Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela están trabajando en la elaboración de una ley para regular las redes sociales y los nedios digitales
Ceo y Director The EL News
Mi principal preocupación es “que
todo lo que digas, puede ser usado
en tu contra, en un país sin estado de
derecho, donde con solo un post, te
pueden sentenciar a la cárcel,
incluso, si solo compartes un post”
Testimonio de periodista
Venezuela enfrenta una intensa intervención estatal en el mercado digital de medios, mediante nuevas leyes y la suspensión de financiamiento a agencias extranjeras, lo que amenaza la libertad de expresión.
Esta acción forma parte de un patrón más amplio de censura y represión, limitando las últimas fuentes independientes de información.
El ecosistema digital, ya debilitado, se convierte en blanco de controles burocráticos y políticos, erosionando la transparencia y el acceso a información veraz.
La iniciativa busca imponer un registro obligatorio para todos los medios digitales que operan en el país.
Lo que sobre el papel se presenta como una medida de «ordenamiento», el gremio lo cataloga como una herramienta de control y censura.
Estas son algunas de las leyes y marcos normativos recientes (y/o aplicados recientemente) que más se relacionan con el acceso y la circulación de contenidos digitales en Venezuela.
1) Regulación de redes sociales y plataformas
En los últimos años se han impulsado normas para regular el funcionamiento de plataformas/redes sociales (por ejemplo, exigencias de cumplimiento local y obligaciones vinculadas a operaciones en el país). Estas iniciativas se mencionan en reportes de prensa sobre propuestas legislativas para controlar o supervisar plataformas
2) Acceso a la información pública (marco de transparencia)
Aunque no es “censura” en sí, el marco legal de acceso a la información pública influye directamente en si periodistas y usuarios pueden obtener registros y datos. Organizaciones de transparencia han recopilado leyes donde se reconoce el derecho a acceder a información administrativa, con excepciones
En la práctica, las excepciones/criterios de acceso suelen ser una vía de restricción.
3) Seguridad nacional / delitos que impactan contenidos en línea
Diversas normas penales y de “protección” de intereses del Estado suelen usarse para investigar o sancionar publicaciones y actividades digitales (lo que reduce el acceso efectivo y la publicación). En informes sobre derechos digitales se analiza cómo el entorno legal y su aplicación afectan la libertad de expresión en el espacio digital
4) Legislación y criterios sobre libertad de asociación (impacto indirecto en medios)
Algunas nuevas legislaciones en el área de derechos civiles (por ejemplo, contra la libertad de asociación) pueden afectar a ONGs, colectivos y redes de apoyo a medios/periodismo, impactando el ecosistema digital que produce contenido y controla acceso a información.
5) Restricciones vía interpretación judicial / decisiones
Además de leyes “nuevas”, en Venezuela el alcance práctico de controles sobre contenido digital también depende de decisiones judiciales y su interpretación (por ejemplo, criterios sobre revisión, atribuciones o límites). Para derechos digitales, los informes suelen discutir este “marco de aplicación” además del texto legal.
Desde una perspectiva de mercado, esta iniciativa representa un retroceso sistémico.
En un país donde la prensa escrita ha desaparecido casi por completo, los medios digitales han sido el único nicho de innovación y emprendimiento periodístico.
Imponer un registro estatal actúa como un cepo regulatorio, que inhibe la inversión y ahuyenta a los anunciantes.
“Criminalización del contenido”
El SNTP ha sido enfático: un registro de esta naturaleza no busca fomentar la transparencia, sino instrumentalizar el miedo. «El objetivo es la criminalización del contenido», advierte el sindicato.
Para los propietarios de medios y los inversores del sector AdTech (tecnología publicitaria), este movimiento incrementa el riesgo país.
Cuando el Estado se otorga la potestad de decidir quién es un medio y quién no, la propiedad intelectual y el capital operativo quedan a merced de la voluntad política.
Además, el costo de cumplimiento de estas regulaciones suele ser desproporcionado para los medios pequeños.
Menos información, malas decisiones
Más allá de los balances contables, el SNTP advierte sobre el costo social.
La información es un bien público esencial para la toma de decisiones desde la certeza.
Pese a que en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los códigos de Justicia Militar, de Ética del Periodista y de Procedimiento Civil.
Todas estas normativas legales, indican la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y la obligación de dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos sobre información vinculada con la gestión y que de una u otra manera genere impacto en su calidad de vida.
Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública. En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones.
La carta Magna también señala que los ciudadanos podrán tener acceso a los registros y archivos administrativos sin prejuicios de los límites aceptables dentro de la sociedad democrática en materia de seguridad interior y exterior, si se considera que los datos solicitados afectan el desarrollo de una investigación penal o si vulnera la intimidad de la vida privada.
La Constitución también contempla que no se permitirá la censura de los funcionarios que informen sobre asuntos que están bajo su responsabilidad.
Asimismo, el artículo 141 precisa que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y el cumplimiento de sus funciones se basa en los principios de celeridad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
Dentro de la lista de instrumentos jurídicos que contemplan el derecho de acceso a la información pública, destaca la Ley orgánica de la Administración Pública.
Este instrumento legal, expresa en su artículo 51 que toda persona tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fueron mencionadas con anterioridad o la Ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto.
De igual manera el artículo 158 de la Ley Orgánica de Administración Pública, obliga a la publicación periódica de los documentos que están en poder de los despachos gubernamentales.
La Ley del Ejercicio del Periodismo, contemplada en la legislación venezolana, también significa un pilar importante para la defensa del derecho de acceso a la información pública.
El instrumento que regula la actuación de los comunicadores sociales señala en su artículo cinco, que el periodista es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e íntegramente y al mismo tiempo del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas.
Aunque existe un largo cúmulo de artículos, en distintas leyes que contemplan el derecho de acceso a la información pública, existen situaciones que han puesto en evidencia la negativa del Estado venezolano de abrirse a la rendición de cuentas y al otorgamiento de información. Por esta razón se hace necesario el empoderamiento de los ciudadanos en defensa de sus derechos y la lucha por concretar la aprobación de una Ley que abarque de manera exclusiva el derecho de acceso a la información pública.
Enrique López Alfonzo
Ceo y Director The EL News