“El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores”.
El Libertador Simón Bolívar
El Dr. Miguel Henrique Otero lo ha dicho hasta el cansancio, y con razón: al gobierno de Venezuela se le ha ido la mano con la censura. No es un secreto. El editor de El Nacional ha señalado una y otra vez cómo han ido desmontando la libertad de prensa, pieza por pieza, hasta dejar el periodismo en el suelo. Y claro, cuando se apaga la luz de la información, lo que queda es un país a oscuras, donde la verdad se vuelve un lujo. Otero no se queda en la queja: ha llamado a la comunidad nacional e internacional a que nos paremos firmes frente a esta violación sistemática de los derechos humanos. Y no es para menos. Porque la censura no es un simple capricho. Tiene consecuencias concretas, de esas que se sienten en el día a día.
Primero: la libertad de expresión quedó reducida a un eslogan. Con el cierre o el control de medios críticos, el ciudadano común se queda con una sola versión de la realidad. La oficial. Y punto. No hay debate, no hay matices, no hay preguntas incómodas. Esa homogeneización del discurso no es casualidad: es una estrategia. Y mientras más se repite una sola narrativa, más se empobrece el sentido crítico de la gente. Segundo: la desconfianza. ¿Cómo creerle a un medio que sobrevive bajo la asfixia del gobierno? ¿Y cómo creerle a otro que quizás ha sido cooptado? El venezolano ya no sabe a quién creerle, y eso es exactamente lo que quiere el poder: una sociedad confundida, fragmentada, que no sepa ni por dónde agarrar. Tercero: la diáspora de periodistas. No es una exageración. Muchos han tenido que irse, y los que se quedan, lo hacen con un nudo en la garganta. La autocensura se ha vuelto moneda corriente. No cubres tal tema, no mencionas tal nombre, no profundizas en tal denuncia, porque te va en ello el trabajo, la libertad o hasta la vida. Eso no es periodismo, es sobrevivencia.
Y luego está el plano digital. El gobierno dice que bloquea páginas y aplicaciones para combatir la desinformación. Suena bonito, pero en los hechos es un mecanismo para acallar voces incómodas. Las redes sociales, que en un principio fueron un respiro, se han convertido en otro frente de batalla. Sí, han servido para organizar protestas, para visibilizar violaciones a los derechos humanos, para crear hashtags que trascienden fronteras. Pero también han sido bloqueadas, hostigadas, infiltradas por cuentas falsas que siembran dudas y confusión. El resultado es un ecosistema informativo frágil, desigual, donde el ciudadano tiene que navegar entre la verdad a medias, el rumor y la propaganda oficial. Un día te encuentras con un tuit, ahora X, que parece cierto, al otro con un comunicado que suena a amenaza velada y al final no sabes qué creer. Y en ese laberinto, lo que se pierde es la capacidad de decidir con criterio. Porque sin información fiable, sin datos claros y contrastados, cualquier elección es un salto al vacío. Porque sin información, no hay democracia. Punto.
Ahora, ¿qué se puede hacer? No se trata de quedarse en el diagnóstico, por más certero que sea. Hay que pasar a la acción, y rápido. Las recomendaciones son claras: restaurar la libertad de expresión según estándares internacionales, reformar esas leyes mordaza que nos tienen amarrados de manos, promover un entorno plural donde quepan todas las voces y proteger los derechos digitales como se merecen. Pero ojo, no basta con decirlo. Eso implica, sin rodeos, que el gobierno debe desbloquear las páginas web y también la aplicación X, que hasta muchos oficialistas usan a diario, pero que los venezolanos de a pie no pueden ver. Es paradójico, ¿no? Que quienes defienden el régimen tengan acceso libre a esa herramienta, mientras el resto del país se queda a oscuras, incomunicado, dependiendo de lo que les dejen ver. No tiene sentido. Si de verdad quieren combatir la desinformación, que empiecen por dar acceso, no por cerrar puertas. La transparencia no se negocia, se ejerce.
El interinato que lidera Delcy Rodríguez tiene en sus manos la oportunidad de hacer historia de la buena. No basta con discursos bonitos ni declaraciones de buenas intenciones, porque de promesas ya tenemos la historia llena. Hacen falta hechos concretos, de esos que se ven y se tocan: programas de apoyo real a medios independientes, políticas públicas que blinden el acceso a la verdad como un bien irrenunciable y algo fundamental que no puede seguir en el olvido: la reapertura de cientos de medios cerrados a la fuerza y la devolución de las concesiones que les fueron arrebatadas sin razón ni juicio justo. No se trata de favores, sino de garantías. Porque cuando el Estado protege la información, protege a la gente. Y eso, en un país tan golpeado como el nuestro, no es un lujo: es una necesidad urgente. Recuperar lo perdido es el primer gesto de quienes dicen creer en la libertad y en la dignidad del ser humano.
Porque al final del día, la censura no es solo un problema de medios. Es un problema de todos. De cada venezolano que busca respuestas, que quiere entender qué pasa más allá de su cuadra. Y si queremos un país distinto, tenemos que empezar por abrir las ventanas. De par en par. Sin miedo a que entre el aire, aunque sea turbio al principio. Por eso llamo a una apertura digital y no al bloqueo. Por el bien de la información veraz y precisa. Así, sin más. Porque la verdad no se mendiga, se exige.
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