompañamos a los familiares en la denuncia del traslado de cinco presos políticos desde el estado Barinas hacia centros penitenciarios en el estado Miranda, una medida que agrava su situación de vulnerabilidad y limita el acompañamiento de sus familias.
Entre los afectados se encuentra Ysaira Villamizar, enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, así como el exalcalde José Luis Machín, el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio, trasladados a la cárcel de Yare II.
Los familiares han señalado que este traslado constituye una injusticia, ya que los aleja de su lugar de residencia y dificulta el acompañamiento necesario durante su privación de libertad.
Además, genera una carga económica significativa para quienes buscan visitarlos y brindarles apoyo, obligándolos a cubrir gastos de transporte, alojamiento y alimentación en condiciones adversas.
El acceso cercano de la familia es un derecho fundamental que impacta directamente en el bienestar físico y emocional de las personas privadas de libertad, y su limitación profundiza la vulnerabilidad en la que se encuentran.
Exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de Ysaira Villamizar, José Luis Machín, Junior Rivas, Miguel Jorge y José Osorio.
Es urgente tomar medidas que corrijan esta situación y permitan que sus familias puedan acompañarlos sin obstáculos económicos ni geográficos, asegurando la dignidad, la protección y la justicia que merecen.