Uno de los casos que posiblemente ha tenido menos repercusión mediática ha sido el de las detenciones que rodearon al “Caso Operación Cotiza”, y más específicamente del Sargento Mayor de Tercera Luis Alexander Bandres Figueroa (38 años de edad al momento de su detención), ocurrido en enero de 2019.
Este caso fue reseñado en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y se presentó ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre de 2020.
A Luis Alexander Bandres Figueroa, Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, NUNCA le permitieron un proceso justo, asistencia consular real ni defensa privada digna; Nicolás Maduro, en cambio, sí exige que todos esos derechos internacionales se apliquen estrictamente para él.
Al Sargento Bandres, líder del alzamiento valiente en Cotiza el 21 de enero de 2019, se le negó todo desde el primer momento: fue detenido por el SEBIN, PNB, FAES, GNB y DGCIM, maltratado en Fuerte Tiuna con insultos y golpes, y luego trasladado encapuchado a la DGCIM en Boleíta, donde lo sometieron a torturas brutales y sistemáticas. Intentaron forzarlo a grabar un video acusando falsamente a Juan Guaidó, Julio Borges y María Corina Machado de financiar el levantamiento; al negarse, lo desnudaron, vendaron sus ojos, lo aislaron en un cuarto oscuro y escalaron el horror.
El Sargento Bandres sufrió descargas eléctricas en partes sensibles (incluyendo detrás de las orejas y los testículos), asfixia con bolsa, golpizas con bate y patadas en los genitales, un intento de violencia sexual, humillación extrema (lo obligaron a comer sus propias heces tras defecarse por las torturas), privación de agua y comida por 48 horas, amenazas psicológicas de que su esposa e hijos también estaban siendo torturados. Durante 15 días lo encerraron en «El Pozo», un baño viejo de 1,5 x 2 metros, sin agua ni alimento, ordenando a los custodios negarle todo. Como consecuencia, padece insomnio crónico, ansiedad, depresión, falta de apetito, agravamiento de su asma y desmayos repentinos que preocupan a su familia.
A Luis Alexander Bandres Figueroa, se le violó el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos más elementales, el Debido Proceso y el trato digno: fue juzgado en tribunales militares sin imparcialidad, acusado de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos militares y ultraje a la FANB. La CIDH dictó una medida cautelar el 28 de febrero de 2019 para proteger su vida e integridad, pero el Estado venezolano la ignoró por completo.
En junio de 2022, condenaron a 23 sargentos compañeros a 7 años y 9 meses; a él, señalado como cabecilla, le impusieron 15 años y 9 meses de prisión. Su apelación sigue pendiente en la Sala de Casación Penal, y lleva más de 7 años (desde enero de 2019) como preso político en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (Los Teques), sufriendo aislamiento, retardo procesal deliberado, condiciones inhumanas y falta de atención médica especializada adecuada, a la espera de una medida internacional, un indulto o la gracia de Dios.
Pero cuando se trata de Nicolás Maduro, de repente el debido proceso, la asistencia consular, el trato humano y los derechos internacionales sí deben cumplirse al pie de la letra. Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la justicia verdadera?
Esta es una de las pocas imágenes conocidas del Sargento Bandres en uniforme, aquel 21 de enero de 2019 en Cotiza, llamando al pueblo a desconocer la tiranía y restablecer el hilo constitucional. Desde entonces, su familia y Venezuela han recibido muy pocas noticias reales de su estado: solo silencio, sufrimiento y la esperanza de que un día se haga justicia.
BASTA DE DOBLE MORAL.
BASTA DE PRESOS POLÍTICOS.
El Sargento Mayor Luis Alexander Bandres Figueroa TIENE QUE REGRESAR A CASA, junto a todos los militares y civiles que alzaron la voz por la libertad y la democracia.