El excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael José Quero Silva, fue deportado a Venezuela por el ICE tras una orden basada en acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Su expulsión ha generado preocupación entre expertos, quienes advierten que este caso podría establecer un precedente peligroso para las víctimas de abusos en países con sistemas judiciales débiles.
La deportación pone en evidencia las tensiones entre la justicia internacional y las políticas migratorias, especialmente cuando se trata de funcionarios acusados de crímenes graves.
Este acto también plantea dudas sobre la capacidad del sistema de refugio para proteger a quienes huyen de persecución por motivos políticos o humanitarios.
La expulsión se concretó el 19 de agosto, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. La operación conjunta estuvo a cargo de ICE Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, culminando con la llegada del exoficial al Aeropuerto de Barcelona, en Venezuela.
Los registros de ICE detallan que, durante su gestión al frente del Destacamento 47 en Barquisimeto, estado Lara, Quero Silva supervisó de forma directa la tortura de manifestantes pacíficos.
Las investigaciones indican que los detenidos bajo su custodia sufrieron descargas eléctricas, brutales golpizas con palos y botellas de agua congeladas, amenazas de violación, abusos físicos, psicológicos y sexuales, así como heridas graves de bala.
La ubicación del exmilitar fue posible gracias a miembros de la comunidad venezolana en Miami, quienes lo reconocieron tras aparecer como extra vistiendo un uniforme policial en una telenovela.
Paralelamente, cinco de sus víctimas en Estados Unidos interpusieron una demanda civil en tribunales federales, exigiendo justicia por las vejaciones sufridas, proceso que coincidió con su expulsión.
The EL News