Presos desde 2017 por el caso Fuerte Paramacay, ocho años enterrados en silencio, sin garantías, sin derechos, sin verdad. Tras el ataque al fuerte en Valencia, el gobierno desató la redada más grande contra militares y civiles disidentes en dos décadas. No buscaban culpables: buscaban escarmiento.
Robert Salas, Alberto Polo Díaz, Darwin Solís y Oswaldo Gutiérrez: Cuatro hombres que el régimen convirtió en símbolos del castigo, no de la justicia Y así cayeron ellos, acusados sin pruebas, detenidos con violencia, sometidos a los sótanos de la DGCIM donde la tortura dejó marcas que ni el tiempo ha logrado borrar.
Robert Salas fue capturado y presentado como “conspirador” sin que existiera evidencia de su participación. Alberto Polo Díaz sufrió una de las torturas más brutales documentadas por ONG: golpes, asfixia, vejaciones, desnutrición, abandono médico. Su salud está hoy en riesgo de muerte.
Darwin Solís, sargento, fue condenado en un juicio militar sin transparencia, una sentencia construida para obedecer, no para investigar. Oswaldo Gutiérrez, primer teniente, fue trasladado a Ramo Verde tras semanas de incomunicación y tormento físico que aún no ha sido atendido. Ocho años después, continúan encerrados en Tocuyito, El Rodeo y Ramo Verde. Algunos sin sentencia.
Otros con condenas que jamás resistirían una revisión independiente. Ninguno ha tenido un juicio justo. Ninguno ha visto respeto por la ley que juraron defender. Sus familias quemaron ahorros buscando abogados. Sus hijos crecieron sin abrazarlos. Sus madres envejecieron sin respuestas. Y el régimen los mantiene como piezas de propaganda, como advertencia, como prisioneros políticos que hablan —aunque no los dejen hablar— del miedo del poder a la verdad.
Robert, Alberto, Darwin y Oswaldo no son rebeldes armados. Son víctimas de un Estado que castiga la disidencia con tortura y cárcel. Son rehenes de una causa inventada.
Alberto Polo Díaz sufrió una de las torturas más brutales documentadas por ONG: golpes, asfixia, vejaciones, desnutrición, abandono médico. Su salud está hoy en riesgo de muerte. Darwin Solís, sargento, fue condenado en un juicio militar sin transparencia, una sentencia construida para obedecer, no para investigar.
Oswaldo Gutiérrez, primer teniente, fue trasladado a Ramo Verde tras semanas de incomunicación y tormento físico que aún no ha sido atendido. Ocho años después, continúan encerrados en Tocuyito, El Rodeo y Ramo Verde. Algunos sin sentencia.
Otros con condenas que jamás resistirían una revisión independiente. Ninguno ha tenido un juicio justo. Ninguno ha visto respeto por la ley que juraron defender. Sus familias quemaron ahorros buscando abogados. Sus hijos crecieron sin abrazarlos.
Sus madres envejecieron sin respuestas. Y el régimen los mantiene como piezas de propaganda, como advertencia, como prisioneros políticos que hablan —aunque no los dejen hablar— del miedo del poder a la verdad. Robert, Alberto, Darwin y Oswaldo no son rebeldes armados.
Son víctimas de un Estado que castiga la disidencia con tortura y cárcel. Son rehenes de una causa inventada.
Libertad para los presos del caso Fuerte Paramacay. Justicia para quienes fueron devorados por la maquinaria represiva del chavismo.