130 casos de violaciones a la libertad de expresión reportó el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) entre enero y octubre de 2025.
De acuerdo a la ONG, las agresiones más frecuentes fueron hostigamiento y amenazas (29), discurso estigmatizante (19), detenciones arbitrarias (14), restricciones en internet (33) y limitaciones de acceso a la información pública (15).
“Esto refleja el deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa”, escribió Ipys en X.
La organización expresó que detrás de cada cifra existe un intento por silenciar una verdad incómoda y de desalentar la vigilancia ciudadana sobre el poder.
Las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas.
Las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, con lo que se configura el crimen de lesa humanidad.
Estos ataques se producen después de otros incidentes de hostigamiento a otras organizaciones y pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan estos grupos.
Agresiones más frecuentes a la libertad de expresión son hostigamiento, detenciones arbitrarias, restricciones a internet y limitaciones en acceso a la información pública en Venezuela…
El gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos, e incluso contra actores humanitarios, atentando contra el derecho a la libertad de expresión.
Las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos o realizarlos. La ocurrencia y recurrencia de este tipo de actuaciones, como la persecución en contra de defensores y periodistas, su detención ilegal o arbitraria, así como la eventual criminalización de la cooperación internacional que promueve la promoción y defensa de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, podrían conducir a que se cometan otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo eventuales crímenes de derecho internacional.
Condenamos estos hechos y exigimos firmemente a las autoridades bajo el mando de Maduro que pongan fin a los hostigamientos y ataques contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos; igualmente solicitamos que garanticen no solo su labor informativa y el ejercicio de la libertad de expresión, sino también su contribución a visibilizar los abusos y las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela.