Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.
Venezuela ocupó el último lugar entre los 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El informe destaca que el país comparte este puesto con Nicaragua, ambos sin libertad de expresión. Se señala un deterioro generalizado en las condiciones para el periodismo en las Américas, con altas restricciones y riesgos para los medios.
La evaluación se basa en opiniones de directores de prensa y refleja la censura sistémica, represión a periodistas y control estatal sobre los medios.
Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países «sin libertad de expresión», según el informe. El país suramericano tiene 7,02 puntos de un total de 100 posibles «luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2.000 personas detenidas».
República Dominicana ocupa el primer lugar del índice y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en Venezuela.
‘Uno de los peores años para el periodismo’
Para los autores del informe, “se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región” debido a la violencia ejercida y la impunidad agravada en “México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela”.
El deterioro no discrimina entre ideologías y “las libertades de prensa y expresión no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política” que caracterizan a la región en los últimos años, según el informe.
Los países peor evaluados tienen “presidencialismos autoritarios” y, en ellos, el entorno contrario a esas libertades suele estar vinculado al poder ejecutivo, aseguran los autores del trabajo.
Identifican asimismo patrones comunes en los métodos para silenciar al periodismo independiente: criminalización desde los poderes del Estado; estigmatización pública de periodistas, acompañada a veces de agresiones de grupos de choque; presión financiera sobre medios críticos; leyes que penalizan a quienes critican a los jerarcas, y ausencia de mecanismos eficaces de protección frente a la violencia de grupos criminales.

El índice señala el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de prensa “experimentaron un deterioro significativo” tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El país cayó del cuarto puesto de la edición anterior -en la categoría con “baja restricción” a esos derechos- al 11º puesto (“con restricción”, como Argentina), en un año marcado por “una estigmatización de los espacios de periodismo crítico, por parte del propio presidente Trump y voceros importantes de su administración”.
El despido de más de 500 empleados de la Voz de América, el servicio internacional de radiodifusión financiado por el gobierno estadounidense, y las 170 agresiones sufridas por periodistas durante coberturas, son ejemplos de ese deterioro para la SIP.
