Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) denunciamos con profunda alarma y condena la grave situación a la que están siendo sometidos los presos políticos Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro, recluidos en el piso 4 de El Rodeo I, quienes cumplen 11 días de castigo bajo condiciones inhumanas y degradantes.
Según denuncian sus familiares, los cuatro detenidos se encuentran en aislamiento total, sin ropa, esposados las 24 horas del día y sin acceso a paquetería, lo que incluye medicamentos esenciales para el control de su salud.
Las autoridades penitenciarias se niegan a informar el motivo ni la duración del castigo, y los funcionarios encargados de atender a los familiares aseguran “no tener información”, perpetuando la opacidad y la impunidad.
Antecedentes y patrones de abuso Este tipo de castigo no es un hecho aislado. En anteriores oportunidades, los detenidos en El Rodeo I han sido sometidos a períodos de aislamiento que se extienden entre uno y cuatro meses, durante los cuales también se restringe la alimentación y el acceso al agua potable, configurando una práctica sistemática de tortura física y psicológica.
Estas condiciones violan abiertamente la Constitución venezolana (Artículos 43 y 46), la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las Reglas Mandela de la ONU sobre el trato digno a las personas privadas de libertad.
Este sufrimiento impuesto no se limita a los detenidos. Sus familiares, sometidos a incertidumbre, maltrato institucional y negación de información, padecen un tormento paralelo que agrava el impacto de esta forma de violencia de Estado. Negar el contacto y la asistencia médica es una forma de castigo colectivo que refleja el desprecio del sistema penitenciario venezolano por la dignidad humana.
Exigimos al Estado venezolano: • El cese inmediato del aislamiento y la tortura contra Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro. • La garantía de acceso a atención médica, medicamentos, alimentación adecuada y comunicación con sus familias.
Una investigación independiente e imparcial que determine las responsabilidades de los funcionarios implicados en estas violaciones. • El fin de los castigos prolongados y de toda práctica de tortura física o psicológica en los centros penitenciarios del país.
Alertamos a la comunidad internacional y a las instancias de las Naciones Unidas sobre este hecho que evidencia una grave y sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela, al tiempo que solicitamos un pronunciamiento urgente para resguardar la vida, la integridad física y psicológica de las personas afectadas.
La tortura no se justifies. El silencio institucional no la borra. El aislamiento prolongado, la desnudez forzada y el hambre son crímenes de Estado que vulneran la dignidad humana.