Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social, fue condenado a 15 años de prisión por denunciar problemas de su comunidad en Cojedes a través de redes sociales y la app Ven App.
Fue detenido, el 20 de marzo de 2025, lleva más de 10 meses privado de libertad. Su caso ha generado preocupación por la represión a la expresión digital y la labor periodística en Venezuela, destacando el riesgo que enfrentan los jóvenes al ejercer su derecho a informar sobre situaciones de vulnerabilidad en sus territorios.
Durante sus declaraciones ante un tribunal, Juan Alvarado señaló que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en su comunidad de Apartadero. Incluso él es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes, acotó el SNTP.
«Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo», relató un familiar.
Según sus allegados, los recursos para las reparaciones fueron asignados, pero las obras nunca se ejecutaron. Aseguran que «la condena contra Juan es una represalia política del ex alcalde chavista Uliber Quintero», por haber denunciado públicamente la falta de ejecución de esas obras.
«La denuncia de las cloacas está en Aguas Cojedes, pero se niegan a entregarnos el informe. Juan, como estudiante de periodismo, hacía lo que estaba aprendiendo: informar», señalaron.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó el acta de declaración de un supuesto miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero. Sin embargo, esa persona nunca compareció ante el tribunal cuando fue citada.
LA DETENCIÓN DEL ESTUDIANTE
Juan Alvarado regresaba en un transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde vive con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas en la rodilla.
En el punto de control La Cascada, en la autopista José Antonio Páez, estado Portuguesa, funcionarios de la GNB solicitaron las cédulas a los pasajeros.
Tras verificar sus datos, lo bajaron del autobús y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra.
«Luego sabría que había sido emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes de fecha 9 de enero de 2025. Esto por el delito de incitación al odio, previsto en el artículo 20 de la Ley contra el Odio», apuntó el SNTP.