En Venezuela, continúan los bloqueos digitales a los medios, hay 6 periodistas excarcelados sin libertad plena y siguen vigentes la Ley contra el Odio y AntiOng.
Una transición democrática requiere medios y periodismo realmente libres.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), rechaza categóricamente las declaraciones del ministro Diosdado Cabello que descalifican a periodistas y medios por su cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio.
«Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno», indicó el organismo.
El SNTP defiende el derecho a informar libremente y denuncia el uso de la palabra pública para silenciar críticas, lo cual atenta contra la libertad de expresión.
Estas declaraciones refuerzan una tendencia de criminalización del periodismo independiente en Venezuela, poniendo en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas durante crisis.
El gremio de la Prensa rechazó las declaraciones de Cabello, que «descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio».
«Informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las víctimas forma parte del trabajo periodístico y está protegido por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información. Exigimos respeto a la labor de la prensa y el cese de la estigmatización contra periodistas y medios», añadió.
La descalificación de medios y periodistas por parte de funcionarios estatales tiene implicaciones graves en varios niveles:
Para la libertad de expresión: Crea un efecto de intimidación que disuade a otros periodistas y medios de cubrir temas sensibles, especialmente durante emergencias o crisis donde la información precisa es crucial. Se genera una autocensura que debilita el debate público.
Para el derecho a la información de la ciudadanía: Cuando se descalifica a quienes informan, se socava la capacidad de las personas de acceder a versiones independientes de los hechos, lo que es particularmente peligroso en contextos de emergencia donde se necesita información verificada para tomar decisiones.
Para el Estado de derecho: Estas declaraciones desde el poder público contradicen principios constitucionales y tratados internacionales que Venezuela ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de prensa. También pueden interpretarse como una presión indebida que desdibuja la línea entre crítica legítima y censura.
Para la rendición de cuentas: Sin medios que puedan reportar libremente sobre emergencias o desastres, se reduce la capacidad de la sociedad de evaluar la respuesta oficial y exigir transparencia en la gestión de recursos públicos.
En el contexto venezolano específico, estas descalificaciones se inscriben en un patrón más amplio donde el discurso oficial ha etiquetado sistemáticamente a medios independientes como «golpistas», «terroristas mediáticos» o «enemigos de la patria», lo que ha precedido en ocasiones a sanciones administrativas, cierres o acciones judiciales contra medios y periodistas.
En su más reciente programa Diosdado Cabello denunció una guerra mediática y descalificó a muchos de los medios que cubrieron la tragedia. «Aquí se cayeron caretas, se cayeron formas y logró verse lo impuro de algunos seres, lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una hoguera. Quisieron hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte. No lo lograron y no lo van a lograr. Yo a lo largo del programa voy a hacer un recuento de todos los fakenews que ellos intentaron sacar y las respuestas que nosotros les hemos dado de manera contundente, que le ha dado el pueblo, que les ha dado la verdad», comentó.