El Comité por la Libertad de los Presos Políticos emite una alerta urgente ante la comunidad nacional e internacional sobre la alarmante y precaria situación que se vive en el centro de reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble sismo que afectó al país el pasado 24 de junio. Dando continuidad a nuestra alerta previa, reiteramos que la infraestructura del penal habría quedado severamente comprometida tras los movimientos telúricos. Recientemente, este comité tuvo conocimiento de que un ingeniero inspeccionó las instalaciones acompañado por dos funcionarios policiales. Aunque públicamente se afirmó que «todo está bien y es habitable», los propios presos políticos afirman que el ingeniero les confesó que estaba siendo coaccionado a decir esto por miedo a las represalias que pudieran acarrear en su contra. Los privados de libertad insisten en que existen columnas fracturadas. Es un peligro inminente que permanezcan en el lugar, más aún cuando las autoridades no han adoptado ninguna medida en pro de su seguridad. El deterioro es tal que incluso las camas de cemento donde duermen resultaron dañadas por el sismo, obligándolos a pernoctar en condiciones aún más inhumanas. Lejos de atender la emergencia estructural, el viceministro de Servicios Penitenciarios se presentó en el recinto con una actitud desafiante, notificándoles que los mantendrían encerrados en las celdas a pesar del riesgo de colapso. A esta amenaza física se suma una política de asfixia alimentaria y sanitaria que empeora diariamente: – Sin aceptar alimentación: A los familiares no se les permite el ingreso de alimentación ni tampoco de agua potable. – Desnutrición: Los presos políticos no están recibiendo una comida nutritiva ni balanceada, una situación crítica que los debilita cada vez más. – Emergencia médica desatendida: Esta alarmante falta de nutrientes está agravando el estado de varios reclusos que padecen problemas de salud graves, los cuales no han sido tratados de manera adecuada ni oportuna por parte del personal del penal. El Estado venezolano está violando de manera flagrante las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), las cuales exigen condiciones dignas de habitabilidad, sanidad, acceso inmediato a la salud, alimentación adecuada y agua potable. Someter a personas enfermas a la desnutrición, negarles el agua y mantenerlas encerradas en una estructura con columnas fracturadas constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Estas acciones califican como violaciones de lesa humanidad que bajo ninguna circunstancia pueden ser encubiertas. De acuerdo con el derecho internacional, el Estado ejerce una posición de garante sobre las personas privadas de libertad. Las autoridades tienen la obligación ineludible de responder por la salud, la integridad física y el bienestar de los presos políticos, quienes se encuentran allí recluidos de manera completamente injusta. Hacemos un llamado a la sociedad civil y a los organismos internacionales a documentar, visibilizar y denunciar lo que está ocurriendo en El Rodeo I. La denuncia oportuna es fundamental para visibilizar este atropello. Exigimos una evaluación estructural independiente, el acceso inmediato de agua y alimentos por parte de las familias, y atención médica urgente para los enfermos. ¡Denunciar es proteger! Exigimos una inspección civil e independiente de la infraestructura y el cese de los tratos crueles.
