Venezuela ha sido señalada como uno de los países donde periodistas, tanto locales como extranjeros, son expulsados y se enfrentan a agresiones, acoso, amenazas de muerte y encarcelamientos. Organizaciones como RSF y Human Rights Watch documentan patrones de hostilidad hacia los medios de comunicación, que incluyen detenciones, deportaciones y prohibiciones de entrada al país.
- Detenciones y encarcelamiento: Se han documentado casos de periodistas detenidos y encarcelados, con algunos permaneciendo en prisión bajo acusaciones que son consideradas falsas por organizaciones internacionales.
- Agresiones y expulsiones: Periodistas extranjeros han sido deportados tras ser detenidos y cuestionados, mientras que a otros se les ha prohibido la entrada al país después de que se reportaran agresiones.
- Acoso y amenazas: Los periodistas también han sido objeto de hostigamiento y amenazas, junto con la intimidación hacia defensores de derechos humanos, según informan organizaciones como Provea.
- Censura y hostigamiento: El gobierno ha intentado dificultar la labor de la prensa independiente a través de la censura y otras formas de hostigamiento.
“En 2024, el periodismo en América Latina enfrentó uno de sus escenarios más hostiles en décadas”. Así concluyó el nuevo informe anual de la organización Voces del Sur, que reúne a 17 organizaciones de América Latina que promueven la libertad de expresión y protección de periodistas.
El Informe Sombra 2024, que hace monitoreo a los 17 países de esas organizaciones, detalla cómo la prensa de la región vive una “combinación letal” entre la represión estatal, violencia criminal y falta de garantías institucionales.
Para 2024, el informe registró 3.766 alertas por violaciones a la prensa, de ellas 1.562 corresponden a agresiones y ataques. Y aunque estos números mostraron una pequeña disminución comparado con 2023 – con 3.827 alertas y 1.680 agresiones y ataques – el análisis no es que se trata de una mejoría sino “de cambios de mecanismos o consolidación de algunos para intentar limitar la libertad de prensa”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) César Mendoza, consultor de Voces del Sur.
Uno de los principales hallazgos del informe es justamente que el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa. En casi la mitad de las alertas (49,3%) los responsables fueron actores estatales.
Ante este escenario de una prensa cada vez más atacada y un Estado sigue destacándose como principal agresor de la prensa, ¿cómo concretar soluciones que requiere de la voluntad política para materializarse?
El rol de la sociedad civil es vital para lograr acciones concretas por parte de los gobiernos, dijo Mendoza. Según dijo, más allá de lograr presionar de manera eficaz a los gobiernos para conseguir resultados, el objetivo final debería ser conseguir un cambio “más profundo” en el diseño de Estados de América Latina.
“Es importante preguntarnos cómo ciudadanía y sociedad civil: ¿tienen nuestros gobiernos la voluntad de ayudar a construir democracias basadas en el respeto a los derechos humanos?”, dijo Mendoza.
No sólo preocupa que los Estados se mantengan como el principal agresor de la prensa, sino su ausencia en escenarios mostrando la incapacidad institucional, dijo Mendoza.
“Esto ha provocado que los grupos del crimen organizado, como otros grupos de interés, tengan más capacidad para agredir a la prensa sin que existan consecuencias reales”, dijo.
Ausencia compromisos del Estado
La disminución en el total de agresiones es explicada en el informe por la presencia de otros fenómenos como la “reacomodación de las agresiones” así como la consolidación de autocensura, desiertos informativos y exilio forzado de periodistas.
El exilio es uno de los fenómenos que se han ido extendiendo por la región. Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido los países que más han expulsado a más periodistas como consecuencia de agresiones, acoso, amenazas de muerte y encarcelamiento, dijo Mendoza.
El reciente informe “Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, reportó que 913 periodistas de 15 países de América Latina fueron forzados a desplazarse durante los años estudiados. El informe encontró que los profesionales salieron para proteger su vida, seguridad y la de sus familias usualmente abandonan la profesión.
Para Ricaurte, la penetración del crimen organizado es una de las preocupaciones más grandes porque hace que no se sepa muy bien de dónde vienen las agresiones a los periodistas. Según dijo, este penetra al Estado “captura jueces, fiscales, fuerzas de seguridad”, entre otros, y a actores fuera de este como empresarios e incluso periodistas.
La ausencia del Estado, dijo Ricaurte, es evidente en estas situaciones. La MAPP, compuesta por organizaciones de la sociedad civil y medios, ha logrado sacar del país a esos 14 periodistas sin la intervención ni la ayuda del Estado.
La protección de periodistas ante el escenario de aumento de violencia tampoco ha sido una preocupación para el Estado, dijo Ricaurte. Después de que en 2022 se institucionalizó el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico con la reforma a la Ley de Comunicación, su trabajo ha sido deficiente.
“Va muy mal”, dijo Ricaurte. “El Estado en todos estos años no ha dado un centavo para el financiamiento del mecanismo. Y lo que vemos también es que hay unos serios defectos de diseño del mecanismo”. Por ejemplo, dijo, la falta de independencia del Ejecutivo.
Este escenario, dijo Silesky, necesita a la comunidad internacional apoyando a organizaciones nacionales y a la prensa independiente, así como al periodismo de investigación.
Un llamado similar hace Ricaurte. Para él, el corte de financiación internacional ha tenido un impacto muy grave en el periodismo y su protección. Un ejemplo se ve con el tema del exilio: la reubicación temporal y la salida de un país es imposible sin estos recursos.
Mendoza dijo que en la busca de soluciones también pasa por una autocrítica de la sociedad civil relacionada con su conexión con las personas: qué tanto se escuchan sus necesidades mientras se comunican la importancia de los derechos humanos.
“Es importante preguntarnos si nuestras sociedades están entendiendo el rol del periodismo y las organizaciones para poder tomar decisiones informadas”, dijo Mendoza. “Si la sociedad no conoce sus derechos ni la labor de los medios y las organizaciones, creo que hay un puente que está roto y debemos construir”.