Aunque circula la afirmación de que todos los militares encarcelados en Venezuela deben estar libres antes del fin de mes, no hay evidencia verificada de que esta orden haya sido oficialmente emitida.
Según informes recientes, Venezuela es el único país de América Latina con más de 100 militares considerados presos políticos. Estas detenciones están ligadas a la persecución sistemática de miembros del ejército que se han opuesto al régimen o que son percibidos como disidentes.
La persecución de estos militares ha sido constante en los últimos diez años, evolucionando en una represión sistemática cada vez más violenta.
La organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM) ha documentado que muchos de los militares detenidos han sido presentados ante los jueces «visiblemente torturados».
El informe del FPPM revela que todos estos militares han sufrido torturas físicas y psicológicas, lo que evidencia un patrón de represión institucionalizada.
El FPPM indica que el 100% de los militares presos políticos en Venezuela han sufrido tortura física y psicológica, muchos de ellos presentados ante jueces visiblemente golpeados.
A pesar de que hay víctimas que han identificado a sus torturadores ante el juez, ninguno ha recibido asistencia médica especializada posterior a las torturas.
La situación ha llevado a muchos militares a desarrollar estados depresivos tan fuertes que han intentado el suicidio.
Esto refleja un patrón sistemático de violencia contra miembros del ejército críticos del régimen. La consolidación del control militar bajo Chávez y Maduro ha profundizado este adoctrinamiento, manteniendo a figuras clave en el poder.
Estas revelaciones subrayan la represión institucionalizada y el uso de la justicia como herramienta de control.
Esta situación ha generado preocupación internacional sobre los derechos humanos y la independencia del aparato militar en el país.
La llamada amnistía de Delcy Rodríguez ha beneficiado a algunos presos políticos, pero hasta ahora no incluyó a militares.
La situación sigue siendo compleja y poco transparente, con denuncias de represión y procesamientos arbitrarios.