Recientemente, el abogado penalista Víctor Herrera, experimentado litigante en la jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas -AMC- y estado Mirando ha obtenido como apoderado judicial querellante dos consecutivos pronunciamientos favorables en la Corte de Apelaciones del AMC y estado Miranda, extensión Barlovento -Guarenas- donde dichas Cortes por interposición de los respectivos Recursos de Apelación han anulado de oficio las audiencias preliminares ordenando a un nuevo Tribunal de Control distinto celebrar dicha actividad procesal o nueva audiencia.
En ambos casos, la Corte pudo denotar vicios procesales por parte del tribunal de instancia o de control que por ende hacen nula las audiencias preliminares celebradas en su oportunidad, tanto en Caracas como en el Circuito Penal de Guarenas estado Miranda.
Llama la atención, precisamente por el citado aforismo latino “iura novit curia” que es un principio jurídico que significa “el juez conoce el derecho”. Faculta o impone al juez el deber de aplicar la norma jurídica correcta al caso, incluso, si las partes no la invocan o lo hicieron incorrectamente. El derecho no necesita ser probado, solo los hechos, permitiendo al tribunal fundamentar su fallo en la ley, entonces, este principio, se insiste, se basa en la presunción de que el juez es conocedor del ordenamiento jurídico y, cuando incurre en este tipo errores o vicios, indefectiblemente ocasiona retardo procesal y, en ocasiones, efectos irreparables que afectan la justicia.
Importante distinguir el llamado “desorden procesal” citado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República -TSJ- como máximo intérprete de la Constitución en la Sentencia Nº 2821 del 28 de octubre del año 2023, donde señala:
«En sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquismo procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales».
En resumen, es un llamado a garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, evitar la alteración de los trámites legales por parte de los jueces, así como el cambio de procedimientos adecuados, la falta de motivación en sentencias -no explicar razones legales o fácticas- y la inobservancia de lapsos procesales.