Aunque decenas de presos políticos han sido liberados, al menos 66 personas detenidas por las autoridades estatales y de las que nunca más se supo de ellas siguen desaparecidas, según denuncian familiares y grupos de derechos humanos.
Tras un viaje de 10 horas en autobús por Venezuela para encontrar a su esposo desaparecido, Carolina Carrizo improvisó una cama con cojines de sofá desechados para dormir afuera de la Zona 7, un centro de detención en Caracas. Hace dos meses, relató, unos 30 policías uniformados que buscaban armas irrumpieron en su casa en el oeste de Venezuela y se llevaron a su esposo, Omar Torres, de 53 años, activista político. Las autoridades nunca reconocieron el arresto, afirmó, y no ha tenido noticias suyas desde entonces. Ha dormido afuera de la Zona 7 desde que llegó a Caracas hace dos semanas. Ni siquiera está segura de que él esté allí. Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la administración Trump, el gobierno interino venezolano ha atraído titulares internacionales por la liberación de decenas de presos políticos que, según grupos de derechos humanos, fueron detenidos injustamente. El flujo de liberaciones ha vuelto a poner de relieve un fenómeno similar en Venezuela: personas que fueron arrestadas, principalmente por motivos políticos, y luego desaparecieron. Las palabras de elogio del presidente Trump hacia la actitud, según él, complaciente de la líder interina, Delcy Rodríguez, han avivado la esperanza entre las familias venezolanas de que la nueva cooperación entre ambos países pueda traer la libertad a decenas de personas que fueron secuestradas sin dejar rastro.
“Todos estamos aquí, fuera de las cárceles, por Trump, por lo que hizo”, dijo la Sra. Carrizo. “Ahora solo quiero que me devuelvan a mi esposo”.
Durante dos semanas, otras madres, esposas y novias de toda Venezuela han dormido en la calle, frente a la Zona 7, donde sus tiendas de campaña se encuentran junto a decenas de policías con escudos antidisturbios. La policía afirma que la cárcel está vacía, pero las familias afirman haber escuchado gritos desde adentro. “Siento que Trump es quien los va a sacar”, dijo Betsy Orellana, quien explicó que su hijo, Rodolfo José Rodríguez Orellana, expolicía, cumple una condena de 24 años por participar en un complot para derrocar al gobierno. Está desaparecido desde agosto, añadió. Se desconoce la ubicación de al menos 66 presos en Venezuela, según Foro Penal, una importante organización de derechos humanos que rastrea las detenciones por motivos políticos. De ellos, unos 30, como el hijo de la Sra. Orellana, fueron arrestados durante un intento de invasión a Venezuela en 2020 conocido como Operación Gedeón. El intento de derrocar a Maduro, ideado por un ex boina verde estadounidense, fracasó estrepitosamente: ocho aspirantes a rebeldes fueron asesinados y el resto sigue en prisión, sin saber nada de ellos desde su traslado en agosto. El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Las desapariciones forzadas son una práctica con décadas de antigüedad que se convirtió en una herramienta notoria utilizada por las dictaduras latinoamericanas contra sus críticos, desde extranjeros hasta estudiantes y activistas políticos. Esta práctica se considera una violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad, ya que las autoridades están obligadas a reconocer cuando una persona se encuentra bajo custodia policial.
En Venezuela, algunas personas llevan más de un año desaparecidas.
Según la legislación venezolana, los detenidos deben comparecer ante un tribunal en un plazo de 48 horas, una disposición que, según activistas de derechos humanos, suele ignorarse. Sin embargo, en los casos de los desaparecidos, las familias ni siquiera saben dónde se encuentran detenidos.
El gobierno venezolano desató una dura represión, denominada "Operación Toc-Toc", para reprimir la disidencia tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, que Maduro afirmó haber ganado a pesar de que el recuento de votos mostraba una derrota decisiva.
Casi 800 personas consideradas presos políticos siguen detenidas tras la liberación de 154 en los últimos días, según Foro Penal.
Incluso en países donde las violaciones de derechos humanos son frecuentes, la desaparición de reclusos se considera particularmente grave porque los detenidos se encuentran fuera del amparo de la ley, según expertos en derechos humanos. A las familias les resulta difícil contratar abogados defensores para un caso que oficialmente no existe, lo que hace que el acusado sea particularmente vulnerable, según los expertos.
Amnistía Internacional, en un informe del año pasado, afirmó que Venezuela experimentó un aumento significativo de las desapariciones forzadas tras las elecciones de 2024.
La organización afirmó que las personas desaparecían durante horas, días, semanas o meses. Clara del Campo, coordinadora de campañas para América del Sur de Amnistía Internacional, afirmó que las familias "literalmente" tocan las puertas de las cárceles preguntando por sus seres queridos, pero los guardias afirman que nadie con ese nombre se encuentra bajo custodia. "Esto demuestra el ingenio de los gobiernos represivos, que encuentran nuevas formas de ejercer la crueldad y castigar a quienes consideran disidentes, reales o percibidos", afirmó. El término "desaparecido" se popularizó en la década de 1970 en Argentina, cuando una dictadura militar secuestró a unas 30.000 personas, las torturó y, en cientos de casos, las arrojó al mar desde aviones. Durante años, el término se consideró sinónimo de "desaparecido y probablemente muerto". En años más recientes, la práctica se volvió común en países como Nicaragua, donde se cree que las personas desaparecidas están vivas pero encarceladas, sin registros que lo documenten. En Nicaragua, varias decenas de personas que estaban detenidas y desaparecidas fueron liberadas recientemente, pero nueve siguen desaparecidas, según un grupo de monitoreo de presos. En Caracas, capital de Venezuela, Víctor Borges, de 39 años, activista político, se encuentra desaparecido desde el 25 de noviembre, según informaron sus familiares.
“It is as if the earth swallowed him,” said his former partner, Yesley Bello, 26.
Testigos le dijeron a la Sra. Bello que vehículos con la insignia de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela llegaron al lugar de trabajo del Sr. Borges, una escuela privada de élite donde cuidaba animales en el zoológico interactivo de la escuela, y se lo llevaron. Su familia puede recitar de memoria los nombres de agencias gubernamentales, prisiones, hospitales, comisarías y morgues a las que han ido a preguntar por él. Cada vez, según la familia, les dijeron lo mismo: No había nadie con ese nombre. La Sra. Bello ha comenzado a considerar la posibilidad de que nunca regrese con ella ni con sus cinco hijos. “Les contaré del gran padre que tuvieron”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Martina Rapido, investigadora de Human Rights Watch, afirmó que la desaparición forzada es “siempre una estrategia para quebrar no solo a la persona detenida, sino también a sus familias, a veces como represalia por la oposición política”. La Sra. Rapido explicó que las desapariciones generalmente se ajustan a uno de dos patrones. Suelen ser detenciones breves que duran unos pocos días. Pero otras involucran a activistas de alto perfil que permanecen incomunicados durante un período prolongado.
Marilis Rodríguez, de 58 años, viajó recientemente 320 kilómetros a Caracas desde la ciudad de Acarigua en busca de su hijo, Carlos José Rodríguez Rodríguez. Dijo que la policía se llevó al Sr. Rodríguez, de 29 años, de su casa el 23 de septiembre de 2025, tras acusarlo de vender dólares ilegalmente en el mercado negro. “Se llevaron a mi hijo de su casa para una investigación”, dijo la Sra. Rodríguez. “Iban a interrogarlo sobre algo, y van a pasar cuatro meses desde la última vez que supimos de él”. Añadió que su hijo, vendedor de productos importados, no participaba en política. Comentó que en una prisión de Caracas le informaron que había sido liberado, pero al día siguiente le confirmaron que no era cierto. El primer hijo del Sr. Rodríguez, un niño, nació después de su secuestro, por lo que aún no se conocen. La familia afirmó haber intentado encontrarlo en al menos cinco cárceles de Caracas y también preguntó por él en todas las comisarías de Acarigua. “Hemos revolucionado el pueblo de Acarigua”, dijo Adriana Graterol, una prima.
Leomaris Prado viajó ocho horas en autobús desde el estado Guárico hasta El Helicoide, una prisión con reputación de centro de tortura en Caracas, buscando a su padre. Leonardo Prado, mecánico, está desaparecido desde el 28 de diciembre, cuando, según ella, lo detuvieron en un retén y se lo llevaron. Su padre no era militante político, dijo la Sra. Prado, pero recientemente tuvo una discusión con vecinos ruidosos que resultaron ser policías, y su familia ahora se pregunta si eso motivó su detención. “Estoy aquí porque quiero pruebas de que mi padre está vivo”, dijo la Sra. Prado. “Quiero que me digan dónde está. Quiero que me digan por qué se lo llevaron. Quiero que me muestren las pruebas”.
Frances Robles