Se va… Movistar Venezuela (filial de Telefónica) …por espiar las comunicaciones privadas de sus clientes

Un informe recientemente publicado da cuenta que la empresa Telefónica, casa matriz de Movistar Venezuela, hace uso indiscriminado y masivo de la interceptación de las comunicaciones de los venezolanos suscriptores de esa operadora.

Según cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), casi 20% del total de usuarios de Movistar en Venezuela, son espiados por la filial de Telefónica.

Telefónica ha puesto en venta su filial de Venezuela, según ha podido saber de fuentes conocedoras del proceso. El negocio en el país no se encuentra entre sus intereses estratégicos.

Estas intervenciones se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y significaron interceptar o “pinchar’’ las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de internet.

A diferencia de la censura en internet y los bloqueos a sitios web, la vigilancia estatal es mucho más complicada de identificar, especialmente en contextos donde no existe Estado de derecho, separación de poderes o transparencia institucional.

Pero a diferencia de Movistar, Movilnet no está obligada a rendir cuentas a ninguna empresa europea, sino que responde exclusivamente a los intereses del Estado venezolano y, por lo tanto, a quienes se encuentran en el poder.

En lo que se refiere a bloquear el acceso a sitios web y plataformas digitales, CANTV (otra empresa de telecomunicaciones estatal) es mucho más arbitraria y radical que Movistar.

Si lo mismo ocurre con las interceptaciones de comunicaciones, la situación de Movilnet probablemente sea incluso más alarmante que la de Movistar. Pero, al menos por ahora, aún hay mucho que desconocemos al respecto.

El artículo 48 de la Constitución Nacional establece el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. De igual forma, establece que las mismas no pueden ser interferidas sino por orden de un tribunal competente.

Sin embargo, el informe de transparencia de Telefónica incluye como “autoridades competentes” no solo a fiscales y agencias policiales, sino también a una universidad pública dedicada al entrenamiento policial.

Además de la cooperación de las empresas de telecomunicación, existen otros indicios de que el Estado venezolano está vigilando a sus ciudadanos. En 2020 el Proyecto FADe reveló que Caracas fue la ciudad en la que se identificó un mayor número de potenciales IMSI Catchers, por encima de Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile o La Paz. Un IMSI Catcher es un dispositivo que simula ser una torre de telefonía celular para llevar a cabo acciones de vigilancia en los teléfonos de los ciudadanos.

Pero Venezuela está lejos de ser el único país en utilizar herramientas de vigilancia digital. El autoritarismo digital también es una tendencia en crecimiento en otros países de Latinoamérica y el Caribe.

En Cuba, por ejemplo, desde al menos 2016 los mensajes de texto que contienen palabras clave como “libertad” o “derechos humanos” son filtrados y, durante las manifestaciones y cortes de internet a nivel nacional de 2021, la lista también incluyó palabras como “VPN” o “Psiphon”.

En El Salvador, los teléfonos de periodistas y activistas fueron infectados con el virus espía Pegasus, el cual solo se vende a gobiernos.

También, nuevas leyes y proyectos de ley se han promovido para regular el contenido que los ciudadanos pueden publicar en plataformas digitales, promoviendo la autocensura en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Durante muchos años se asumió que el régimen venezolano espiaba personas de interés como periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y más. Pero incluso algunos de los oponentes más críticos del régimen, incluyéndome — un defensor de derechos digitales que ha sido entrenador en seguridad digital de periodistas y activistas de Venezuela y otros países de Latinoamérica y el Caribe —, nos sorprendimos al descubrir la escala real de la vigilancia hacia la sociedad civil en Venezuela.

En 2020 el exdirector del servicio nacional de inteligencia venezolano (SEBIN), Cristopher Figuera, reconoció que las empresas de telecomunicaciones del país cooperan con el Estado para proveer información sobre la actividad de sus usuarios, espiar sus comunicaciones privadas e incluso colaborar con la ejecución de ciberataques para tomar el control de sus cuentas en plataformas digitales. Algunas de estas alegaciones fueron corroboradas en las conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

En Venezuela, se ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de DDHH y el inmenso número de líneas interceptadas apunta a un abuso sistemático.

A pesar de que Figuera señala en una entrevista con Código 58 que estas prácticas fueron usadas contra adversarios políticos o personas de interés, el informe de Telefónica sugiere una operación a una escala mucho más grande que la vigilancia dirigida solo contra estos grupos.

Cifras de otros operadores de telefonía y servicios de internet se desconocen pues no presentan informes de transparencia, pero se debe asumir que son similares, o posiblemente peores en el caso de las empresas del Estado. La idea de que 20% o más de las líneas de telefonía o conexiones a internet, en otras operadoras, también pudieran ser espiadas por el Gobierno es un prospecto altamente autoritario.

interceptación de los SMS de verificación por parte de su operadora. Hemos alertado en los últimos años otros casos de periodistas y actores cívicos, cuyas comunicaciones han sido aparentemente espiadas.

Las revelaciones hechas en el informe resaltan la necesidad de que periodistas, voceros o fuentes, defensores de DDHH y activistas no utilicen llamadas de teléfono ni mensajes de SMS para comunicarse, sino que más bien usen medios de comunicación cifrados como Signal, incluso WhatsApp resulta mejor mejor que un SMS o una llamada.

También refuerza la importancia de que los usuarios en riesgo opten por configurar la verificación de dos pasos de sus cuentas usando medios que no sean SMS o llamadas de teléfono, sino por medio de aplicaciones de autenticación como Google Authenticator y elementos físicos como llaves de seguridad.

Los datos claves del informe

• Líneas (accesos) afectados por la intercepciones: 1.584.547 (21% de las líneas)
• Líneas (accesos) afectados por solicitudes de metadatos: 997.679 (13% de las líneas)
• Accesos de líneas de teléfono y de servicio de internet de Movistar Venezuela: 7.730.000
• Tasa de accesos afectados por solicitudes de ambos tipos: 33%
• El número de líneas (accesos) afectados por intercepciones aumentó 7 veces desde 2016, cuando eran 234.932 accesos afectados
• No reciben solicitudes de órdenes judiciales, sino de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES
• Reconocen que en 2021 iniciaron el bloqueo de 27 URL distintas por orden de CONATEL

En detalle la vulneración del derecho a la privacidad

Para Movistar Venezuela, las autoridades competentes para solicitar la interceptación de comunicaciones incluyen: el Ministerio Público, el CICPC, cuerpos de policía “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal” y extrañamente la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Similarmente las autoridades competentes listadas para exigir metadatos sobre las comunicaciones y datos de los suscriptores (cosas como: a quién llama un usuario, cuánto duran las llamadas, cuáles son los datos del suscriptor, etc) son muchas de las mismas, incluyendo organismos militares y policiales.

En ningún lado menciona que las órdenes vienen de tribunales o vienen con aprobación de jueces, como hacen en otros países, pareciendo dejar ver que estas son las entidades de las que han recibido estas solicitudes, nunca con la validación de tribunales.

En la legislación venezolana, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas, con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido, pero hasta en estos casos, debe ser notificado el Ministerio Público y constar en el expediente.

El abuso en la obtención de metadatos de comunicaciones es igualmente una violación de los derechos de las personas cuando no se hace de forma respetuosa a los DDHH. La ubicación de las personas, con quiénes se comunican, por cuáles vías, por cuánto tiempo y con qué frecuencia es información sensible igual que el contenido de dichas comunicaciones.

Los estándares internacionales de DDHH establecen que cualquier interceptación de comunicaciones (de cualquier tipo) debe cumplir al menos estas condiciones:

• Objetivo legítimo: Debe buscar un interés legal necesario en una sociedad democrática y respetuosa de los DDHH como investigar un crimen
• Necesaria: No se debería utilizar una práctica que podría vulnerar derechos si no es necesaria para seguir esos fines legítimos
• Proporcional: Como el uso de vigilancia interfiere con los derechos humanos, se debe utilizar sólamente cuando esto es proporcional a la gravedad del crimen que se busca investigar, se debe tratar de minimizar la cantidad de datos obtenidos debe ser minimizada a sólo lo necesario, controlar el acceso a esta información sólo para los fines aprobados y desechar información que no es relevante
• Que esté adecuadamente sustentado por las leyes
• Bajo una orden judicial de un tribunal competente e independiente de la autoridad interesada en la vigilancia de las comunicaciones
• Permitiendo el debido proceso, notificando a la persona cuando sea posible y manteniendo transparencia del proceso

La privacidad es un Derecho Humano fundamental e inalienable, que a su vez es clave para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación entre otros derechos.

Los bloqueos también se vieron reflejados

El informe de transparencia de Telefónica también refleja que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) le solicitó el bloqueo de 30 URL. Desde hace tiempo el bloqueo de sitios web se ha vuelto una forma sistemática de violación a los derechos humanos en Venezuela.

En un informe de VE sin Filtro documentó que al menos 68 dominios de internet han estado bloqueados, correspondiéndole 59 sitios web. Siendo Movistar el segundo ISP con más eventos de bloqueo documentados, luego de la estatal CANTV. De esos 68 dominios bloqueados en Venezuela, 45 pertenecen a medios de noticias, 3 a organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de herramientas para evadir la censura.

VE sin Filtro ha documentado nuevos eventos de bloqueo, tanto de medios de noticias como de organizaciones de DDHH, donde se bloqueó el sitio web de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en la estatal CANTV y en Movistar.

Recomendaciones:

• Movistar deberia listar el número de solicitudes recibidas por organismo emisor, aclarando también qué % de estas denuncias vienen avaladas por tribunales
• Movistar debería definir con mayor claridad qué significa una solicitud ¨en tiempo real” y cuándo se deja de hacer disponible esta información. Así mismo define de manera insuficiente el posible alcance de las solitudes que no son bloqueos y el concepto de accesos afectados por las solicitudes.
• Los venezolanos deben asumir que cualquier comunicación no cifrada puede ser intervenida sin respeto a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
• Los periodistas, defensores de DDHH y activistas en Venezuela deben evitar el uso de llamadas de teléfono, SMS y comunicaciones no encriptadas en internet.
• Los periodistas, defensores de DDHH y activistas en Venezuela bajo riesgo deberían habilitar el uso de autenticación de dos pasos en sus cuentas de servicios en internet, pero en la medida de lo posible no usar SMS o llamadas como factor de verificación y en su lugar utilizar aplicaciones que generan códigos como Google Authenticator y elementos físicos como códigos de respaldo impresos guardados en un lugar seguro, o idealmente, usar llaves de seguridad digital FIDO (Yubico es de las marcas más conocidas) y de respaldo Google Authenticator.
• Recomendamos el uso de Signal para llamadas y mensajes por internet y el uso de VPN o Tor Browser para visitar páginas web que sean sensibles en el contexto Venezolano.
• Recomendamos el uso de VPN para acceder a páginas web bloqueadas en Venezuela.

Movistar reconoció haber aplicado espionaje y bloqueo de páginas

Venezuela fue el principal negocio de Telefónica en la región hasta que empezó a haber problemas para sacar dinero de allí por la llegada al poder primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro.

Desde entonces, la actividad de Telefónica allí es una ruina. Los planes parecen haber cambiado y esa inversión está congelada, según afirman fuentes conocedoras del proceso.

Los metadatos

Además de las intercepciones, un total de 997.679 líneas de Movistar Venezuela están afectadas por solicitudes de metadatos, que según Telefónica tienen como objetivo obtener datos históricos referidos a:

• Nombre y dirección del usuario registrado.
• Datos para identificar el origen y destino de una comunicación. Esto incluye número de teléfono y nombres de usuario para servicios de internet.
• Fecha, hora y duración de una comunicación.
• Tipo de comunicación e identidad de los equipos de comunicación (como números IMSI e IMEI).
• Localización del dispositivo del usuario.

Cabe alertar que, para Movistar Venezuela, las solicitudes de intercepciones provienen de organismos como el Ministerio Público; así como también cuerpos como el Cicpc e incluso organismos policiales y militares “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal”. 

Aunque no menciona, en ningún momento, hechos u órdenes provenientes de tribunales o autorizadas por algún juez.

“En la legislación venezolana citada por Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas, con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido, pero hasta en estos casos, debe ser notificado el Ministerio Público y constar en el expediente”, señala Ve Sin Filtro.

Algunas faltas de garantías de la libertad de expresión en internet surgen en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

De acuerdo con la CIDH, estas normativas son aplicadas para bloquear o suspender temporalmente los servicios. 

Para justificar los bloqueos y restricciones de contenido, la multinacional española se basa en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorteme).

Sin embargo, es necesario que exista una orden judicial y vías que garanticen el debido proceso para aplicar esta media de censura, que incluye censura previa, vetada en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia internacional.

Limitaciones al derecho a la libertad de expresión

Por otra parte, limitar el derecho a la libertad de expresión en internet con normativas que fueron creadas inicialmente para regular entornos de comunicación analógicos, suele violentar el ejercicio del derecho pues deja a un lado la naturaleza propia de la web.

El Estado venezolano tiene la responsabilidad de establecer normativas que se adapten a los principios de neutralidad, accesibilidad, pluralismo y no discriminación y aplicar medidas menos restrictivas para limitar el derecho, como puede ser la rectificación o réplica. 

¿Qué papel juega Telefónica como empresa matriz?

 Telefónica, con sede en España, ha intentado desmarcarse de estas acusaciones diciendo que deben cumplir con la legislación local en los países donde operan. Sin embargo, esto plantea dudas éticas muy serias. ¿Hasta qué punto una empresa con estándares europeos de privacidad puede operar en países donde esos mismos estándares no existen? ¿Se puede seguir considerando a Telefónica una empresa comprometida con los derechos digitales? En el caso venezolano, el control estatal sobre las telecomunicaciones es casi total. La censura, el bloqueo de portales informativos y el rastreo de opositores se han vuelto herramientas comunes del aparato represivo. Y si una empresa como Movistar presta su infraestructura o sus datos para alimentar esa maquinaria, hay que cuestionarlo. 

Impacto para los usuarios comunes

 Lo más grave de todo esto es que la mayoría de los usuarios no tiene idea de lo que ocurre con sus datos. Muchos simplemente usan sus líneas para comunicarse, hacer transferencias, recibir mensajes de texto de validación, recargar saldo, etc. Y aquí entra otro aspecto que me parece relevante comentar. En Venezuela, como en muchos países con restricciones tecnológicas o económicas, las plataformas de recargas móviles se han vuelto un servicio esencial. Yo mismo, cuando necesito hacer una recarga movistar para familiares en Venezuela, utilizo herramientas digitales que permiten enviar saldo de forma rápida, segura y sin pasar por procesos oficiales que muchas veces son lentos o controlados. La ironía está en que, mientras seguimos utilizando estos servicios de forma cotidiana, el trasfondo es más oscuro. No sabemos realmente quién accede a nuestros datos, ni con qué fines se usan. Y las operadoras como Movistar, lejos de proteger al usuario, parecen priorizar su permanencia en el país antes que su reputación o los derechos de sus clientes. 

¿Qué podemos hacer como consumidores?

 En primer lugar, creo que debemos informarnos. No se trata de hacer un llamado al boicot o tomar decisiones radicales sin pruebas, pero sí de exigir transparencia. Telefónica debería aclarar cuál es su política respecto a la colaboración con regímenes represivos. Y si ya ocurrieron filtraciones de datos o colaboraciones con organismos de inteligencia, deberían asumir responsabilidad. También me parece fundamental que los usuarios en el extranjero, sobre todo los que apoyamos desde fuera, promovamos alternativas seguras y éticas para el uso de la tecnología en países como Venezuela. Esto incluye el uso de plataformas de recarga que funcionen fuera del sistema centralizado del gobierno, que no almacenen información sensible, y que permitan a los ciudadanos mantener un mínimo de autonomía digital. 

Conclusión

 Es triste ver cómo las grandes empresas de telecomunicaciones pueden convertirse en herramientas del poder. El caso de Movistar en Venezuela es solo un ejemplo de cómo, en contextos de autoritarismo, la privacidad y la libertad de expresión pueden desaparecer sin que el usuario lo note. Ojalá este hilo sirva para generar una discusión más amplia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Telefónica rendir cuentas en España por lo que hace su filial venezolana? ¿Existen otras operadoras más responsables en ese contexto? ¿Cómo podemos protegernos mejor frente a este tipo de vigilancia?

Si bien es poco lo que se puede hacer para detener la interceptación de comunicaciones a través de las empresas de telecomunicaciones, especialmente en contextos represivos y autoritarios, es posible aumentar la presión sobre estas compañías para exigir transparencia sobre estas violaciones a la privacidad. También, es necesario concientizar sobre este problema entre la sociedad civil a nivel nacional e internacional. La incidencia transfronteriza será crítica en la lucha por mayor transparencia alrededor de la vigilancia estatal en Venezuela y otros países que emplean estas prácticas contra sus ciudadanos.

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