Se trata de VÍCTOR HERRERA abogado penalista y TSU Analista de Sistemas, con Diplomado en Derecho Procesal Telemático y Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes, egresado por cierto de la Primera Promoción de Abogados de la Universidad Privada “Fermín Toro” -UFT- en la ciudad de Guanare estado Portuguesa, litigante en Caracas y estado Miranda, quien en la actualidad es apoderado judicial de unas personas que presentaron demanda o juicio por “TACHA DE FALSEDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO”, específicamente intenta el referido abogado tachar de falsa un acta de matrimonio que permitió a su vez que el SENIAT incluyera como heredera de su presunto esposo fallecido.
Resulta, que la parte demandada, por intermedio de su abogado apoderado, en vez de dar contestación a dicha demanda, presentó “cuestiones previas” establecidas en los numerales 2º, 6º y 11º del Art. 346 del Código de Procedimiento Civil -CPC-. Cabe destacar que el demandado, cuando el tribunal lo emplaza, tiene dos opciones, dar contestación o presentar las citadas cuestiones previas que son mecanismos de defensa procesal que el demandado utiliza al inicio del juicio para subsanar vicios, depurar el proceso o alegar impedimentos legales (competencia, ilegitimidad, entre otras) antes de contestar el fondo de la demanda.
Se distingue, señala el entrevistado abogado, que la complejidad de esta institución procesal radica en la diversidad de sus efectos (dilatorios, suspensivos o extintivos), la exigencia de plantearlas en una fase específica, y la necesidad de diferenciar entre vicios subsanables e insubsanables; pero también que declarar el tribunal CON LUGAR en su sentencia interlocutoria, a menos que no se apele, el juicio llega a su fin, pudiendo, claro está, presentarse nuevamente luego tres (03) meses.
En la referida sentencia interlocutoria, el Tribunal de Primera Instancia Civil de la ciudad de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, declara SIN LUGAR las aludidas cuestiones previas, lo que indefectiblemente, obliga ahora a la persona demandada a consignar la propia contestación.
Se resalta, que también este tribunal en su dispositiva, decreta el pago de las costas procesales, que, aun no habiendo culminado el juicio, se trata de una “incidencia” que, del mismo modo, el abogado o parte perdidosa queda obligada a pagar. Las costas procesales abarcan los costos de traslado, fotocopias, entre otros y también incluye los honorarios profesionales del abogado que resultó vencedor.
Pese que, como abogado penalista, resalta el entrevistado, y siendo este juicio materia civil, de ´mucho provecho´ y aprendizaje le resultó ser uno de los más destacados estudiantes de pregrado en la asignatura de Derecho Procesal Civil y, muy específicamente el tema de las “cuestiones previas” que es uno de los “dolores de cabeza” del derecho.